Gender equality

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Caselaw

La demandante interpuso una orden de interdicto o tutela dirigida a garantizar el derecho de una menor de 12 años a su salud mental, entre otros derechos. La menor quedó embarazada a principios de 2011 y empezó a presentar síntomas de ansiedad y depresión, según el diagnóstico de varios médicos que recomendaron la interrupción del embarazo.

Este caso se presentó en nombre de Shanti Devi, una mujer pobre que pertenecía a una "casta programada" (scheduled caste[1]), después de que muriera como consecuencia de que le fuera negada la asistencia médica durante el embarazo a pesar de que cumplía los requisitos para recibir servicios gratis conforme a los planes estatales

This case was brought on behalf of Shanti Devi, a women living in poverty from a Scheduled Caste, after she died as the result of being refused adequate maternal healthcare despite the fact that she qualified for the free services under existing state-sponsored schemes. In 2008, Shanti Devi was forced to carry a dead fetus in her womb for five days after being denied medical treatment at several hospitals because her husband was unable to show a valid ration card for medical services, despite being qualified for one as they lived below the poverty line.

Sandra Lovelace, una mujer indígena de la tribu maliseet, vivió con sus padres en la reserva Tobique hasta que se casó con un hombre que no era indígena. El matrimonio se separó y la Sra. Lovelace volvió a la reserva para vivir con sus padres, pero no pudo comprarse una vivienda en la reserva porque el consejo daba prioridad a los miembros del grupo.

Sandra Lovelace, a Maliseet Indian, lived on the Tobique Reservation with her parents until she married a non-Indian man. The marriage ended, and Ms. Lovelace returned to the reservation to live with her parents, however, she could not purchase a home on the reserve because the council prioritized housing for members of the group.

En el sistema SSPA en Hong Kong, los niños son evaluados y ubicados en las escuelas secundarias correspondientes sobre la base del puntaje obtenido en una Evaluación Interna (EI) y una Prueba de Aptitud Académica (PAA). Sin embargo, los puntajes de la EI y la PAA eran evaluados y analizados en base al sexo, en particular porque las niñas solían tener un mejor desempeño en la porción de la Evaluación Interna y los varones en la Prueba de Aptitud Académica.

Under the SSPA system in Hong Kong, children are evaluated and placed into corresponding secondary schools based upon an Internal Assessment (IA) and an Academic Aptitude Test (AAT). placed into secondary schools based on those scores.  However, the IA and AAT scores were evaluated and analyzed based on sex, particularly because girls typically scored higher on the Internal Assessment portion and boys faired better on the Academic Aptitude standardized test.

La legislación otorgaba a los receptores de beneficios de seguridad social el derecho a un subsidio en concepto de combustible para el invierno. El subsidio estaba disponible para mujeres de por lo menos 60 años y hombres de por lo menos 65. El Sr. Taylor tenía 62 años y presentó un reclamo aduciendo que la legislación no cumplía con la Directiva del Consejo de la Unión Europea sobre la aplicación progresiva del principio de la igualdad de hombres y mujeres en cuestiones de seguridad social.

La señora Zwaan de Wries quedó desempleada en febrero de 1979 y se le otorgaron beneficios de desempleo hasta octubre del mismo año, pero se le negó la asistencia continua prevista por la Ley de Beneficios de Desempleo (WWV) porque era casada y no era el “sostén de familia”. Los hombres casados podían acceder a los beneficios sin tener que probar que fueran el “sostén de familia”.

Airey buscó la separación judicial de su marido, quien la maltrataba físicamente. Como no pudo llegar a un acuerdo de separación con él, solicitó al juez que ordenara la separación. Esto le fue imposible, porque no contaba con los medios económicos, al no haber asesoramiento jurídico gratuito, para contratar un abogado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que se trataba de una violación a su derecho a tener acceso al sistema judicial para que se dictamine sobre sus derechos y obligaciones civiles (Artículo 6).