Petición Constitucional Nro. 2 de 2011 (Garissa)
Decisión del Tribunal Supremo de Kenia sobre la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales basada en la nueva Constitución de Kenia y el derecho internacional de los derechos humanos. Las normas internacionales de derechos humanos y su aplicación en la jurisdicción nacional. Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Acceso a recursos legales. Debido proceso.
Este caso del Tribunal Supremo fue iniciado con el apoyo de Hakijamii, una organización de derechos humanos con sede en Nairobi que es miembro de la Red-DESC desde 2005. El caso surgió de un pedido de más de mil personas desalojadas de sus hogares ubicados en seis comunidades conocidas comúnmente como Medina, municipalidad de Garissa.
Los peticionantes, incluyendo niños/as, mujeres y personas de tercera edad, fueron desalojados violentamente de las tierras públicas que ocupaban desde la década de 1940. Sus viviendas fueron demolidas por personal de la administración provincial y el Consejo Municipal de Garissa, lo que provocó su exclusión social y económica. Los peticionantes nunca recibieron notificación escrita alguna ni fueron consultados por los demandantes con anterioridad al desalojo. Varias organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales intervinieron por medio de amicus curiae para apoyar a los desalojados, incluyendo el Grupo de Trabajo de Exigibilidad de la Red-DESC.
Al decidir a favor de los peticionantes, el Tribunal Supremo reconoció la interdependencia entre los derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales, destacando la justiciabilidad de estos últimos. El Tribunal destacó que todo tratado ratificado por Kenia forma parte de las leyes del país y basó su decisión no solamente en la nueva Constitución de Kenia sino, también, en los artículos 11 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los artículos 16 y 18 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. La Corte reiteró la justiciabilidad de los DESC al confirmar una violación del derecho a la vida, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho al agua y al saneamiento, el derecho a la salud física y mental, el derecho al agua potable, el derecho a la educación, el derecho a la información, el derecho a decisiones administrativas justas, el derecho a la alimentación y el derecho a no padecer hambre, así como el derecho de las personas de tercera edad a realizar su desarrollo personal, vivir en dignidad, siendo respetadas y libres de abuso, y a gozar de un cuidado razonable. Finalmente, el Tribunal emitió una medida cautelar permanente exigiendo al Estado que permita a los peticionantes volver a sus tierras y reconstruir sus viviendas, y/o que proporcione viviendas alternativas y otras instalaciones, incluyendo escuelas. Asimismo, el Tribunal ordenó que cada uno de los peticionantes debía recibir una compensación por daños y perjuicios de 200.000 kes (aprox. US$2.000).
Los defensores de derechos humanos de Kenia saben que el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con los DESC constituye un desafío con efectos no solamente para las víctimas de las violaciones de los derechos, sino, también, para la implementación de las obligaciones relacionadas con los derechos humanos y los precedentes legales en el ámbito nacional. Por ello, los defensores, incluyendo los que participaron del presente caso por medio de amicus curiae, seguirán de cerca la implementación de esta decisión y trabajarán para lograr su pleno cumplimiento.[1]
[1] Okoth, Dann, "Tiny Garissa community wins legal battle over land ownership", The Standard, 2 de diciembre de 2011, disponible enhttp://www.standardmedia.co.ke/InsidePage.php?id=%202000047712&cid=259&story=Tiny%20Garissa%20community%20wins%20legal%20battle%20over%20land%20ownership
Los defensores celebraron esta decisión, considerando que establece un precedente normativo importante para la promoción de los derechos económicos y sociales en los tribunales nacionales, incluyendo áreas sobre las que anteriormente no se habían expedido los tribunales, como el impacto de los desalojos forzosos sobre el derecho a los servicios de atención médica, el derecho a la información, el derecho a decisiones administrativas justas, el derecho a la alimentación y a la protección contra el hambre y el derecho al agua potable. El Tribunal tomó una medida sin precedentes al ordenar la reconstrucción de las viviendas y edificios demolidos para remediar los casos de desalojos forzosos y al otorgar indemnizaciones por daños y perjuicios.[1]También son importantes las consecuencias relacionadas con asegurar la rendición de cuentas del gobierno respecto de sus decisiones administrativas. Es muy probable que esta decisión tenga trascendencia más allá de los límites de Kenia.[2]
[1] Ibid.
[2]Okoth, Dann, "Groups seek inclusion in community land case",Special Report, Community at Crossroads, Standard del sábado 18 de junio de 2011, disponible enhttp://www.communitylawcentre.org.za/files/evictionskenya.pdf.