Health (Right to)

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Caselaw

Cinco presentaciones conjuntas denunciaron la existencia de casos de esclavitud y prácticas similares en Mauritania y de discriminación racial institucionalizada perpetrada por la comunidad mauritana gobernante contra la comunidad negra más numerosa. Se denunció, entre otras cosas, que los mauritanos negros estaban siendo objeto de prácticas de esclavitud, desalojos periódicos o desplazamiento forzoso de sus tierras, que eran confiscadas por el gobierno junto con su ganado.

La presentación denunció que el gobierno militar de Nigeria era responsable de, entre otras cosas, violaciones del derecho a la salud, el derecho a disponer de la riqueza y los recursos naturales, el derecho a un medio ambiente limpio y los derechos de familia, debido a que condonaba y facilitaba las operaciones de empresas petroleras en tierras del pueblo ogoni.  

FIDH denunció que Francia había violado el derecho a asistencia médica (artículo 13 de la Carta Social Europea Modificada) al eliminar la excepción que favorecía a los inmigrantes ilegales con muy bajos ingresos de pagar cargos por tratamiento médico y hospitalario. También denunció que una reforma legislativa de 2002 que restringía el acceso a servicios médicos por parte de los hijos de inmigrantes ilegales violaba los derechos de los niños a ser protegidos (artículo 17). El Comité opinó que Francia había violado los derechos de los niños, pero no los de los adultos.

Several non governmental organizations filed a protection action due to poor clinical and surgical treatment of children with congenital heart conditions treated at the J. M. de los Ríos Children's Hospital in Caracas. The action was based on the rights to life and to health enshrined in the Constitution, human rights treaties, and the Children and Adolescents Protection Law. Children had to wait for a long time to get surgery appointments. Some died while waiting and others who did get an appointment died for not being operated earlier.

Between December 27, 1995 and September 30, 1999, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) received numerous petitions filed by retired persons and several non-governmental organizations.  The petitions claimed violations of the rights to effective judicial remedy, due legal process, property, social security, health, well-being and equal protection, which are enshrined in the American Declaration on the Rights and Duties of Man (ADRDM) and in the American Convention on Human Rights (ACHR).

A group of persons living with HIV and covered by Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) filed an amparo action against IVSS requesting it to ensure regular and consistent supply of triple-therapy drugs and other drugs needed to treat opportunistic diseases, as well as to provide coverage of expenses of all necessary medical tests. The petitioners also requested that the effect of the decision be extended to all HIV-positive persons covered by IVSS.

A petition was filed with the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) against the State of Brazil and in favor of the Yanomami indigenous community.

El Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), en representación del Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud y de los trabajadores afiliados, denunció ante la CIDH al Estado ecuatoriano, por incumplir la obligación de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este incumplimiento radicaba en las reducciones sistemáticas del presupuesto nacional en materia de salud y su consecuente impacto en la salud y la vida de los grupos más vulnerables de la sociedad.

In its 39th session (May 16-June 3 2005), the Committee on the Rights of the Child, the supervisory body of the International Convention on the Rights of the Child (CRC), issued its opinion on a possible incompatibility between the CRC and the standards in the free trade agreement being negotiated by Ecuador, Colombia and Peru, and the U.S. The Committee expressed concern about the possibility that the proposed intellectual property standards undermine the State's ability to ensure access to low cost drugs and to fulfill its obligations under international human rights law.

Sudáfrica padece una epidemia de VIH/SIDA en la que más de 6 millones de personas están infectadas. En el año 2000, con 80.000 infecciones de recién nacidos por año, la droga anti-retroviral Nevirapin ofrecía la posibilidad de prevenir la infección de 30 a 40 mil niños al año. Aunque el gobierno la recibió gratis durante cinco años, anunció que introduciría el tratamiento contra la transmisión intrauterina únicamente en algunos lugares piloto y que postergaría el inicio del tratamiento durante un año, lo que equivalía a negarles el tratamiento a la mayoría de las madres.