Derecho a la vida

Solapas principales

Caselaw

Conforme a los artículos 20 y 21 de la Urban Land Ceiling and Regulation Act (Ley de Terrenos Urbanos (Tope y Reglamentación)) de 1976, el gobierno estatal puede otorgar excepciones al tope cuando los terrenos se utilicen para construir viviendas para alojar a los ‘segmentos más débiles de la sociedad'. Se adujo que los constructores no habían cumplido con esta condición. Aunque entendió que la demanda se había vuelto infructuosa, el Alto Tribunal de Bombay ordenó varias medidas relacionadas con el monitoreo futuro del plan dispuesto por el artículo 20.  

A petition was filed with the Inter-American Commission of Human Rights (IACHR) against the State of Guatemala alleging the kidnapping, torture and death of four minors and the murder of a fifth one in 1990, in the city of Guatemala, by members of the security forces, and the State's failure to provide adequate judicial protection to the victims' families.

Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), on behalf of the General Secretary of Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud [National Union of Health Ministry Workers] and the workers represented by the union, filed a report with the Inter-American Commission of Human Rights (IACHR) against the State of Ecuador.

The Chilean Health Ministry issued a decree ordering free medical treatment and tests for all sexually transmitted diseases, including the Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). However, the decree was not complied with in the case of HIV. Given this situation, the organization Vivo Positivo, sponsored by Clínica de Acciones de Interés Público de la Universidad Diego Portales, filed three amparo actions requesting the East Metropolitan Health Service and the Health Ministry to comply with the decree.

El Estado de Maharashta y el Consejo Municipal de Bombay decidieron en 1981 desalojar a todas las personas que habitaban en la vía pública y en villas miseria de la ciudad de Bombay. Dichas personas reclamaron que el desalojo violaría su derecho a la vida, ya que al vivir en la ciudad podían ganarse la vida, y que, en caso de que se efectuaran los desalojos, se les debía proveer un lugar donde vivir. La Corte no aceptó ordenar las reparaciones solicitadas por los demandantes, pero entendió que el derecho a una audiencia había sido violado en el momento del desalojo planeado.

FIDH denunció que Francia había violado el derecho a asistencia médica (artículo 13 de la Carta Social Europea Modificada) al eliminar la excepción que favorecía a los inmigrantes ilegales con muy bajos ingresos de pagar cargos por tratamiento médico y hospitalario. También denunció que una reforma legislativa de 2002 que restringía el acceso a servicios médicos por parte de los hijos de inmigrantes ilegales violaba los derechos de los niños a ser protegidos (artículo 17). El Comité opinó que Francia había violado los derechos de los niños, pero no los de los adultos.

Several non governmental organizations filed a protection action due to poor clinical and surgical treatment of children with congenital heart conditions treated at the J. M. de los Ríos Children's Hospital in Caracas. The action was based on the rights to life and to health enshrined in the Constitution, human rights treaties, and the Children and Adolescents Protection Law. Children had to wait for a long time to get surgery appointments. Some died while waiting and others who did get an appointment died for not being operated earlier.

A group of persons living with HIV and covered by Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) filed an amparo action against IVSS requesting it to ensure regular and consistent supply of triple-therapy drugs and other drugs needed to treat opportunistic diseases, as well as to provide coverage of expenses of all necessary medical tests. The petitioners also requested that the effect of the decision be extended to all HIV-positive persons covered by IVSS.

A petition was filed with the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) against the State of Brazil and in favor of the Yanomami indigenous community.

Tres hermanos (V) vivían en Suiza desde 1980 como refugiados reconocidos. En 1987, fueron echados de dicho país a Checoslovaquia por delitos penales. En septiembre de 1991 volvieron a entrar a Suiza en forma ilegal. A Suiza le era imposible volver a echarlos, porque la nueva República Checa había rescindido su ciudadanía, pero se les negaba el apoyo/asistencia social debido a su condición de ilegales. El Tribunal sostuvo que la exclusión de tres ciudadanos extranjeros violaba un derecho constitucional implícito a “conditions minimales d'existence” (condiciones mínimas de existencia).