Derechos sexuales

Solapas principales

La petición fue presentada por abogados de la organización nepalesa Pro Public a fin de proteger los derechos internacionales y constitucionales de miles de mujeres que trabajan en los llamados "cabin and dance restaurants" y salones de masajes. Estos establecimientos han crecido durante los últimos diez años y ahora  se encuentran en todas las zonas urbanas de Nepal. s Más del 80% de sus empleados son mujeres.

La demandante interpuso una orden de interdicto o tutela dirigida a garantizar el derecho de una menor de 12 años a su salud mental, entre otros derechos. La menor quedó embarazada a principios de 2011 y empezó a presentar síntomas de ansiedad y depresión, según el diagnóstico de varios médicos que recomendaron la interrupción del embarazo.

Alyne Pimentel, una mujer afrobrasileña, murió a los 28 años como consecuencia de complicaciones relacionadas con un embarazo después de que un centro de salud de Rio de Janeiro no le proporcionara acceso adecuado y oportuno a tratamiento obstétrico de emergencia. La muerte de Pimentel hubiera podido ser impedida si el centro de salud le hubiera diagnosticado y tratado correctamente por muerte fetal intrauterina.

Este caso se presentó en nombre de Shanti Devi, una mujer pobre que pertenecía a una "casta programada" (scheduled caste[1]), después de que muriera como consecuencia de que le fuera negada la asistencia médica durante el embarazo a pesar de que cumplía los requisitos para recibir servicios gratis conforme a los planes estatales

Ocho mujeres, todas miembros de la comunidad romaní de Eslovaquia, recibieron tratamiento ginecológico y obstétrico en Eslovaquia oriental. Luego de este tratamiento, ninguna de las ocho mujeres pudo volver a concebir. Las mujeres recordaron que se les había pedido que firmaran unos documentos antes de ser dadas de alta del hospital, pero no pudieron identificar el contenido de los documentos que firmaron. Abogados del Centro de Derechos Civiles y Humanos, en representación de las mujeres afectadas, solicitaron copias de las historias clínicas.

Al entrar en trabajo de parto, la Sra. A.S., miembro de la comunidad romaní, tuvo que ser sometida a una cesárea de emergencia. Inmediatamente antes de la cirugía, un médico le pidió a la Sra. A.S. que firmara unos formularios sobre los que el médico había escrito a mano una declaración en la que la Sra. A.S. prestaba su consentimiento para un procedimiento de esterilización. La Sra. A.S. no entendió la declaración ni que había sido esterilizada hasta después de producida la operación.

Una de las funciones de la Corte Constitucional de Colombia es revisar las acciones de tutela. La Corte revisa todos los años una pequeña porción de las más de trescientas mil acciones de tutela resueltas por los tribunales inferiores; el 36% de dichas acciones se relacionan con el derecho a la salud, según datos proporcionados para 2005 por la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Colombia. La sentencia T-760 de 2008 acumuló 22 acciones de tutela.

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El Ministerio de Salud del Estado de Chile dictó un decreto que obligaba a suministrar tratamiento médico y diagnóstico gratuito de todas las enfermedades de transmisión sexual, incluido el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Sin embargo, dicha normativa no se cumplía en los casos de VIH.