Droits au logement

Onglets principaux

Caselaw

El Estado de Maharashta y el Consejo Municipal de Bombay decidieron en 1981 desalojar a todas las personas que habitaban en la vía pública y en villas miseria de la ciudad de Bombay. Dichas personas reclamaron que el desalojo violaría su derecho a la vida, ya que al vivir en la ciudad podían ganarse la vida, y que, en caso de que se efectuaran los desalojos, se les debía proveer un lugar donde vivir. La Corte no aceptó ordenar las reparaciones solicitadas por los demandantes, pero entendió que el derecho a una audiencia había sido violado en el momento del desalojo planeado.

La peticionante, Irma Sparks, madre soltera de dos hijos y de raza negra, dependía de la asistencia social y había vivido en viviendas estatales durante diez años. Con un preaviso de un mes, se le comunicó que sería desalojada sin que se indicara la razón. Las viviendas estatales estaban exentas de la garantía de posesión o tenencia prevista por la Residential Tenancies Act (Ley de Alquileres Residenciales).

400 personas que habían sido desalojadas de tierras municipales adyacentes se asentaron en la granja privada Modderklip en el año 2000. En abril de 2001, se emitió una orden de desalojo, pero los ocupantes no tenían dónde ir y no la cumplieron. La cantidad de ocupantes continuaba aumentando y el auxiliar de justicia exigía un depósito de 1,8 millones de rand, monto que superaba el valor de la propiedad, para llevar a cabo el desalojo.   El propietario intentó en vano conseguir ayuda del gobierno nacional.

La municipalidad de Port Elizabeth presentó una solicitud de desalojo en respuesta a una petición de un vecindario contra 68 adultos y niños que ocupaban viviendas precarias montadas en terrenos privados. Los ocupantes habían vivido en terrenos sin infraestructura durante dos a ocho años y estaban dispuestos a abandonar la propiedad con la condición de recibir un preaviso razonable y un terreno alternativo adecuado.

El gobierno sudafricano decidió establecer un campamento temporario en el terreno de la cárcel Leeuwkop (terrenos estatales) para las víctimas de inundaciones del township Alexandra. El plan era que los ocupantes se mudarían a viviendas permanentes cuando éstas estuvieran disponibles. Aparentemente, este plan fue concebido sin consultar a los residentes de la zona y una asociación de residentes, Kyalami Ridge Environmental Association (KREA), solicitó que el ministro competente suspendiera las actividades.

Una comunidad de ocupantes ilegales que había sido desalojada de un asentamiento informal de Wallacedene había construido viviendas precarias de plástico y otros materiales en un centro de deportes vecino al centro comunal de Wallacedene. No tenían ni servicios básicos ni electricidad. Iniciaron una acción legal conforme a los artículos 26 (derecho a una vivienda adecuada) y 28 (derecho del niño a una vivienda) de la Constitución de Sudáfrica demandando una respuesta de varios niveles gubernamentales.

El caso Bhe se refiere a tres causas relacionadas (Bhe, SAHRC y Shibi) para las que se dictó una sentencia común. En la primera causa, el padre de los demandantes, Nonkuleleko y Anelisa Bhe (de 9 y 2 años de edad), había fallecido y la madre (la tercera demandante) inició un juicio para asegurar que la propiedad del difunto pasara a sus hijas. Conforme al principio de primogenitura del derecho consuetudinario africano, así como al artículo 23 de la Black Administration Act, la vivienda debía pasar a manos del pariente varón de mayor edad del padre, en este caso, el abuelo.

Gran cantidad de residentes de basties (asentamientos informales) de la ciudad de Dhaka fueron desalojados sin aviso previo y sus viviendas fueron demolidas con topadoras. Dos residentes y tres ciudadanos presentaron un reclamo cuestionando las demoliciones en nombre del interés público. La Corte Suprema sostuvo que los habitantes tenían ciertos derechos a una vivienda y a una audiencia justa, y emitió recomendaciones para su reasentamiento.

Este caso fue una demanda colectiva iniciada en nombre de hombres sin techo de la zona de Bowery, en Manhattan, con la que se buscaba una medida cautelar temporaria que ordenara a la Ciudad de Nueva York proveer un refugio para dichos hombres. Los demandantes se basaron en el artículo XVII, párrafo 1, de la Constitución del Estado, el cual requiere que el Estado provea “la ayuda, asistencia y apoyo de los necesitados en la manera y por el medio que la legislatura determine periódicamente”.

The appellant Irma Sparks, a single black mother with two children relied on social assistance and had lived in public housing for ten years. She was given one month's notice that she would be evicted with no reason given. Public housing was exempted from the security of tenure provisions of the Residential Tenancies Act.  Sparks alleged the legislation discriminated on the enumerated ground of race and sex and on the “analogous” grounds of marital/family status (single mothers) and poverty/income.