Government of the Republic of South Africa. & Ors v Grootboom & Ors 2000 (11) BCLR 1169. (CC). [ESP]

Denuncia de omisión del gobierno de proporcionar viviendas adecuadas conforme a los artículos 26 (derecho a una vivienda adecuada) y 28 (derecho del niño a una vivienda) de la Constitución de Sudáfrica; plan de viviendas no resolvió las necesidades de quienes tenían necesidades urgentes; medidas razonables y asignación de recursos; si existe el derecho a una vivienda mínima; contenido mínimo del derecho a la vivienda; grado de deferencia judicial respecto de las alternativas de políticas gubernamentales; remedio apropiado.

Foro: 
Corte Constitucional de Sudáfrica
Tipo de foro: 
Doméstico
Resumen: 

Una comunidad de ocupantes ilegales que había sido desalojada de un asentamiento informal de Wallacedene había construido viviendas precarias de plástico y otros materiales en un centro de deportes vecino al centro comunal de Wallacedene. No tenían ni servicios básicos ni electricidad. Iniciaron una acción legal conforme a los artículos 26 (derecho a una vivienda adecuada) y 28 (derecho del niño a una vivienda) de la Constitución de Sudáfrica demandando una respuesta de varios niveles gubernamentales. El Alto Tribunal, siguiendo los principios de deferencia judicial establecidos por la Corte Constitucional en el caso Soobramoney, consideró que los demandados habían adoptado “medidas razonables con sujeción a los recursos disponibles para lograr la aplicación progresiva del derecho a acceso a una vivienda adecuada”, según lo requiere el artículo 26(2) de la Constitución. Sin embargo, debido a que el artículo 28 no está sujeto a la disponibilidad de recursos, el Alto Tribunal mantuvo que los demandantes tenían derecho a que el estado les proporcionase alojamiento básico. Tras el recurso de apelación, la Corte no vio una violación del artículo 28, sino, en cambio, del derecho a una vivienda adecuada conforme al artículo 26. La Corte sostuvo que el Artículo 26 obliga al estado a formular y ejecutar un plan de viviendas coordinado y coherente, y que, al no asistir a quienes se encontraban en una situación de extrema necesidad, el gobierno había omitido tomar medidas razonables para lograr la aplicación progresiva del derecho a la vivienda. La Corte ordenó a los diversos gobiernos “formular, financiar, implementar y supervisar medidas para aliviar a quienes se encuentren en una situación de extrema necesidad”. La Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica acordó monitorear y, de ser necesario, informar acerca de la implementación de dicha orden.

Ejecución de la decisión y los resultados: 

La sentencia tuvo importantes consecuencias en la política habitacional de Sudáfrica. La mayoría de las municipalidades introdujo una “partida Grootboom” en sus presupuestos para satisfacer las necesidades de los más desesperados. Los demandantes recibieron servicios básicos como consecuencia de un acuerdo alcanzado antes de la audiencia ante la Corte Constitucional, pero los resultados de la sentencia dejaron mucho que desear para la comunidad. Se inició otra demanda para exigir el cumplimiento de la reparación por parte del gobierno local.

Grupos relacionados en el caso: 

Original Applicant’s Attorneys: Appolos & Associates, 80 Van Riebeeck Street, Kuils River, Western Cape, South Africa.

Attorneys for interveners: South African Human Rights Commission and Community Law Centre, Geoff Budlender, Constitutional Litigation Unit Legal Resources Centre, P O Box 5227 Cape Town 8000

Significado del caso: 

Probablemente éste sea el caso de derechos ESC más citado, dado que sienta las bases de posteriores casos por reclamos de esos derechos que obtuvieron resultados favorables en Sudáfrica y otros países. La Corte establece el marco para la justiciabilidad de la obligación de lograr la aplicación progresiva de los derechos ESC, que se basa en un test de “razonabilidad”, aplicando el principio de deferencia, cuando corresponda, en la fase de la reparación. La sentencia coloca la justiciabilidad de los derechos ESC en un contexto que es familiar para los tribunales de todas las jurisdicciones y modifica el estándar de análisis racionalista adoptado en el (anterior) caso Soobramoney.