Force exécutoire du ESCR

Onglets principaux

Caselaw

Este caso, en el que la disputa planteó dos elementos, surgió cuando el primer demandado supuestamente compró una propiedad, Angus Mansions, en Johannesburgo. En la demanda inicial, el primer demandado buscaba el desalojo de aproximadamente 300 personas que residían en la propiedad (los solicitantes). La demanda cuestionaba la validez del contrato de compraventa y, consecuentemente, la orden de desalojo.

Una coalición de vecinos envió una carta de petición a la Corte Suprema para cuestionar la construcción por parte del organismo estatal Water and Power Development Authority (WAPDA) de una estación de la red eléctrica en el barrio, concretamente en una propiedad designada como parte del “cinturón verde”.

Los demandantes, beneficiarios del programa federal “Aid to Families with Dependent Children” y del programa del estado de Nueva York “Home Relief”, adujeron que los funcionarios de Nueva York finalizaban o estaban a punto de finalizar sus beneficios bajo los programas sin preaviso o audiencia. Cuando se presentó la demanda, no existían reglas que exigieran notificar a los beneficiarios o citarlos a una audiencia antes de que pierdan sus beneficios. Antes de esta apelación, el estado y la ciudad de Nueva York adoptaron procedimientos de preaviso y audiencia.

El 17 de julio de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) concluyó que el gobierno de Rumania era responsable de violar los derechos humanos de Valentin Câmpeanu, un joven fallecido en 2004 que padecía de serias discapacidades mentales y era VIH positivo. Abandonado al nacer, Câmpeanu vivió en instituciones públicas toda su vida. Cuando cumplió dieciocho años fue transferido a un hogar de asistencia social para adultos y, posteriormente, a un hospital psiquiátrico.

En este caso se unieron dos demandas colectivas presentadas bajo la Ley de Reforma de Litigios Penitenciarios de 1995 (PLRA), la cual permite que los reclusos inicien acciones judiciales por violaciones de derechos constitucionales. Las cárceles de California fueron diseñadas para albergar a unos 80.000 presos, pero a la fecha de la presentación el sistema tenía aproximadamente 156.000 reclusos.

En 2011, los peticionantes presentaron una petición constitucional aduciendo que el gobierno había violado la Constitución de Uganda por medio de actos y omisiones respecto de servicios relacionados con la salud materna. Más específicamente, los peticionantes sostuvieron que el gobierno no había provisto servicios básicos de salud materna y no había presupuestado adecuadamente la salud materna, y que el comportamiento no ético de los trabajadores del sector de la salud conducía a la muerte prevenible de embarazadas durante el parto.

En 2004, la Secretaría de Salud de Botswana distribuyó una directiva interna entre instituciones médicas públicas para informarles de un Decreto Presidencial que autorizaba “el suministro de tratamiento gratis a reclusos que no sean ciudadanos que sufran de enfermedades que no sean el SIDA”. Reclusos de Zimbabwe con VIH positivo presentaron demandas para cuestionar ea decreto después de que se les negaran medicamentos de una terapia antiretroviral (TAR).

In 2004 Botswana’s Secretary of Health circulated an internal directive to public medical facilities informing them of a Presidential Directive authorizing “provision of free treatment to non-citizen prisoners suffering from ailments other than AIDS.” HIV-positive Zimbabwean prisoners filed lawsuits challenging this directive after being denied free Anti-Retroviral Therapy (ARV).

In 2011, the petitioners filed a constitutional petition alleging that the government had violated the Ugandan Constitution through acts and omissions with regard to maternal health services. More specifically, the petitioners contended that the government had failed to provide basic maternal health services and to adequately budget for maternal health and that the unethical behavior of health workers led to the preventable deaths of expectant mothers during childbirth.

This case came before the Supreme Court of India, on appeal, against a Bombay High Court verdict striking down the Maharashtra government’s statewide ban on dance performances in bars. The ban dates back to August 2005, and prohibited ‘any type of dancing' in an "eating house, permit room or beer bar", but made an exception for dance performances in three stars hotels and above, and other elite establishments. The State justified the ban by asserting that bar dancing corrupts morals, fuels trafficking and prostitution, and causes exploitation of women bar dancers.