Derechos de los migrantes

Solapas principales

CESR, MdM, RED ACOGE y Red DESC consideran que el acceso a la atención sanitaria sigue sin garantizarse en España a la población inmigrante. 

El Gobierno español acaba de dar respuesta a las recomendaciones que le fueron realizadas...

Miembros y alidos, en colaboración con el Grupo de Litigio Estratégico, valoran la decisión del gobierno español de devolver la atención sanitaria primaria a este colectivo

Los demandantes cuestionaron la decisión del Estado de Massachusetts de excluir a un grupo de inmigrantes legales del Programa de Seguro de Salud del Estado. Los demandantes alegaron que dicha exclusión viola la Cláusula de Igualdad de Protección reconocida por la Constitución de Massachusetts.

País: 
Nepal
País: 
Reino Unido
Grupo(s) de Trabajo / Área(s) de Trabajo: 
PF-PIDESC

El Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó que Italia es responsable de políticas y prácticas que conducen a que los residentes romaníes y sinti vivan en viviendas segregadas y extremadamente inadecuadas, así como del desalojo forzoso de comunidades enteras y la expulsión de Italia de romaníes migrantes. En la decisión también se halló a Italia responsable del clima subyacente de racismo y xenofobia existente en el país.

El caso fue llevado a la justicia en el mes de marzo de 2003 para que se obligara a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales a otorgar la pensión por invalidez a Daniela Reyes Aguilera, una niña de nacionalidad boliviana con una discapacidad que le impide la movilidad de sus miembros, comunicarse verbalmente, y alimentarse por cuenta propia.

Los demandantes eran residentes permanentes de Sudáfrica. Cuestionaron disposiciones legislativas que limitaban los beneficios sociales para ancianos a los ciudadanos sudafricanos e impedían que los hijos de ciudadanos extranjeros que se encontraran en la misma situación que los demandantes pudieran reclamar los beneficios de guardería disponibles para los niños sudafricanos (independientemente de la ciudadanía que tuvieran los niños).

FIDH denunció que Francia había violado el derecho a asistencia médica (artículo 13 de la Carta Social Europea Modificada) al eliminar la excepción que favorecía a los inmigrantes ilegales con muy bajos ingresos de pagar cargos por tratamiento médico y hospitalario. También denunció que una reforma legislativa de 2002 que restringía el acceso a servicios médicos por parte de los hijos de inmigrantes ilegales violaba los derechos de los niños a ser protegidos (artículo 17). El Comité opinó que Francia había violado los derechos de los niños, pero no los de los adultos.

Tres hermanos (V) vivían en Suiza desde 1980 como refugiados reconocidos. En 1987, fueron echados de dicho país a Checoslovaquia por delitos penales. En septiembre de 1991 volvieron a entrar a Suiza en forma ilegal. A Suiza le era imposible volver a echarlos, porque la nueva República Checa había rescindido su ciudadanía, pero se les negaba el apoyo/asistencia social debido a su condición de ilegales. El Tribunal sostuvo que la exclusión de tres ciudadanos extranjeros violaba un derecho constitucional implícito a “conditions minimales d'existence” (condiciones mínimas de existencia).