Center for Health Human Rights and Development y otros 4 c. Nakaseke District Local Administration, demanda civil Nro. 111 de 2012

El 5 de mayo de 2011, Irene Nanteza llegó al hospital de Nakaseke acompañada de su marido. A pesar de que una enfermera confirmó indicios de que el trabajo de parto estaba obstruido y llamó al médico de guardia, este último no llegó hasta que Nanteza ya había cumplido unas 8 horas de trabajo de parto. La paciente falleció por una hemorragia y ruptura del útero. Aunque la administración del hospital conocía la situación de Nanteza y la ausencia del médico antes de su muerte, el Tribunal señaló que no estaba demostrado que hubiera hecho ningún esfuerzo por trasladarla a otro hospital.

El Tribunal sostuvo que se habían violado los derechos humanos y maternales de Nanteza consagrados en el artículo 33(3) (derechos de la mujer) y los derechos del niño de sus hijos conforme al artículo 34(1) (derecho del niño a “conocer y estar bajo el cuidado de sus padres”) de la Constitución de Uganda. El médico de guardia había incumplido el Código de Conducta y Ética del Servicio Público de Uganda al estar ausente de su trabajo sin permiso o notificación de su supervisor. Dicha ausencia tuvo por consecuencia que la fallecida no obtuviera “la atención obstétrica oportuna, inmediata y de emergencia que necesitaba para superar el ‘parto obstruido’ que padecía”. Teniendo en cuenta la responsabilidad del Gobierno Local del Distrito de Nakaseke de gestionar el hospital y sus empleados (la cual surge de la ley Local Government Act y el artículo 172(2)(g) de la Constitución), el Tribunal concluyó que la Administración Local del Distrito era responsable subsidiaria de la negligencia del médico. Asimismo, el Tribunal comentó con preocupación la omisión del médico y del administrador del hospital como partes, quienes se habían negado a otorgarles indemnizaciones agravadas o ejemplares a las partes demandantes. Sin embargo, también concluyó que el marido y los hijos de Nanteza todavía podían iniciar una demanda penal contra el médico y el administrador por incumplimiento del deber. Habiendo averiguado que el Consejo de Distrito Local apenas contaba con recursos adecuados para sus tareas operativas y de gestión, el Tribunal no dispuso una indemnización punitiva, pero sí el pago de una indemnización general por el monto de 35 millones de chelines de Uganda (aprox. USD 15.000). Al hacerlo, el Tribunal consideró las violaciones de los derechos humanos, la “terrible agonía” que había padecido Nanteza, la angustia de su marido y sus hijos, y la necesidad de impedir la “parálisis” de las operaciones del hospital de referencia del distrito.