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Caselaw

La Corte Constitucional de Colombia revisó el caso relativo a una acción de tutela (acción de protección de derechos constitucionales) en la cual se analizaba si las actividades de la empresa minera Drummond afectaban los derechos a la vida, al medio ambiente, a la intimidad y a la salud del peticionario y su familia. El peticionario y su familia viven cerca de la mina a cielo abierto Pribbenow ubicada en La Loma, municipio El Paso del departamento de Cesar, en el Norte de Colombia.

Colombia's Constitutional Court reviewed a tutela action case (action seeking protection of constitutional rights) which looked into whether the mining operations of the company Drummond had violated the rights to life, to a healthy environment, to privacy and to health of a citizen and his family living near the Pribbenow open-pit mine, located in La Loma, municipality of El Paso, department of Cesar, in the North of Colombia.  Based in the United States, Drummond develops and processes coal in both the US and Colombia.

Individuos y comunidades de la etnia indígena Diaguita, habitantes de la cuenca alta del río Huasco, de la Región de Atacama en Chile, presentaron una acción de protección de garantías constitucionales contra Compañía Minera Nevada SpA, (subsidiaria de la empresa Canadiense Barrick Gold) y contra la Comisión de Evaluación Ambiental en Chile.

Diaguita communities and individuals living in the Huasco river's high basin, in the Atacama region of Chile, filed an action to protect constitutional rights against Compañía Minera Nevada SpA (a subsidiary of Canada-based Barrick Gold) and the Comisión de Evaluación Ambiental (Chile's government agency dealing with environmental issues).

En febrero de 1990, el Poder Ejecutivo Nacional, encargó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) el diseño y ejecución de un programa de seguridad alimentaria destinado para apoyar la producción de pequeñas huertas familiares para satisfacer las necesidades de consumo de familias pobres. El 3 de agosto de 1990, el Consejo Directivo del INTA emitió la Resolución 239 que aprueba el Programa Pro-Huerta.

In February 1990, the Executive Branch commissioned the National Institute of Agricultural Technology (INTA) to develop a food security program designed to help the poor maintain small vegetable gardens to produce food for their own consumption. On August 3, 1990, the INTA Board of Directors issued Resolution 239 approving the Pro-Huerta Program.

En 1985, la empresa minera De Beers perforó un pozo con fines exploratorios y parte del agua fue provista a asentamientos ubicados dentro de la Reserva. Posteriormente, el gobierno desalojó y reubicó a la comunidad basarwa fuera de la Reserva, aduciendo que los asentamientos humanos no eran compatibles con la preservación de la fauna y flora. En un intento de disuadir a los basarwa de volver, también fue desmantelado el pozo de perforación, dado que era la única fuente de agua en un radio de 40 km a la redonda.
In 1985 De Beers mining company drilled a borehole for prospecting purposes and some of the water was supplied to settlements in CKGR. The Government later evicted and resettled the Basarwa outside of the CKGR because they felt that human settlements were incompatible with the conservation of wildlife in the preserve. In an attempt to dissuade the Basarwa from returning, the borehole was also dismantled as it was the only source of water within 40km. In 2006, in the Sesana case, the Court found that this eviction was unconstitutional and allowed the Basarwa to return to the CKGR.
Bajo la Ley de Liderazgo de los EEUU contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria ("Leadership Act"), las organizaciones con sede en ese país que reciben fondos públicos para su trabajo de prevención del VIH para salvar vidas en el exterior están obligadas a oponerse a la prostitución. El 23 de julio de 2007, USAID y el Ministerio de Salud y Servicios Humanos de los EEUU (U.S.

Under the U.S. Leadership Against HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria Act ("Leadership Act"), U.S. based organizations receiving funding for life-saving HIV prevention work abroad were required to pledge their opposition to prostitution.  Furthermore, on 23 July 2007, USAID and the U.S.