Derecho a la vida

Solapas principales

Conforme a los artículos 20 y 21 de la Urban Land Ceiling and Regulation Act (Ley de Terrenos Urbanos (Tope y Reglamentación)) de 1976, el gobierno estatal puede otorgar excepciones al tope cuando los terrenos se utilicen para construir viviendas para alojar a los ‘segmentos más débiles de la sociedad'. Se adujo que los constructores no habían cumplido con esta condición. Aunque entendió que la demanda se había vuelto infructuosa, el Alto Tribunal de Bombay ordenó varias medidas relacionadas con el monitoreo futuro del plan dispuesto por el artículo 20.  

El Estado de Maharashta y el Consejo Municipal de Bombay decidieron en 1981 desalojar a todas las personas que habitaban en la vía pública y en villas miseria de la ciudad de Bombay. Dichas personas reclamaron que el desalojo violaría su derecho a la vida, ya que al vivir en la ciudad podían ganarse la vida, y que, en caso de que se efectuaran los desalojos, se les debía proveer un lugar donde vivir. La Corte no aceptó ordenar las reparaciones solicitadas por los demandantes, pero entendió que el derecho a una audiencia había sido violado en el momento del desalojo planeado.

FIDH denunció que Francia había violado el derecho a asistencia médica (artículo 13 de la Carta Social Europea Modificada) al eliminar la excepción que favorecía a los inmigrantes ilegales con muy bajos ingresos de pagar cargos por tratamiento médico y hospitalario. También denunció que una reforma legislativa de 2002 que restringía el acceso a servicios médicos por parte de los hijos de inmigrantes ilegales violaba los derechos de los niños a ser protegidos (artículo 17). El Comité opinó que Francia había violado los derechos de los niños, pero no los de los adultos.

Tres hermanos (V) vivían en Suiza desde 1980 como refugiados reconocidos. En 1987, fueron echados de dicho país a Checoslovaquia por delitos penales. En septiembre de 1991 volvieron a entrar a Suiza en forma ilegal. A Suiza le era imposible volver a echarlos, porque la nueva República Checa había rescindido su ciudadanía, pero se les negaba el apoyo/asistencia social debido a su condición de ilegales. El Tribunal sostuvo que la exclusión de tres ciudadanos extranjeros violaba un derecho constitucional implícito a “conditions minimales d'existence” (condiciones mínimas de existencia).

Había habido muertes por inanición en el estado de Rajastán a pesar de que se conservaban excedentes de cereales para períodos oficiales de hambruna; asimismo, diversos planes de distribución de alimentos implementados en todo el país no estaban funcionando. En 2001, la organización People's Union for Civil Liberties (PUCL) solicitó a la Corte que exigiera el cumplimiento de los planes de alimentos y del Código de Hambruna, el cual permitía que se liberaran reservas de cereales en épocas de hambruna. Basó sus argumentos en el derecho a la alimentación, derivándolo del derecho a la vida.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una petición contra el Estado de Guatemala por el secuestro, tortura y muerte de cuatro menores y por el asesinato de otro menor en 1990 en la ciudad de Guatemala por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y por la omisión estatal en brindar una adecuada protección judicial a las familias de las víctimas.

El Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), en representación del Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud y de los trabajadores afiliados, denunció ante la CIDH al Estado ecuatoriano, por incumplir la obligación de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este incumplimiento radicaba en las reducciones sistemáticas del presupuesto nacional en materia de salud y su consecuente impacto en la salud y la vida de los grupos más vulnerables de la sociedad.

Sudáfrica padece una epidemia de VIH/SIDA en la que más de 6 millones de personas están infectadas. En el año 2000, con 80.000 infecciones de recién nacidos por año, la droga anti-retroviral Nevirapin ofrecía la posibilidad de prevenir la infección de 30 a 40 mil niños al año. Aunque el gobierno la recibió gratis durante cinco años, anunció que introduciría el tratamiento contra la transmisión intrauterina únicamente en algunos lugares piloto y que postergaría el inicio del tratamiento durante un año, lo que equivalía a negarles el tratamiento a la mayoría de las madres.

Gran cantidad de residentes de basties (asentamientos informales) de la ciudad de Dhaka fueron desalojados sin aviso previo y sus viviendas fueron demolidas con topadoras. Dos residentes y tres ciudadanos presentaron un reclamo cuestionando las demoliciones en nombre del interés público. La Corte Suprema sostuvo que los habitantes tenían ciertos derechos a una vivienda y a una audiencia justa, y emitió recomendaciones para su reasentamiento.

Varias organizaciones no gubernamentales presentaron una acción de protección por el deficiente tratamiento terapéutico y quirúrgico de los niños/as con cardiopatías congénitas, pacientes del Hospital de Niños J. M. de los Ríos de Caracas. Fundaron la acción en los derechos a la vida y a la salud previstos en la Constitución, en tratados de derechos humanos y en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Los niños eran sometidos a largas esperas para acceder al cupo quirúrgico.