INFORME Nº 2/02

CASO 12.313
COMUNIDAD INDÍGENA YAXYE AXA DEL PUEBLO ENXET-LENGUA

PARAGUAY

27 de febrero de 2002

 

 

I.         RESUMEN

 

1.       El 10 de enero de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o la “CIDH”) recibió una petición presentada por Tomás Galeano y Esteban López, líderes de la Comunidad Indígena Yaxye Axa del Pueblo Enxet-Lengua, representados por la Organización Tierraviva para los Pueblos Indígenas del Chaco (en adelante “TIERRAVIVA”) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”),  (todos en adelante “los peticionarios"), en favor de la Comunidad Indígena Yaxye Axa del Pueblo Enxet-Lengua y sus miembros, (en adelante la “Comunidad Indígena Yakye Axa” o la “Comunidad Indígena”) y en contra de la República de Paraguay (en adelante el “Estado paraguayo”, “Paraguay” o el “Estado”). En la petición se alega que el Estado paraguayo ha violado los artículos 4 (derecho a la vida), 25 (protección judicial) en relación con el 1.1 (obligación de respetar los derechos), contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o la “Convención Americana”); además, que el Estado desconoció el artículo 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (en adelante “el PIDCP) y los artículos 1(2), 2(1), 4(1) y 5(a) del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante el “Convenio 169"), en perjuicio de la Comunidad Indígena y sus miembros, por no proveer de asistencia integral a la Comunidad mientras dure el proceso de reivindicación de territorio tradicional, no culminar el trámite administrativo de recuperación de tierras y por prohibirles sus actividades económicas tradicionales de subsistencia, esto es, la caza la pesca y la recolección.

 

2.       Con respecto a la admisibilidad, los peticionarios alegan que su petición es admisible, por aplicación de las excepciones contempladas a los requisitos de agotamiento de recursos internos y de plazo de presentación de la petición, previstos en el artículo 46(2) (a) y (b) de la Convención. Por su parte, el Estado desde un inicio ofreció un proceso de solución amistosa y participó activamente en dicho proceso.

 

3.       La Comisión, tras analizar las posiciones de las partes y el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención concluyó que es competente para conocer el reclamo y declaró la petición admisible.

 

II.        TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

 

4.       Con fecha 10 de enero de 2000, la Comisión recibió la petición contra el Estado paraguayo. El 27 de julio de 2000 la Comisión transmitió las partes pertinentes al Estado y solicitó que en 90 días remitiera la información que considerase oportuna.

5.       El 16 de octubre de 2000 el Estado manifiestó su interés de iniciar un proceso de solución amistosa. La Comisión solicitó a los peticionarios sus observaciones.

 

6.       El 1° de marzo de 2001, durante el 110° período de sesiones de la Comisión, se realizó una audiencia con la presencia de representantes de ambas partes y los peticionarios presentaron las bases para el proceso de negociación. El 10 de abril el Estado envió información adicional.

 

7.       El 10 de septiembre de 2001, los peticionarios remitieron notas a la Comisión, en la que informaban su decisión de retirarse del proceso de solución amistosa y solicitaron la adopción de medidas cautelares en favor de la Comunidad Indígena. El 11 de septiembre de 2001 la Comisión solicitó al Estado información sobre la solicitud de medidas cautelares y el 14 sobre la nota de retiro del proceso de solución amistosa. El mismo 14 de septiembre el Estado remitió a la CIDH información sobre la solicitud de medidas cautelares, la que se trasladó a los peticionarios. El 20 y 25 de septiembre de 2001, los peticionarios enviaron sus observaciones.

 

8.       El 26 de septiembre de 2001 la Comisión solicitó al Estado la adopción de medidas cautelares en favor de la Comunidad Indígena Yakye Axa. El 1° de octubre de 2001, los peticionarios remitieron a la Comisión información adicional. El 12 de octubre de 2001, el Estado informó sobre la adopción de las medidas cautelares y la Comisión transmitió las partes pertinentes a los peticionarios. El 2 y 7 de noviembre de 2001, las partes enviaron información adicional.

 

9.       El 12 de noviembre de 2001, durante el 113° período de sesiones de la Comisión, las partes suscribieron un “Acuerdo de Acercamiento de Voluntades”.

 

10.     El 19 de diciembre de 2001, el Estado y los peticionarios, respectivamente, remitieron información adicional, la que fue trasladada a las partes para observaciones. El 2 de enero de 2002, el Estado remitió información adicional, la que fue trasladada a los peticionarios para sus observaciones. El día 19 de enero de 2002, los peticionarios comunicaron su decisión de retirarse del proceso de solución amistosa, nota que fue trasladada al Estado el 22 de enero de 2002.

 

A.        Medidas cautelares

 

11.     El 11 de septiembre de 2001, los peticionarios solicitaron a la Comisión la adopción de medidas cautelares en favor de la Comunidad Indígena Yakye Axa, en atención a “graves acontecimientos registrados en las últimas horas y que ponen en serio riesgo la seguridad de las familias de la Comunidad y su integridad”. Expresaron que el Juez del Juzgado Penal de Liquidación y Sentencia de la Circunscripción Judicial de Concepción, en causa sobre “Averiguación s/ invasión de inmueble ajeno, coacción grave y hurto en la Estancia Loma Verde”, ordenó el levantamiento de las viviendas de los miembros de la Comunidad Indígena, ubicadas en una franja de dominio público de uso y jurisdicción de la Dirección de Vialidad. Agregan que en el marco del proceso de solución amistosa el Estado se comprometió a garantizar la ocupación pacífica de esa área por parte de los comuneros.[1] Sin embargo, el día 29 de agosto el Instituto Nacional del Indígena (en adelante “INDI”), fue notificado por el tribunal mencionado de la resolución que le ordenaba, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio del Interior, ejecutar el levantamiento de las viviendas de la Comunidad. Informaron los peticionarios que en dicho juicio contra la Comunidad, no se les permitió designar abogado. Por lo anterior, expresaron que la Comunidad se encontraba en una situación de absoluta indefensión y podría ser desalojada en las próximas horas. La solicitud de medidas fue trasladada al Estado el 11 de septiembre de 2001, para que informara a la Comisión en 4 días.

 

12.     El 26 de septiembre de 2001, la Comisión, teniendo presente la información recibida del Estado y de los peticionarios, solicitó la adopción de medidas cautelares en favor de la Comunidad Indígena Yakye Axa:

 

1.   Suspender la ejecución de cualquier orden judicial o administrativa que implique el desalojo y/o el levantamiento de las viviendas de la Comunidad Indígena Yaxye Axa y de sus miembros, hasta tanto los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos hayan examinado la presente petición y adoptado una decisión definitiva sobre el fondo del asunto.

 

2.   Abstenerse de realizar cualquier otro acto o actuación, que afecte el derecho a la propiedad y a la circulación y residencia de la Comunidad Indígena Yakye Axa y de sus miembros.

 

3.   Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad física, psíquica y moral de los miembros de la Comunidad Indígena Yakye Axa, teniendo presente los fundamentos y disposiciones del Decreto Presidencial N° 3789 de fecha 23 de junio de 1999.

 

13.     El 12 de octubre de 2001, el Estado informó a la CIDH sobre la adopción de las medidas cautelares, expresando que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Ministro encargado de cuestiones relativas a Derechos Humanos, Dr. Raúl Sapena Brugada, solicitó el expediente al juez que decretó el levantamiento de las viviendas de la Comunidad Indígena y pidió a los Ministerios de Obras Públicas y del Interior suspender todo trámite de desalojo de la Comunidad Yakye Axa.

 

14.     El 2 de noviembre de 2001, los peticionarios informaron a la Comisión que valoraban las medidas adoptadas por el Presidente de la Corte Suprema, las que fueron oportunas y adoptadas con celeridad, acorde a la gravedad de la situación planteada. Agregaron en su nota que la adopción por parte del Estado de las medidas cautelares solicitadas por la CIDH había sido parcial, considerando que la resolución judicial que ordenaba el levantamiento de las viviendas de la Comunidad no había sido revocada, que no se había asegurado la ocupación pacífica del lugar donde se encontraba la Comunidad y que no se habían implementado las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad física, psíquica y moral de los miembros de la Comunidad.

 

B.        Proceso de solución amistosa

 

15.     En su primer escrito de observaciones, el Estado solicitó a la CIDH que  se pusiera a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa. En el marco de este proceso, las partes realizaron reuniones en Asunción, Paraguay. En la reunión de fecha 27 de marzo de 2001 se resolvió el reconocimiento de las tierras reivindicadas por la Comunidad Indígena como parte de su hábitat tradicional, fundado en el informe antropológico elaborado por el antropólogo Chase Sardi, a solicitud del INDI.[2]

 

16.     El 10 de septiembre de 2001, los peticionarios informaron a la CIDH su decisión de retirarse del proceso de negociación, atendiendo los resultados hasta la fecha obtenidos y las posibilidades de solución del asunto por esa vía. Fundamentaron su decisión en que si bien el Estado reconoció el derecho ancestral de la comunidad sobre las tierras que reivindican, no se habían adoptado medidas que representaran la reparación, o al menos un principio de reparación efectiva, de los derechos humanos conculcados a la Comunidad. Expresaron que contrariamente a la voluntad manifestada por el Estado, actualmente existía una orden de levantamiento de las viviendas de la Comunidad, emitida por un  Juez de la Circunscripción Judicial de Concepción.

 

17.     Durante la reunión de Trabajo realizada ante la CIDH el 12 de noviembre de 2001, las partes suscribieron un “Acuerdo de Acercamiento de Voluntades”, obligándose a informar a la Comisión sobre el cumplimiento de los compromisos. El 19 de diciembre de 2001 las partes informaron a la Comisión sobre las gestiones realizadas en el marco del cumplimiento del acuerdo mencionado.

 

18.     En virtud de los términos expresados en la nota enviada por el Estado con fecha 2 de enero de 2002, los peticionarios informaron a la Comisión su decisión de retirarse del proceso de solución amistosa, decisión que fue tomada por la Asamblea de la Comunidad Indígena Yakye Axa.

 

III.      POSICIONES DE LAS PARTES

 

A.        Los peticionarios

 

19.     Los peticionarios alegan que el Estado de Paraguay ha violado los artículos 4 y 25, en relación con el 1(1) de la Convención; además, que el Estado desconoció el artículo 27 del PIDCP y los artículos 1(2), 2(1), 4(1) y 5.a del Convenio 169, en perjuicio de la Comunidad Indígena Yakye Axa, del Pueblo Enxet-Lengua y sus miembros, por no proveer de asistencia integral a la Comunidad mientras esté pendiente el proceso de reivindicación de territorio tradicional, no culminar el trámite administrativo de recuperación de tierras y por prohibirles sus actividades económicas tradicionales de subsistencia, esto es, la caza, la pesca y la recolección.

 

20.     Los peticionarios expresan que la Comunidad Indígena Yakye Axa pertenece al Pueblo Exet-Lengua, que sus integrantes son cazadores y recolectores y que dichas actividades las han practicado históricamente en su hábitat tradicional. Agregan que la Comunidad está constituida por 47 familias[3] y desde el año 1996 se encuentra asentada en el kilómetro 80, a la vera de la ruta que une Pozo Colorado con Concepción, frente a la Estancia Loma Verde, Departamento de Presidente Hayes, donde está el territorio que reivindican como ancestral o hábitat tradicional.

 

21.     Respecto del proceso de recuperación de su territorio ancestral, alegan que en el año 1993 iniciaron las gestiones administrativas y judiciales pertinentes, sin embargo, el proceso continúa pendiente, a pesar que la Constitución Política de Paraguay reconoce la existencia de los pueblos indígenas, definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo y contempla que es deber del Estado proveer gratuitamente de propiedad comunitaria a los pueblos indígenas “en la extensión y calidad suficientes para la conservación y desarrollo de sus peculiares formas de vida”.[4]

 

22.     Alegan en la denuncia que el lugar donde actualmente está instalada la Comunidad Indígena es inapto para la vida de las familias que la integran. Expresan que el humo de los automóviles y el polvo constante que levanta el tránsito fluido y permanente ha generado graves consecuencias en la salud de sus habitantes más vulnerables, esto es los niños y los ancianos. Expresan que la mayoría de los niños de la comunidad presentan enfermedades respiratorias, las que no son tratadas por la falta de asistencia médica y sanitaria, situación agravada por la falta de recursos alimentarios, dado que los miembros de la comunidad tienen prohibido por orden judicial cazar y pescar en las tierras que reivindican como ancestrales, lo que les impide proveer a sus familias de alimentos básicos. Señalan que han fallecido 4 personas en la Comunidad por causa de enfermedades bronco-respiratorias.

 

23.     La grave situación sanitaria y alimenticia que vive la Comunidad fue reconocida por el Estado de Paraguay, cuando el 23 de junio de 1999 dictó el Decreto N° 3789/99, declarando en estado de emergencia a la comunidad y ordenando se les otorgara ayuda sanitaria y alimenticia, mientras durara el proceso de reivindicación de la tierra.

 

24.     Expresan los peticionarios que la situación deplorable en la que viven los miembros de la Comunidad Indígena fue constatada por la CIDH, en el marco de la visita in loco a Paraguay realizada en 1999.[5]

 

25.     A pesar del reconocimiento expreso del Estado, a través del decreto antes mencionado, de la situación de emergencia en que se encuentra la Comunidad Indígena, la “provisión de atención médica y alimentaria” ordenada por el Presidente de la República para las familias de la Comunidad ha sido escasa y deficitaria.

 

26.     En relación con el proceso de solución amistosa iniciado ante la CIDH en el marco de esta denuncia, los peticionarios, con fecha 19 de enero de 2002, informaron que se retiraban de la negociación, por decisión de los miembros de la Comunidad, en atención a que continuar en ella sólo significaría una dilación de cualquier solución.

 

B.        El Estado

 

27.     El Estado manifestó en su primer escrito de observaciones a la denuncia su interés de iniciar un proceso de solución amistosa; asimismo, adelantó su disposición de instalar una mesa de diálogo con los peticionarios a fin de llegar a un buen entendimiento con respecto a esta petición, teniendo presente la experiencia en el trámite del caso de las  Comunidades Indígenas Enxet-Lamenxay y Kayleyphapopyet - Riachito, N° 11.173.

 

          28.     Asimismo, el Estado informó a la Comisión sobre el Decreto Presidencial N° 3789/99, del 23 de junio de 1999, que declaró en estado de emergencia a la Comunidad Yakye Axa y ordenó se le otorgara ayuda sanitaria y alimenticia. En sus partes pertinentes, el Decreto establece:

 

Que, por su parte, la comunidad Yakye Axa del Pueblo Enxet Lengua, en un número de cincuenta y siete familias intenta reivindicar 15.000 hectáreas de su territorio tradicional, aguardando así mismo la solución a su reclamo, estableciéndose los mismos frente a las tierras solicitadas, en la franja de seguridad del mismo tramo pozo Colorado – Concepción del Km. 80.

 

Que, estas comunidades se hallan privadas al acceso a los medios de subsistencia tradicionales ligados a su identidad cultural, por la prohibición de los propietarios al ingreso de estos en el hábitat reclamado como parte de sus territorios ancestrales.

Que, esta circunstancia dirimida actualmente en instancias administrativas y judiciales, dificulta el normal desenvolvimiento de la vida de dichas comunidades nativas, en razón de la falta de medios de alimentación y de asistencia médica, mínimo e indispensables, es una preocupación del Gobierno que exige una respuesta urgente a los mismos.

 

Que, siendo de interés público la tutela de preservación de los pueblos indígenas de la nación conforme claras disposiciones contenidas en el capítulo V de la Constitución Nacional, las leyes 904/84 “Estatuto de las comunidades indígenas” y 234/93 “Que aprueba el Convenio 169 de la OIT”, y siendo obligación del Estado proveer de asistencia pública y socorro para prevenir o tratar casos de necesidades perentorias, conforme dispone así mismo la normativa señalada, corresponde a los efectos de ejecutar a las Comunidades Indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa.

 

POR TANTO,

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY DECRETA:

 

Artículo 1° Declárese en estado de emergencia a las comunidades indígenas Yaxye Axa y Sawhoyamaxa del Pueblo Enxet Lengua del Distrito de Pozo Colorado del Departamento de Presidente Hayes, Chaco Paraguayo.

Artículo 2° Dispóngase que el Instituto Paraguayo del Indígena conjuntamente con los Ministerios del Interior y de Salud Pública y Bienestar Social ejecuten las acciones que correspondan para la inmediata provisión de atención médica y alimentaria a las familias integrantes de las comunidades señaladas, durante el tiempo que duren los trámites judiciales referente a la legislación de las tierras reclamadas como parte del hábitat tradicional de las mismas.[6]

 

          29.     En relación con el proceso de reivindicación de tierras, el Estado informó que las tierras reivindicadas por la Comunidad Indígena fueron declaradas parte de su hábitat tradicional.

 

          30.     El Estado participó activamente en las reuniones celebradas entre las partes en Asunción y en Washington D.C.

 

IV.       ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD

 

A.        Competencia ratione loci, ratione personae, ratione temporis y ratione materiae de la Comisión

 

31.     Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la Comisión. Dicha petición señala como presuntas víctimas a personas individuales,[7] respecto a quienes el Estado de Paraguay se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención. En lo concerniente al Estado, la Comisión observa que Paraguay es Estado Parte de la Convención Americana, al haberla ratificado el 24 de agosto de 1989.  Por tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la denuncia.

                                                                                                                 

          32.     La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer esta petición por cuanto en la misma se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte. 

 

          33.     La Comisión tiene competencia ratione temporis, por cuanto los hechos alegados en la petición tuvieron lugar cuando la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención ya se encontraba en vigor para el Estado de Paraguay.

 

34.     Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae porque en la petición se denuncian violaciones a derechos humanos contenidos en la Convención Americana.

 

35.     Respecto de lo planteado por los peticionarios en la denuncia, sobre que se declare que el Estado de Paraguay desconoció el artículo 27 del PIDCP y los artículos 1(2), 2(1), 4(1) y 5(a) del Convenio 169 de la OIT, la Comisión carece de competencia al respecto, sin perjuicio de lo cual puede y debe utilizarlos como pauta de interpretación de las obligaciones convencionales, a luz de lo establecido en el artículo 29 de la Convención.

 

B.        Requisitos de admisibilidad

 

1.         Agotamiento de los recursos internos

 

36.     El artículo 46(1)(a) de la Convención establece como requisito para que una petición sea admitida que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos. El artículo 46(2) de la Convención Americana establece que la disposición del artículo 46 (1)(a) no se aplicará cuando: a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

 

37.     En relación con la recuperación del territorio ancestral de la Comunidad Indígena,  principal aspecto de la petición, los peticionarios alegan que en 1993 iniciaron los trámites contemplados en la legislación interna de Paraguay para tal objeto. En el Instituto de Bienestar Rural (IBR), se inició el trámite del expediente N° 7261/93, en el que interviene también el INDI. Señalan que han transcurrido más de 8 años desde que iniciaron las gestiones y hasta la fecha la Comunidad no ha sido proveída de sus tierras. Esto implica que el procedimiento lleva más de ocho años sin haber finalizado.

 

          38.     Por lo tanto, dadas las características del presente caso, la Comisión considera que resulta aplicable la excepción prevista en el artículo 46(2)(c) de la Convención Americana, por lo que los requisitos previstos en la Convención Americana en materia de agotamiento de los recursos internos no resultan aplicables.

 

          2.         Plazo de presentación

 

39.     Conforme al artículo 46(1)(b) de la Convención Americana, la regla general es que una petición debe ser presentada en el plazo de seis meses que se cuentan “a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva”. Conforme al artículo 32(2) del Reglamento de la Comisión, este plazo no se aplica cuando hay excepciones a la regla del previo agotamiento de los recursos. En tal supuesto, el Reglamento prevé que la petición debe ser presentada dentro de un plazo razonable, tomando en cuenta la fecha de la presunta violación y las circunstancias especiales del caso.

 

40.     La Comisión observa que han transcurrido más de 8 años desde que los representantes de la Comunidad Indígena Yakye Axa iniciaron los trámites para la recuperación de sus tierras ancestrales, sin que hasta la fecha la autoridad correspondiente haya resuelto tal petición y que al aplicarse la excepción de retardo injustificado, no existe una decisión definitiva en la jurisdicción interna. Por lo anterior, la CIDH considera que la petición fue presentada dentro del plazo razonable establecido por la Convención.

 

3.         Duplicación de procedimientos y cosa juzgada

 

41.     Los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención establecen como requisitos de admisibilidad que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional y que no sea la reproducción sustancial de una petición anterior ya examinada por la Comisión o por otro organismo internacional.

 

42.     No surge del expediente que la materia de la petición esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional ni que reproduzca una petición ya examinada por la Comisión o por otro organismo internacional.

 

43.     Por lo tanto, la Comisión concluye que se han cumplido los requisitos establecidos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención.

 

4.         Caracterización de los hechos alegados

 

44.     El artículo 47(b) de la Convención establece que será inadmisible toda petición que “no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por la Convención”.

 

45.     La Comisión considera que las alegaciones de los peticionarios, de ser probadas, podrían caracterizar una violación a los derechos garantizados en los artículos 4 y 25 de la Convención, en concordancia con su artículo 1(1) del mismo instrumento internacional. Asimismo, la Comisión nota que los peticionarios no alegaron violaciones de los artículos 21 y 8. La CIDH considera que no es necesario que las peticiones señalen todos y cada uno de los derechos supuestamente conculcados. A este respecto especialmente, y a la luz de la reciente jurisprudencia de la Corte[8] sobre el derecho de propiedad indígena, la Comisión concluye que las alegaciones de los peticionarios podrían caracterizar una violación a los artículos 21 y 8 de la Convención.

 

46.     Con fundamento en lo expuesto, la Comisión considera satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 47(b) y (c) de la Convención Americana.

 

V.        CONCLUSIONES

 

47.     La Comisión concluye que tiene competencia para conocer la  denuncia presentada por los peticionarios y que la petición es admisible de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención.

 

48.     Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión,

 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,

 

DECIDE:

 

1.         Declarar admisible la denuncia de los peticionarios sobre la presunta violación de los artículos 4, 21, 25, 8 y 1(1) de la Convención Americana en perjuicio de la Comunidad Indígena Yaxye Axa del Pueblo Enxet-Lengua y sus miembros.

 

2.          Notificar esta decisión al Estado de Paraguay y a los peticionarios.

 

3.          Continuar con el análisis de fondo del caso; y

 

4.          Publicar esta decisión e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.

 

Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los 27 días del mes de febrero de 2002. (Firmado):, Juan Méndez, Presidente; Marta Altolaguirre, Primera Vicepresidenta; José Zalaquett, Segundo Vicepresidente; Comisionados: Robert K. Goldman, Julio Prado Vallejo y Clare K. Roberts.