Droit des enfants

Onglets principaux

Caselaw

La demandante interpuso una orden de interdicto o tutela dirigida a garantizar el derecho de una menor de 12 años a su salud mental, entre otros derechos. La menor quedó embarazada a principios de 2011 y empezó a presentar síntomas de ansiedad y depresión, según el diagnóstico de varios médicos que recomendaron la interrupción del embarazo.

La madre de una niña con discapacidad intelectual inició una acción de tutela luego de que su hija fuera diagnosticada con déficit cognitivo y microcefalia y no pudiera acceder al programa integral de terapias y educación especial encomendado, debido a la falta de recursos para cubrir dicho servicio.

The mother of an intellectually disabled girl initiated a tutela action because her daughter had been diagnosed with cognitive deficit and microcephaly, and she could not afford the recommended integrated program of therapy and special education. The Constitutional Court accepted to review the case and ordered EPS Coomeva to coordinate with local education agencies to obtain a comprehensive medical assessment of the minor, as well as to determine the medical and educational services required for her disability.

La  acción fue impulsada por una persona sordomuda que había cursado el primer semestre en la Institución Normal Superior del Municipio de Montería para obtener el título de Normalista Superior pero que le fue imposible continuar después del primer año debido a la aplicación de la ley que condiciona la asignación de traductores a las instituciones educativas a la presencia de mínimo 10 estudiantes en situación de discapacidad auditiva (Decreto 366/2009, Artículo 9 par. 3).

Complainant is hearing impaired and had completed the first semester in the Primary School Teacher's College at Montería, but was not able to continue on past the first year because based on the applicable law (paragraph 3, Art 9 of Decree 366/2009) established that a minimum presence of 10 students with hearing disabilities was necessary to require sign language interpreters in educational institutions.

El peticionante es una asociación que representa a más de 150 organizaciones que proveen asistencia a niños de la provincia de Western Cape que padecen discapacidades intelectuales graves y profundas. En esa región, la única educación disponible para estos niños es provista por "Centros de Educación Especial" operados por organizaciones no gubernamentales. La cantidad de Centros de Educación Especial no es suficiente y los niños que no pueden asistir a esos centros no tienen ninguna alternativa.

The applicant is a body that represents over 150 member organizations that provide care for children living in the Western Cape who have severe and profound intellectual disabilities. In the Western Cape, the only available education for children who are severely and profoundly intellectually disabled occurs at "Special Care Centers" operated by non-governmental organizations. There are an insufficient number of such Special Care Centers and the children who are not able to obtain care at these centers receive no care at all.

Esta acción de clase fue iniciada en nombre de los niños de un distrito escolar con una tasa del impuesto a la propiedad relativamente baja y de los cuales el 98% eran niños de ascendencia mexicana. Los peticionantes cuestionaron el hecho de que el Estado de Texas se valga de los impuestos a la propiedad para financiar sus escuelas, lo que significaba que los alumnos de los distritos más pobres recibían solamente dos tercios de los fondos que recibían los alumnos de los distritos más ricos.

This was a class action brought on behalf of children residing in a school district with a comparatively low property tax base - 98% of whom were Mexican-American. The plaintiffs challenged the reliance of the State of Texas on local property taxes to finance schools, which meant that students in poorer districts received only two-thirds of the amount students received in the wealthier districts.

Una de las funciones de la Corte Constitucional de Colombia es revisar las acciones de tutela. La Corte revisa todos los años una pequeña porción de las más de trescientas mil acciones de tutela resueltas por los tribunales inferiores; el 36% de dichas acciones se relacionan con el derecho a la salud, según datos proporcionados para 2005 por la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Colombia. La sentencia T-760 de 2008 acumuló 22 acciones de tutela.