Derechos de los migrantes

Este caso resuelve una acción de tutela para proteger los derechos de la población afrocolombiana desplazada de conformidad con la declaración previa de la Corte en la sentencia T-025 de 2004 de un “estado de cosas inconstitucional” en torno a la situación de la población desplazada forzosamente.

Según la legislación constitucional colombiana, los niños y niñas deben recibir prioridad en la atención y salvaguarda de sus derechos. A pesar de ello, más del cincuenta por ciento de la población desplazada en Colombia está compuesta por niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. La Corte en este caso concluyó que la respuesta gubernamental ha sido en gran medida inexistente e ineficiente para resolver las innumerables violaciones de los derechos humanos de niños y niñas.

Las organizaciones International Commission of Jurists (ICJ) y European Council for Refugees and Exiles (ECRE) denunciaron que los niñes migrantes del territorio continental y las islas de Grecia han sido privados de sus derechos garantizados por la Carta Social Europea Revisada (en adelante, “la Carta”), los que incluyen los derechos a la vivienda compatible con la dignidad humana; garantías sociales, legales y económicas; salud; asistencia social y médica; y educación.

La condición de refugiado de Ayubi le daba derecho a un permiso de residencia de tres años y le permitía solicitar asistencia estatal. Bajo el derecho austriaco, la residencia temporaria de Ayubi no le permitía recibir el monto mínimo de beneficios; la Autoridad Administrativa del Distrito de Linz-Land le otorgó el subsidio básico mínimo y un beneficio complementario temporario.