Enforcement/Implementation of ESCR

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Caselaw

Rusi Kosev Stanev was diagnosed with schizophrenia in 1975 and declared unfit to work in 1990. In 2000, following a request from his stepmother and half-sister, a court declared him partially legally incapacitated without notifying him. Since his relatives declined guardianship, a municipal council officer was appointed his guardian. Without informing Stanev, the guardian requested that he be placed in a social care home for 'people with mental disorders'.

En 2010, Daniel Ng’etich y Patrick Kipng’etich Kirui fueron arrestados por el Oficial de Salud Pública, Coordinador del Rastreo de Incumplidores del Programa contra la Tuberculosis del Distrito Central de Nandi, quien solicitó su encarcelamiento ante un juez, aduciendo que no habían tomado la medicación contra la tuberculosis que se les había prescrito. Conforme al artículo 27 de la Ley de Salud Pública, el juez ordenó que los dos hombres fueran encarcelados durante ocho meses o un periodo satisfactorio para su tratamiento. Permanecieron en la cárcel durante 46 días. 

In 2010, Daniel Ng’etich and Patrick Kipng’etich Kirui were arrested by the Public Health Officer, Nandi Central District Tuberculosis Defaulter Tracing Coordinator, who applied to a Magistrate for their imprisonment, alleging that they had failed to take prescribed TB medication. Pursuant to Section 27 of the Public Health Act, the Magistrate ordered that the men be confined for eight months or a satisfactory period for treatment. They remained in prison for 46 days.

El 2002, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH o Comité) aceptó la comunicación como admisible para su consideración. El caso se refiere a la situación de K.L., una mujer de 17 años de edad que estaba embarazada y cuyo feto padecía de anencefalia. La anencefalia es una enfermedad incompatible con la vida del feto y que amenaza la salud de la embarazada. Su médico le informó a K.L. que las complicaciones del embarazo la exponían al riesgo de muerte. Siguiendo este consejo, ella decidió poner fin al embarazo.

In 2002, the UN Human Rights Committee (HRC) accepted this communication as admissible for consideration. This case concerns the plight of K.L., a 17-year-old who was pregnant with an anencephalic foetus. Anencephalia is a condition incompatible with life for the fetus, and that jeopardizes the pregnant woman's health. Her doctor informed K.L. that her pregnancy complications exposed her to a life-threatening risk.  Upon his advice, she decided to terminate her pregnancy.

Habiéndose agotado todas las vías legales de recurso disponibles en la República de Corea (Corea), en 2012 se presentó esta comunicación ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (Comité). El caso se refiere al análisis de VIH/SIDA y uso de drogas ilegales exigido a profesores extranjeros de inglés en Corea. Los docentes que poseen la ciudadanía coreana y que, aunque no la posean, son de origen coreano no están obligados a someterse a dichos análisis.

Following the exhaustion of available legal avenues of redress in the Republic of Korea (Korea), this communication was submitted before the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (Committee) in 2012. The case concerns mandatory tests for HIV/AIDS and illegal drugs use required of foreign teachers of English in Korea. Korean citizen teachers and ethnic Korean noncitizen teachers are not required to undergo such scrutiny.

Rudul Sah fue arrestado en 1953 acusado de asesinar a su esposa. Fue declarado inocente por un Juez de Sesiones Adicional en 1968, quien ordenó su liberación de prisión, dejando pendiente otras directivas. Rudul Sah languideció en la cárcel 14 años más después de haber sido declarado inocente hasta que su situación fue destacada por los medios en 1982 y se presentó la causa de interés público en su nombre.

Los apelantes ocupan edificios en muy mal estado ubicados sobre tierras que pertenecen a la municipalidad local de Rustenburg. Desde 2004 la municipalidad tiene planes para desarrollar las tierras. La municipalidad se reunió con los residentes varias veces para discutir el plan de desarrollo y para obtener su consentimiento, pero no logró tal consenso. Los residentes se negaron a abandonar sus hogares y a aceptar viviendas alternativas.

En este litigio de interés público, presentado a través del artículo 32 de la Constitución de la India en forma directa ante la Corte Suprema del país, se solicitó a la Corte que ordene al estado de Uttar Pradesh tomar medidas para poner fin al trabajo de menores.