New Brunswick (Minister of Health and Community Services) v.G.(J.), [1999] 3 S.C.R. 46. [ESP]
Reclamo constitucional por asesoramiento jurídico gratuito inadecuado; si una madre está facultada para recibir asistencia letrada en relación con una audiencia sobre custodia en la que el estado solicitó ampliar su custodia de la menor; si la separación de una menor de uno de los padres infringe la seguridad de la persona (Carta de Derechos y Libertades de Canadá, art.7); si la provisión de asistencia letrada es un derecho o un asunto discrecional.
Jeannine Godin vivía en condiciones de pobreza y dependía de la asistencia social. El Ministerio de Salud y Servicios Sociales tenía la custodia de sus tres hijos por seis meses y solicitaba extender el plazo por otros seis meses. Godin solicitó asesoramiento jurídico gratuito para que un abogado la represente en la audiencia, pero le fue denegado, porque tal asesoramiento no estaba previsto para casos de custodia temporaria. Solicitó al tribunal que ordenara que se proporcionaran fondos para pagar los honorarios de un abogado y que declarara que dicha limitación del asesoramiento gratuito violaba sus derechos a la vida, libertad y seguridad de la persona conforme al artículo 7 de la Carta de Canadá.
La Corte Suprema de Canadá concluyó que Godin tenía derecho a asistencia letrada bajo las circunstancias del caso. Cuando una acción del gobierno desencadena una audiencia en la que entran en juego los intereses protegidos por el art. 7 de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá, el estado tiene la obligación de garantizar que la audiencia sea imparcial. La separación de sus hijos de su custodia infringía su integridad psicológica y, por tanto, su derecho en virtud de la Carta a la seguridad de la persona. Sin embargo, la Corte no vio un derecho general a asesoramiento jurídico financiado por el estado, sino que los tribunales debían considerar la gravedad de los intereses en juego, la capacidad del padre o la madre y la complejidad del caso, al decidir si el estado debía ser obligado a proporcionarlo. El juez L'Heureux Dubé opinó por separado, con el apoyo del juez McLachlin, destacando que las mujeres se ven afectadas desproporcionadamente por los procedimientos relacionados con la custodia de sus hijos y la denegación del asesoramiento jurídico civil gratuito.
En todas las provincias en las que el asesoramiento jurídico gratuito no se proporcionaba automáticamente en casos de custodia, los jueces comenzaron a ordenarlo caso por caso. Sin embargo, la sentencia no provocó cambios en las irregularidades sistemáticas que presenta el asesoramiento civil gratuito en Canadá. Este problema es una prioridad de las organizaciones de mujeres como LEAF y NAWL, y es el tema de una demanda constitucional muy importante iniciada por el Colegio de Abogados de Canadá, en la que se intenta que la Corte adopte una postura más avanzada que la asumida en G.(J).
Appellant: J.G., the parent of the child for whom custody was in issue, was represented by E. Thomas Christie, New Brunswick Nurses Union, 750 Brunswick St., Fredericton, NB, 506-453-0822, tchristi@nbnet.nb.ca.
Respondents:
Minister of Health and Community Services for New Brunswick
Attorney General for New Brunswick
Charter Committee on Poverty Issues, intervenor, represented by Arne Peltz and Martha Jackman.
Women’s Legal Education and Action Fund, intervenor, represented by Carole Curtis and Anne Dugas-Horsman.
Disabled Women’s Network Canada, intervenor, represented by Carole Curtis and Anne Dugas-Horsman.
National Association of Women and the Law, intervenor, represented by Carole Curtis and Anne Dugas-Horsman.
Canadian Bar Association, intervenor, represented by Barry L. Gorlick, Q.C., and Greg Delbigio.
La sentencia significó un avance importante respecto de la jurisprudencia anterior, en la que la Corte Suprema de Canadá había concluido que la Carta no garantizaba el asesoramiento jurídico financiado por el estado en casos de arresto (ver Prosper). Representa un reconocimiento clave de obligaciones positivas conforme al artículo 7 de la Carta. Sin embargo, como las obligaciones positivas se vincularon a la “interferencia” estatal, no queda claro si lo mismo se aplicaría a la pobreza en un contexto más amplio (ver Gosselin).
