Vivienda

Solapas principales

Los solicitantes, ocupantes del asentamiento informal Harry Gwala, buscaban el suministro de ciertos servicios básicos provisionales en su asentamiento mientras estaba pendiente una decisión acerca de si el asentamiento sería mejorado en el mismo lugar o desplazado a un conjunto de viviendas formales (en cuyo caso los servicios serían suministrados en forma permanente).

Este caso se refiere a los residentes del asentamiento informal de Makhaza, que forma parte del proyecto Silvertown de Ciudad del Cabo. El gobierno de Ciudad del Cabo había decidido mejorar el asentamiento informal bajo un Programa de Mejoramiento de Asentamientos Informales (Upgrading of Informal Settlements Programme, UISP).

Los actores en este caso eran miembros de la comunidad Irish Travelling, un pueblo tradicionalmente nómada. Este grupo en particular vivió en un lugar de parada no oficial ubicado en Limerick City durante más de ocho años bajo condiciones de pobreza y privaciones extremas, sin agua corriente, baños, recolección o almacenamiento de residuos domésticos, ni superficies duras donde aparcar sus casas rodantes.

Debido al deterioro de los edificios de Schubert Park, un barrio residencial subsidiado por el estado, la ciudad cortó el suministro de agua y electricidad mientras 700 familias vivían allí. Los residentes protestaron encendiendo fuegos y arrojando objetos desde los edificios. La policía obligó a estos residentes a abandonar los edificios y no permitió que ningún residente vuelva al barrio. Se llevaron a cabo negociaciones entre los residentes y la ciudad para encontrar viviendas temporarias para los residentes desplazados, pero no se llegó a un acuerdo.

Este caso, en el que la disputa planteó dos elementos, surgió cuando el primer demandado supuestamente compró una propiedad, Angus Mansions, en Johannesburgo. En la demanda inicial, el primer demandado buscaba el desalojo de aproximadamente 300 personas que residían en la propiedad (los solicitantes). La demanda cuestionaba la validez del contrato de compraventa y, consecuentemente, la orden de desalojo.

El consorcio Juma Masjid Trust le había permitido a la escuela primaria Juma Musjid, una escuela pública, utilizar su propiedad privada por un período prolongado. La disputa surgió cuando el Departamento de Educación Provincial responsable de la escuela no pagó el alquiler o gastos varios necesarios para el funcionamiento de la escuela, y tampoco respondió adecuadamente a una notificación y otras comunicaciones enviadas por el consorcio solicitando que se evacuara el edificio.

Este caso se refiere al conflicto entre el derecho constitucional a una vivienda adecuada y el derecho de un propietario a explotar la propiedad privada. Ochenta y seis personas pobres estaban ocupando ilegalmente como vivienda instalaciones industriales abandonadas. El propietario de las instalaciones (Blue Moonlight) presentó una demanda para desalojar a los ocupantes a fin de explotar la propiedad, lo que casi con seguridad los dejaría sin techo.

En septiembre, el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) emitió recomendaciones históricas a España por la violación del derecho a la vivienda...

Tras extensos procedimientos legales que tuvieron lugar en Tanzania, en 2012 se presentó esta comunicación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (el Comité). El caso se refiere a la situación de dos viudas de ese país (E.S. y S.C.) que, bajo el derecho sucesorio consuetudinario de Tanzania, fueron denegadas el derecho de heredar o administrar los bienes de sus maridos fallecidos. En consecuencia, fueron desalojadas de sus viviendas, junto con sus hijos menores, por parte de sus suegros.

La Relatora Especial sobre una vivienda adecuada, Leilani Farha, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cerraron el 6 de noviembre, en la ciudad de Buenos Aires, una consulta...