Tortura, tratamiento cruel, inhumano y degradante

Solapas principales

El Alto Tribunal de Kenia ve violaciones de los derechos a la salud, la dignidad y la integridad personal en caso de salud materna

J.M. acudió al Hospital de Distrito de Bungoma, ahora denominado «Bungoma County Referral Hospital», en busca de asistencia de salud materna. Se trata de un centro público de asistencia de salud que, conforme a la Directiva Presidencial de 2013 del presidente de Kenia, debía proveer asistencia médica materna gratuita. En el hospital, J.M. fue informada de que debía pagar el medicamento necesario para inducir el parto y, después de que fuera inducido el parto, se le ordenó que fuera caminando hasta la sala de partos cuando se iniciaran los dolores del parto.

Corte británica amplía la definición de violencia doméstica en el marco de los derechos a la vivienda

La actora era una mujer casada que abandonó su hogar con sus dos hijos pequeños porque sentía que el marido le daba un tratamiento inhumano: le gritaba, retenía recursos financieros y le hacía tener constantemente temor a que la fuera a golpear o a quitarle los hijos. Pidió ayuda a la autoridad local habitacional para encontrar una vivienda. Como su marido nunca la había golpeado ni amenazado con dañarla físicamente, la autoridad habitacional se negó a ayudarla.

Corte británica avanza el disfrute de las mujeres de los derechos a una vivienda adecuada y a la protección social

El Consejo Metropolitano de Sandwell elaboró un nuevo plan tributario conforme a una reforma nacional del derecho impositivo. Previamente, las personas de bajos ingresos recibían asistencia financiera para el pago de los impuestos locales, pero de acuerdo con el plan nuevo la carga tributaria de las personas se reducía según su situación financiera.

El gobierno de Estados Unidos amenazó con socavar sistemáticamente los derechos humanos de las comunidades en los Estados Unidos y en todo el mundo durante la primera semana después de la investidura del presidente Donald Trump. En los días inmediatamente posteriores...

A Rusi Kosev Stanev le diagnosticaron esquizofrenia en 1975 y fue declarado incapaz de trabajar en 1990. En el año 2000, tras un pedido de su madrastra y su hermanastra, un tribunal lo declaró parcialmente discapacitado legalmente sin notificarle. Dado que sus familiares no aceptaron hacerse cargo de la tutela, un funcionario municipal fue designado tutor. Sin informar a Stanev, el tutor solicitó que se lo ubique en un hogar de asistencia social para 'personas con enfermedades mentales'.

El 2002, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH o Comité) aceptó la comunicación como admisible para su consideración. El caso se refiere a la situación de K.L., una mujer de 17 años de edad que estaba embarazada y cuyo feto padecía de anencefalia. La anencefalia es una enfermedad incompatible con la vida del feto y que amenaza la salud de la embarazada. Su médico le informó a K.L. que las complicaciones del embarazo la exponían al riesgo de muerte. Siguiendo este consejo, ella decidió poner fin al embarazo.

En 2012, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (la Comisión) aceptó esta comunicación considerándola admisible para su evaluación. El caso fue presentado en nombre de tres defensores de los derechos humanos prominentes que trabajaban en Sudán: Monim Elgak, Amir Suliman y el fallecido Osman Hummaida, quienes eran perseguidos por su supuesta cooperación con la Corte Penal Internacional en su investigación de varios líderes políticos del Sudán.

En este caso se unieron dos demandas colectivas presentadas bajo la Ley de Reforma de Litigios Penitenciarios de 1995 (PLRA), la cual permite que los reclusos inicien acciones judiciales por violaciones de derechos constitucionales. Las cárceles de California fueron diseñadas para albergar a unos 80.000 presos, pero a la fecha de la presentación el sistema tenía aproximadamente 156.000 reclusos.

En 2004, la Secretaría de Salud de Botswana distribuyó una directiva interna entre instituciones médicas públicas para informarles de un Decreto Presidencial que autorizaba “el suministro de tratamiento gratis a reclusos que no sean ciudadanos que sufran de enfermedades que no sean el SIDA”. Reclusos de Zimbabwe con VIH positivo presentaron demandas para cuestionar ea decreto después de que se les negaran medicamentos de una terapia antiretroviral (TAR).

Un ciudadano afgano (el Sr. M.S.S.) presentó una solicitud de asilo en Bélgica tras ingresar a la UE a través de Grecia. Conforme al Reglamento de Dublín (legislación de la UE que determina qué país es responsable de procesar solicitudes de asilo específicas), Bélgica lo trasladó nuevamente a Grecia para que Grecia procesara la solicitud de asilo. Grecia detuvo al solicitante bajo condiciones degradantes y luego lo liberó dentro del país para que espere hasta que se resuelva su solicitud. Durante este periodo, el Sr. M.S.S.