Salud

Solapas principales

La madre de una niña con discapacidad intelectual inició una acción de tutela luego de que su hija fuera diagnosticada con déficit cognitivo y microcefalia y no pudiera acceder al programa integral de terapias y educación especial encomendado, debido a la falta de recursos para cubrir dicho servicio.

En julio de 2004 un grupo de vecinos que residen en la Cuenca Matanza-Riachuelo interpusieron demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas para obtener indemnización por daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la contaminación de la Cuenca, cese de la contaminación y recomposición del medio ambiente.

Este caso se presentó en nombre de Shanti Devi, una mujer pobre que pertenecía a una "casta programada" (scheduled caste[1]), después de que muriera como consecuencia de que le fuera negada la asistencia médica durante el embarazo a pesar de que cumplía los requisitos para recibir servicios gratis conforme a los planes estatales

Desde febrero de 2003, tras el inicio de un conflicto armado en la región de Darfur del Sudán, miembros de la milicia llamada Janjaweed se dieron a la tarea de desalojar por la fuerza, matar y violar a miles de indígenas negros de la región. Los peticionantes adujeron que tales actos constituían la omisión del gobierno de Sudán de respetar y proteger los derechos del pueblo de Darfur y, en particular, violaban los artículos 4, 5, 6, 7, 9, 12 (1), 14, 16, 18 (1) y 22 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

La demanda se presentó en nombre de tres empleados de la organización Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) denunciando que el nuevo sistema amenazaba la accesibilidad y asequibilidad de los medicamentos en Egipto, especialmente el precio de los genéricos, a los que los ciudadanos egipcios recurren con frecuencia por su relativo bajo precio. Con anterioridad al decreto, el precio de los medicamentos genéricos se determinaba sobre la base del costo real de producción más los márgenes de ganancia.

Ocho mujeres, todas miembros de la comunidad romaní de Eslovaquia, recibieron tratamiento ginecológico y obstétrico en Eslovaquia oriental. Luego de este tratamiento, ninguna de las ocho mujeres pudo volver a concebir. Las mujeres recordaron que se les había pedido que firmaran unos documentos antes de ser dadas de alta del hospital, pero no pudieron identificar el contenido de los documentos que firmaron. Abogados del Centro de Derechos Civiles y Humanos, en representación de las mujeres afectadas, solicitaron copias de las historias clínicas.

Al entrar en trabajo de parto, la Sra. A.S., miembro de la comunidad romaní, tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia. Inmediatamente antes de la cirugía, un médico le pidió a la Sra. A.S. que firmara unos formularios sobre los que el médico había escrito a mano una declaración en la que la Sra. A.S. prestaba su consentimiento para un procedimiento de esterilización. La Sra. A.S. no entendió la declaración ni que había sido esterilizada hasta después de producida la operación.

Naz Foundation India, una organización no gubernamental comprometida con el tratamiento y prevención del VIH/SIDA, presentó una demanda de interés público ante el Tribunal Superior de Nueva Delhi cuestionando la constitucionalidad del art. 377 del Código Penal de la India, el cual declara ilegal todo acto sexual "antinatural", definido como todo aquel diferente de la relación sexual heterosexual. El Tribunal Superior desestimó la presentación original de 2004 por falta de hechos o antecedentes que justificaran la acción judicial.

Una de las funciones de la Corte Constitucional de Colombia es revisar las acciones de tutela. La Corte revisa todos los años una pequeña porción de las más de trescientas mil acciones de tutela resueltas por los tribunales inferiores; el 36% de dichas acciones se relacionan con el derecho a la salud, según datos proporcionados para 2005 por la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Colombia. La sentencia T-760 de 2008 acumuló 22 acciones de tutela.

País: 
Reino Unido
Grupo(s) de Trabajo / Área(s) de Trabajo: 
Litigio Estratégico
PF-PIDESC