Women's rights

Solapas principales

La Corte Constitucional acumuló 19 casos de mujeres que, en el momento de los eventos cuestionados, estaban embarazadas, amamantando o en licencia por maternidad, y trabajaban en diversos puestos del sector público regulados por la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). La Corte se refiere a la violación de los derechos de las embarazadas y las lactantes, y proporciona otras protecciones al reconocer formalmente el derecho al cuidado.

En 2003, una niña de siete años de edad llamada Andrea fue asesinada por su padre, quien posteriormente se suicidó, durante una visita aprobada por un tribunal. La madre de Andrea, Andrea González, había denunciado a la policía más de cuarenta y siete (47) instancias de abuso físico y solicitó órdenes de prohibición contra el padre para protegerse a sí misma y a su hija, pero el padre no había aceptado visitas supervisadas y un tribunal eventualmente le permitió las visitas sin vigilancia que condujeron a la muerte de la niña.

Antecedentes: El 11 de diciembre de 1998 se produjo una explosión en una fábrica de pirotecnia de Santo Antônio de Jesus, en Brasil. La fábrica estaba formada por un conjunto de carpas ubicadas en potreros con mesas compartidas de trabajo. Como consecuencia de la explosión murieron 60 personas y seis resultaron heridas. Entre quienes murieron se encontraban 59 mujeres, 19 de las cuales eran niñas, y un niño; entre los sobrevivientes se encuentran tres mujeres adultas, dos niños y una niña.

El 27 de abril de 2021, la Red-DESC coorganizó un debate en línea sobre los derechos a la tierra. Más de 50 representantes de organizaciones miembro de África, Asia, América Latina, Oriente Medio, Europa y América del Norte se reunieron virtualmente para aprender de...

La pandemia de COVID-19 ha agravado la crisis mundial de los cuidados y, sin una política adecuada y respuestas estructurales más profundas, sus secuelas podrían agudizar aún más la distribución desigual del trabajo de cuidados no remunerado y la feminización de la pobreza, advierten las...

Esta orden otorgó efectivamente a la Sra. Maphumulo la legitimación legal para defender sus derechos de propiedad para reclamar el hogar donde había vivido 25 años.

La orden del caso Ramuhovhi quedó suspendida por un periodo de 24 meses para darle al Parlamento una oportunidad para subsanar el defecto contenido en el artículo 7(1) de la Ley de Reconocimiento de Matrimonios Consuetudinarios. La Corte también aseguró que durante ese periodo de suspensión los cónyuges de matrimonios consuetudinarios polígamos tuvieran la siguiente protección:

Los Gumede contrajeron matrimonio en 1968, antes de la Ley de Reconocimiento de Matrimonios Consuetudinarios 120 de 1998, que entró en vigencia el 15 de noviembre de 2000.

Cuando Makhosazane Eunice Sacolo, una mujer de Suazilandia, fue abandonada por su esposo, no pudo vender el ganado que poseían, tampoco el que había comprado con su propio dinero. Bajo el derecho consuetudinario de la potestad marital de Esuatini, esos bienes estaban registrados a nombre de su marido. Esta doctrina del derecho consuetudinario, así como la Ley del Matrimonio de 1964, también prohibían a las mujeres casadas celebrar contratos sin permiso del marido.

En 2014 y 2015, un brote del virus del Ébola en Sierra Leone obligó a cerrar las escuelas durante nueve meses. Una consecuencia del cierre de escuelas fue un considerable aumento de los embarazos entre adolescentes (en algunas áreas, aumentaron 65%). Por ello, el entonces ministro de Educación, Ciencia y Tecnología anunció públicamente que no se permitiría la asistencia de niñas embarazadas a escuelas del sistema de educación general mientras estuvieran embarazadas a fin de evitar que influyeran negativamente sobre sus pares.