Derechos a la tierra y recursos naturales

Solapas principales

Caselaw

Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador

The Sarayaku people form one of the oldest settlements of the Kichwa People in the province of Pastaza in the Ecuadorian Amazon, and include approximately 1,300 people. In 1996, Ecuador signed a contract with the Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR) and a group formed with CGC (Compañía General de Combustibles, a subsidiary of Chevron, in Argentina) and la Petrolera Ecuador San Jorge S.A. for oil exploration and exploitation in Sarayaku lands.

Mosetlhanyane y otros c/. Procurador General del Estado de Botsuana, apelación civil nro. CACLB-074-10

En 1985, la empresa minera De Beers perforó un pozo con fines exploratorios y parte del agua fue provista a asentamientos ubicados dentro de la Reserva. Posteriormente, el gobierno desalojó y reubicó a la comunidad basarwa fuera de la Reserva, aduciendo que los asentamientos humanos no eran compatibles con la preservación de la fauna y flora. En un intento de disuadir a los basarwa de volver, también fue desmantelado el pozo de perforación, dado que era la única fuente de agua en un radio de 40 km a la redonda.

Mosetlhanyane and others v. Attorney General of Botswana, Civil Appeal No. CACLB-074-10

In 1985 De Beers mining company drilled a borehole for prospecting purposes and some of the water was supplied to settlements in CKGR. The Government later evicted and resettled the Basarwa outside of the CKGR because they felt that human settlements were incompatible with the conservation of wildlife in the preserve. In an attempt to dissuade the Basarwa from returning, the borehole was also dismantled as it was the only source of water within 40km. In 2006, in the Sesana case, the Court found that this eviction was unconstitutional and allowed the Basarwa to return to the CKGR.

El Centro por el Derecho a la Vivivenda contra los Desalojos (COHRE) v. Sudán, Comunicacíon 296/2005

Desde febrero de 2003, tras el inicio de un conflicto armado en la región de Darfur del Sudán, miembros de la milicia llamada Janjaweed se dieron a la tarea de desalojar por la fuerza, matar y violar a miles de indígenas negros de la región. Los peticionantes adujeron que tales actos constituían la omisión del gobierno de Sudán de respetar y proteger los derechos del pueblo de Darfur y, en particular, violaban los artículos 4, 5, 6, 7, 9, 12 (1), 14, 16, 18 (1) y 22 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) v. Sudan, Communication 296/2005

Since February 2003, following the emergence of an armed conflict in the Darfur region of the Sudan, militiamen known as Janjaweed have engaged in forcibly evicting, killing, and raping thousands of Black indigenous people in that region. The complainants alleged these acts were a failure of the government of Sudan to respect and protect the rights of the people of Darfur and in particular violated articles 4, 5, 6, 7, 9, 12 (1), 14, 16, 18 (1) and 22 of the African Charter on Human and People's Rights. In affirming admissibility of the complaint, the Commission quoted its decisi

Mike Campbell y Otros c./ Republic of Zimbabwe, SADC (T) No. 2/2007

Los peticionantes adujeron que sus derechos a la propiedad de tierras agrícolas habían sido infringidos por una disposición de la Constitución de Zimbabwe que confería efectivamente la propiedad de todas las tierras agrícolas compradas en forma compulsiva por el Estado, asi como discriminación racial en la aplicación de la disposición. Asimismo, la disposición eliminaba la jurisdicción de los tribunales para recibir reclamos relacionados con tales adquisiciones de tierras agrícolas.

Mike Campbell and Others v. Republic of Zimbabwe, SADC (T) No. 2/2007

The Applicants alleged that their property rights in agricultural lands had been infringed by a provision in the Zimbabwean Constitution which effectively vested the ownership of all agricultural lands compulsorily acquired under it to the State, as well as racial discrimination in the application of the provision. The provision additionally ousted the jurisdiction of the courts to entertain any challenge concerning such acquisitions of agricultural land.

Sentencia T-821/07

En septiembre de 2006, siete hombres encapuchados y armados secuestraron a la pareja de Rosmira Serrano Quintero y mataron a su padre, y posteriormente la amenazaron con matar también a ella y a sus hijas si no abandonaba la localidad de El Limoncito, donde vivía. La Sra. Serrano huyó y, en noviembre de 2006, solicitó inscribirse junto con sus hijas como personas desplazadas. La solicitud fue denegada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social) y la Sra.

Judgment T-821/07

In September 2006, seven hooded and armed men kidnapped Rosmira Serrano Quintero's partner and killed her father, then told her to leave El Limoncito, where she lived, or else she and her daughters would also be killed, so she fled. In November 2006, she requested registration of herself and her daughters as displaced persons. Her application was denied by the Presidential Agency for Social Action and International Cooperation (Social Action). Ms.

Centro para el Desarrollo de los Derechos de las Minorías (Kenia) y Minority Rights Group International en nombre del Endorois Welfare Council c. Kenia, 276/2003

En la década de 1970, el gobierno de Kenia desalojó a cientos de familias Endorois de sus tierras cercanas al Lago Bogoria en el Valle del Rift para crear una reserva de animales de caza para el turismo. Al pueblo indígena Endorois se le había prometido compensación y beneficios que nunca se concretaron en su totalidad, y el acceso de la comunidad a la tierra quedó limitado a la discreción de la Autoridad de la Reserva de Caza.