Droits des peuples autochtones

Onglets principaux

Caselaw

A permit was granted by the Central Forestry Board to a private company to quarry stone from the Etela-Riutusvaara mountain. Indigenous members of the Muotkatunturi Herdsmen's Committee asserted that the quarrying of the stone and its transportation through their reindeer herding territory would violate their right to enjoy their culture under Article 27 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una petición contra el Estado de Brasil a favor de los indígenas Yanomami a raíz de la construcción de una carretera y del otorgamiento de permisos de explotación minera en territorio indígena.

La Comunidad Yakye Axa, comunidad indígena paraguaya perteneciente al pueblo Lengua Enxet Sur, denunció al Paraguay ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la omisión estatal de reconocerle la propiedad sobre su territorio ancestral. Ante la imposibilidad de ser resuelto en el ámbito de la Comisión, ésta remitió la denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El pueblo Mapuche Pehuenche, del sector  Alto del Bio Bio, VIII Regioìn de Chile comenzó una larga lucha en defensa de sus derechos cuando el Gobierno de Chile autorizó la construcción de centrales hidroeléctricas que tendrían profundas consecuencias sobre su territorio ancestral y su cultura.

Representatives of the Lamenxay and Kayleyphapopyet indigenous communities, both of the Enxet-Sanapana people, started proceedings aimed at recovering their ancestral land, which had been sold by the Paraguayan State to private persons. After five years of the State's failure to comply with a court decision acknowledging the constitutional land right of one of the communities, in 1996 a petition was filed with the Inter-American Commission on Human Rights against the State of Paraguay.

Representantes de las comunidades indígenas Lamenxay y Kayleyphapopyet, ambas del Pueblo Enxet-Sanapana, iniciaron los trámites administrativos para recuperar las tierras que tradicionalmente habitaron y que habían sido vendidas por el Estado paraguayo a personas particulares. Luego de 5 años de incumplimiento por parte del Estado de una resolución judicial que reivindicaba el derecho constitucional a la tierra de las comunidades, en 1996 se presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado paraguayo.