El 24 de enero de 2000, la CIDH recibió una petición en la que se denunciaba al Estado de El Salvador por la violación de los derechos a la vida, a la salud y al desarrollo de la personalidad de un grupo de personas que viven con el virus de HIV. Ello por cuanto el Estado no les suministraba los medicamentos que integran la triple terapia necesaria para impedirles la muerte y mejorar su calidad de vida. La denuncia afirmaba, además, que la situación en la que se hallaban tales personas constituye un trato cruel, inhumano y degradante.
