Seguridad social y bienestar

Solapas principales

El peticionante, Hernando De Jesus Blanco Angarita, de 69 años de edad, presentó una acción de tutela ante la Corte Constitucional después de que el Primer Juzgado Civil Municipal de Bogotá resolviera que el Fondo Nacional de Seguridad Social no había violado sus derechos constitucionales al retrasar la transferencia de la pensión de su cónyuge fallecida. La Corte Constitucional rechazó la decisión de dicho Juzgado y sostuvo que se habían violado derechos reconocidos en la Constitución de Colombia y en el derecho internacional.

En 1998, el Congreso aprobó la Enmienda 20 de la Constitución Federal Brasileña de 1988, por la que modificó el sistema de seguridad social del país. La enmienda impuso un tope de R$1200 a los beneficios de la seguridad social por beneficiario. A primera vista, el tope de R$1200 debía tener un efecto neutral sobre varias categorías de beneficios, incluyendo la licencia por maternidad.

Comité de DESC de la ONU aborda el impacto del trabajo de cuidados no remunerado sobre el acceso de la mujer a la seguridad social

Marcia Cecilia Trujillo Calero hizo aportes jubilatorios equivalentes a 29 años de trabajo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). De los 305 aportes que hizo, aproximadamente la mitad fueron aportes voluntarios efectuados entre 1981 y 1995, cuando realizaba el trabajo de cuidados no remunerado en su hogar, cuidando de sus tres hijos. Durante un período de ocho meses iniciado en 1989, la Sra. Trujillo interrumpió sus pagos voluntarios, aunque los pagó completamente en forma retroactiva en abril de 1990.

El pasado octubre, miembros del Grupo de Trabajo de Litigio Estratégico y del Grupo de Trabajo sobre Mujeres y DESC presentaron una intervención de terceros...

Corte británica avanza el disfrute de las mujeres de los derechos a una vivienda adecuada y a la protección social

El Consejo Metropolitano de Sandwell elaboró un nuevo plan tributario conforme a una reforma nacional del derecho impositivo. Previamente, las personas de bajos ingresos recibían asistencia financiera para el pago de los impuestos locales, pero de acuerdo con el plan nuevo la carga tributaria de las personas se reducía según su situación financiera.

Los trabajadores indocumentados deben gozar de igualdad de derechos, afirma la Comisión InterAmericana

Leopoldo Zumaya y Francisco Berumen Lizalde sufrieron lesiones en su lugar de trabajo mientras trabajaban sin contar con una autorización de trabajo en los Estados Unidos. Ambos sufrieron lesiones físicas de largo plazo y se les negó acceso a compensación solo debido a su situación inmigratoria. El Sr. Zumaya presentó una demanda por compensación laboral, pero debió aceptar una porción de lo que hubiera recibido si hubiera sido ciudadano o residente permanente legal de los EEUU. El Sr.

Phakamile Ranelo presentó una demanda ante el Alto Tribunal Eastern Cape contra la Agencia de Seguridad Social de Sudáfrica aduciendo que el estado había finalizado ilegalmente su subsidio por discapacidad. La legislación sudafricana obligaba a la Agencia de Seguridad Social a informar a Ranelo por escrito sobre la aprobación de un subsidio por discapacidad, su carácter temporal y su derecho a apelar dicho carácter temporal. Ranelo argumentó que no recibió dicha notificación previa, por lo que era válido que creyera que el subsidio era permanente.

Los demandantes, beneficiarios del programa federal “Aid to Families with Dependent Children” y del programa del estado de Nueva York “Home Relief”, adujeron que los funcionarios de Nueva York finalizaban o estaban a punto de finalizar sus beneficios bajo los programas sin preaviso o audiencia. Cuando se presentó la demanda, no existían reglas que exigieran notificar a los beneficiarios o citarlos a una audiencia antes de que pierdan sus beneficios. Antes de esta apelación, el estado y la ciudad de Nueva York adoptaron procedimientos de preaviso y audiencia.

Eduardo Navia, de noventa años de edad, presentó la acción de tutela buscando que el Estado le otorgue una pensión por invalidez. Como consecuencia de procedimientos quirúrgicos cardíacos a los que había sido sometido en mayo de 1998 y enero de 2008, tenía limitada su capacidad para trabajar. Basándose en un certificado de invalidez expedido por el Instituto de Seguridad Social (ISS) Seccional Bolívar el 14 de septiembre de 2007, solicitó ante el ISS la pensión por invalidez el 5 de octubre de 2007.

País: 
Filipinas
Grupo(s) de Trabajo / Área(s) de Trabajo: 
Mujeres y DESC
Rendición de Cuentas Corporativa
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