Airey v Ireland 32 Eur Ct HR Ser A (1979): [1979] 2 E.H.R.R. 305. [ESP]

Airey reclamó que en base a los derechos a un juicio justo, el respeto por la familia y la no-discriminación estaba garantizado el derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en casos de separación ordenada judicialmente; obligaciones positivas del Estado; carácter económico y social de los derechos civiles y políticos; la autorepresentación puede no conducir a un remedio efectivo; se debe proporcionar asesoramiento jurídico cuando éste sea indispensable para la resolución judicial de derechos civiles.

Fecha de la decisión: 
15 Jun 2012
Foro: 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Tipo de foro: 
Regional
Resumen: 

Airey buscó la separación judicial de su marido, quien la maltrataba físicamente. Como no pudo llegar a un acuerdo de separación con él, solicitó al juez que ordenara la separación. Esto le fue imposible, porque no contaba con los medios económicos, al no haber asesoramiento jurídico gratuito, para contratar un abogado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que se trataba de una violación a su derecho a tener acceso al sistema judicial para que se dictamine sobre sus derechos y obligaciones civiles (Artículo 6). Citando el derecho internacional y el objetivo de la Convención, afirmó que los remedios debían ser efectivos y no ilusorios. Muchos derechos civiles y políticos tenían implicaciones sociales y económicas que abarcaban obligaciones positivas. Por ello, existía el derecho a obtener asesoramiento judicial gratuito cuando fuera indispensable para acceder de manera efectiva al sistema judicial. En este caso, la autorepresentación no resultaba efectiva debido al complejo procedimiento de la Alta Corte irlandesa, las leyes pertinentes del país, la dimensión emocional de las disputas conyugales y la posibilidad de que su marido sí cuente con representación legal. El Tribunal también dictaminó que se había violado el Artículo 8 (respeto de la vida familiar). El derecho al respeto de la vida familiar podía implicar obligaciones positivas respecto del acceso efectivo a los mecanismos de protección relacionados con la vida familiar, es decir, en este caso, la posibilidad de peticionar efectivamente la separación judicial. El Tribunal no se refirió al reclamo de discriminación que planteaba el interrogante de si la denegación de los derechos civiles originada en la pobreza constituía una instancia de discriminación.

Ejecución de la decisión y los resultados: 

Con posterioridad a este caso, Irlanda incluyó en su legislación un sistema de asesoramiento jurídico gratuito, pero Airey no cumplía con los requisitos, porque había conseguido trabajo. El gobierno irlandés aceptó, después de ser presionado, financiar su separación judicial en la Alta Corte. Finalmente, Airey pudo obtener la separación judicial. En 1980, se creó un Sistema de Asesoramiento y Asistencia Jurídica Civil Gratuita y, en 1995, legislación relacionada, pero ambos han sido criticados por la falta de fondos y su casi exclusiva concentración en temas de familia.

Grupos relacionados en el caso: 

Abogados:
Solicitor: Mr Brendan Walsh
Barrister: Mary Robinson
Brendan Walsh & Partners
34 Upper Baggot Street
Dublin 4, IRELAND
Tel: +35 31 6602 9555

Significado del caso: 

Este caso ha sido citado frecuentemente como precedente para demostrar que existen dimensiones relacionadas con los derechos económicos y sociales dentro de los derechos civiles y políticos, y que los Estados pueden tener obligaciones positivas respecto de los derechos civiles y políticos. Asimismo, el caso constituye un precedente importante para argumentar que el derecho a la asistencia jurídica gratuita es un elemento integral de los derechos humanos.