Derechos a la tierra y recursos naturales

Solapas principales

Caselaw

El caso Bhe se refiere a tres causas relacionadas (Bhe, SAHRC y Shibi) para las que se dictó una sentencia común. En la primera causa, el padre de los demandantes, Nonkuleleko y Anelisa Bhe (de 9 y 2 años de edad), había fallecido y la madre (la tercera demandante) inició un juicio para asegurar que la propiedad del difunto pasara a sus hijas. Conforme al principio de primogenitura del derecho consuetudinario africano, así como al artículo 23 de la Black Administration Act, la vivienda debía pasar a manos del pariente varón de mayor edad del padre, en este caso, el abuelo.

The Mayagna Awas (Sumo) Tingni Community lives in the Atlantic coast of Nicaragua and is made up of approximately 142 families. Jaime Castillo Felipe, a leader of the community, lodged a petition before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) denouncing the State of Nicaragua for failing to demarcate the Awas Tingni Community's communal land and to take the necessary measures to protect the Community's property rights over its ancestral lands and natural resources.

El 27 de abril de 1998, la compañía petrolera Arco Oriente Inc. firmó con Ecuador un contrato de explotación de hidrocarburos. Si bien el 70% del territorio de la Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador (FIPSE) se encontraba dentro de la superficie afectada a la explotación, sus miembros no fueron notificados del contenido del contrato ni de los efectos ambientales de la actividad.

El Defensor del Pueblo presentó una acción de tutela contra el Ministerio de Medio Ambiente y la empresa Sociedad Occidental de Colombia Inc., en representación del Pueblo U'wa. La presentación perseguía la revocación de un permiso otorgado a la empresa demandada para la explotación de hidrocarburos en territorios tradicionales indígenas ya que no se había llevado a cabo una debida consulta a las comunidades potencialmente afectadas por tal decisión.

La Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni se encuentra ubicada en la Costa Atlántica de Nicaragua y alberga aproximadamente a 142 familias. Jaime Castillo Felipe, Síndico de la comunidad, denunció al Estado de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no demarcar las tierras comunales de la comunidad, ni tomar las medidas necesarias para asegurar los derechos de propiedad sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales.

En 1998, la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino. Las comunidades habitantes de la provincia de Salta denunciaron violaciones a sus derechos a la tierra ancestral, a la integridad cultural y a un ambiente sano ante la decisión del Estado de construir un puente internacional y ejecutar un plan de urbanización en su territorio, hechos que modificarían sensiblemente su forma de vida.

400 people who had been evicted from adjacent municipal land settled on the private Modderklip farm in 2000. In April 2001 an eviction order was issued, but the occupiers had no place to go and failed to comply.  The numbers of occupiers continued to increase and the sheriff demanded a deposit of 1.8 million rand – more than the land was worth to carry out the eviction.   

Port Elizabeth Municipality filed an eviction application in response to a neighbourhood petition against 68 adults and children occupying shacks erected on privately owned land.  They had been living on this undeveloped land for between two to eight years and were willing to vacate the property subject to reasonable notice and suitable alternative land.

Five joined communications alleged the existence of slavery and analogous practices in Mauritania and of institutionalized racial discrimination perpetrated by the ruling Moor community against the more populous black community. It was alleged, amongst other things, that black Mauritanians were enslaved, routinely evicted or displaced from their lands, which were then confiscated by the government along with their livestock.  It also was alleged that black Mauritanians were denied access to employment and were subjected to tedious and unremunerated work.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una petición contra el Estado de Brasil a favor de los indígenas Yanomami a raíz de la construcción de una carretera y del otorgamiento de permisos de explotación minera en territorio indígena.