Enforcement/Implementation of ESCR

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Caselaw

Airey buscó la separación judicial de su marido, quien la maltrataba físicamente. Como no pudo llegar a un acuerdo de separación con él, solicitó al juez que ordenara la separación. Esto le fue imposible, porque no contaba con los medios económicos, al no haber asesoramiento jurídico gratuito, para contratar un abogado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que se trataba de una violación a su derecho a tener acceso al sistema judicial para que se dictamine sobre sus derechos y obligaciones civiles (Artículo 6).

The Ombudsman filed an amparo action against the Ministry of Environment and Sociedad Occidental de Colombia Inc. on behalf of the U'wa people. The presentation sought the revocation of a license granted to the said company to develop an oil project in indigenous lands, alleging the communities potentially affected by the decision had not been duly consulted before the license had been granted.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una petición contra el Estado de Guatemala por el secuestro, tortura y muerte de cuatro menores y por el asesinato de otro menor en 1990 en la ciudad de Guatemala por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y por la omisión estatal en brindar una adecuada protección judicial a las familias de las víctimas.

El Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), en representación del Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud y de los trabajadores afiliados, denunció ante la CIDH al Estado ecuatoriano, por incumplir la obligación de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este incumplimiento radicaba en las reducciones sistemáticas del presupuesto nacional en materia de salud y su consecuente impacto en la salud y la vida de los grupos más vulnerables de la sociedad.

El Defensor del Pueblo presentó una acción de tutela contra el Ministerio de Medio Ambiente y la empresa Sociedad Occidental de Colombia Inc., en representación del Pueblo U'wa. La presentación perseguía la revocación de un permiso otorgado a la empresa demandada para la explotación de hidrocarburos en territorios tradicionales indígenas (ver en esta Base de Datos “Defensor del Pueblo, doctor Jaime Córdoba Triviño (en representación de varias personas integrantes del Grupo Etnico Indígena U'WA) c/ Ministerio del Medio Ambiente y Occidental de Colombia, Inc. s. Acción de tutela”).

Una comunidad de ocupantes ilegales que había sido desalojada de un asentamiento informal de Wallacedene había construido viviendas precarias de plástico y otros materiales en un centro de deportes vecino al centro comunal de Wallacedene. No tenían ni servicios básicos ni electricidad. Iniciaron una acción legal conforme a los artículos 26 (derecho a una vivienda adecuada) y 28 (derecho del niño a una vivienda) de la Constitución de Sudáfrica demandando una respuesta de varios niveles gubernamentales.

Sudáfrica padece una epidemia de VIH/SIDA en la que más de 6 millones de personas están infectadas. En el año 2000, con 80.000 infecciones de recién nacidos por año, la droga anti-retroviral Nevirapin ofrecía la posibilidad de prevenir la infección de 30 a 40 mil niños al año. Aunque el gobierno la recibió gratis durante cinco años, anunció que introduciría el tratamiento contra la transmisión intrauterina únicamente en algunos lugares piloto y que postergaría el inicio del tratamiento durante un año, lo que equivalía a negarles el tratamiento a la mayoría de las madres.

The Mapuche Pehuenche people of the Upper Bío Bío sector, in the Eighth Region of Chile, started a long fight to defend their rights when the Government of Chile authorized the construction of hydroelectric plants that would have deep consequences on their ancestral land and culture.

Comité Panameño por los Derechos Humanos denounced the State of Panama before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) for having arbitrarily laid off 270 public officials and union leaders who had taken part in several rallies against the administration's policies and to defend their labor rights. The lay-offs had followed an accusation made by the Government against the same individuals based on their participation in the demonstrations and on their alleged collaboration with a military uprising.

The Yakye Axa community, a Paraguayan indigenous community belonging to the Lengua Enxet Sur people, filed a complaint with the Inter-American Commission of Human Rights (IACHR) alleging Paraguay had failed to acknowledge its right to property over ancestral land. Given its impossibility to solve the case, the Commission referred it to the Inter-American Court of Human Rights.