En 2012, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (la Comisión) aceptó esta comunicación considerándola admisible para su evaluación. El caso fue presentado en nombre de tres defensores de los derechos humanos prominentes que trabajaban en Sudán: Monim Elgak, Amir Suliman y el fallecido Osman Hummaida, quienes eran perseguidos por su supuesta cooperación con la Corte Penal Internacional en su investigación de varios líderes políticos del Sudán.