Dunmore v. Ontario (Attorney-General), [2001] 3 S.C.R. 1016. [ESP]
Reclamo conforme a los artículos 2(d) (libertad de asociación) y 15 (derecho a la igualdad) de la Canadian Charter of Rights and Freedom (Carta de Canadá de Derechos y Libertades) denunciando la revocación de legislación que permitía a los trabajadores de la agricultura organizarse y negociar en forma colectiva; cuestionamiento de medida regresiva; si existe la obligación positiva de proteger a los trabajadores vulnerables.
En 1994, se aprobó la Agriculture Labour Relations Act (ALRA, Ley de Relaciones Laborales del Sector de la Agricultura) para incluir a los trabajadores del sector en el régimen de relaciones laborales de la provincia de Ontario. Un año después, el flamante gobierno conservador anuló la ALRA. Los demandantes cuestionaron tanto la revocación como la exclusión de los trabajadores de la agricultura de la Labour Relations Act (LRA, Ley de Relaciones Laborales), considerando esto último como una violación de los derechos de los trabajadores de la agricultura a asociarse libremente conforme al artículo 2(d) de la Carta de Canadá. También denunciaron que la discriminación contra un sector vulnerable de trabajadores violaba el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 15(1) de la Carta.
La Corte Suprema de Canadá entendió que se había violado el derecho a la libertad de asociación y no se ocupó en ese momento de la denuncia de discriminación. La Corte sostuvo que la distinción entre obligaciones positivas y negativas del estado debía incluir matices'. Revocar la protección de los trabajadores de la agricultura daba lugar a una protección legal incompleta que contribuía sustancialmente con la violación de una libertad consagrada en la Constitución. La Corte declaró que la legislación que revocaba la ALRA era inconstitucional en la medida en que causaba la exclusión de los trabajadores agrícolas de la LRA. La declaración se suspendió por 18 meses a fin de darle al gobierno la oportunidad de formular una nueva legislación que proporcionara a dichos trabajadores por lo menos la protección necesaria para que pudieran formar y mantener asociaciones.
El gobierno conservador de Ontario aprobó la Agricultural Employees Protection Act (AEPA, Ley de Protección de los Empleados de la Agricultura) a fin de cumplir con la sentencia de la Corte, pero dicha ley no obliga a los empleadores a llegar a acuerdos colectivos ni prevé un mecanismo para que los trabajadores elijan un sindicato. La organización United Food and Commercial Workers (UFCW) ha iniciado una demanda para cuestionar la AEPA conforme a la Carta de Canadá en un caso nuevo (Fraser v. Ontario).
United Food and Commercial Workers Canada, http://www.ufcw.ca/index.cgi
Esta sentencia es un precedente importante para cuestionar la revocación de legislación protectora u otras medidas regresivas. La Corte también afirmó que el estado tiene la obligación positiva de proteger a los trabajadores vulnerables contra actos de empleadores del sector privado. El Tribunal Europeo adoptó un enfoque similar al interpretar el artículo 11 de la Convención Europea de los Derechos Humanos en Wilson and the National Union of Journalists et al. v. United Kingdom, caso en el que se refirió a la sentencia Dunmore.
