Health (Right to)

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Caselaw

Neuquén Province's Official Defender of Minors filed an amparo action to protect the health of children and youth in the indigenous Mapuche community of Paynemil, because they had been exposed to water contaminated with lead and mercury. The applicant requested that the State be ordered to provide enough drinking water to ensure the survival of the affected community, to conduct the diagnosis and treatment of affected minors, and to adopt adequate measures to prevent future soil and water contamination.

Neuquén Province's Official Defender of Minors filed a complaint with the IACHD alleging violation of children's right to the protection required by their status as minors, as well as of rights to health, a healthy environment, land ownership and effective remedy. The Official Defender had filed an amparo action to protect the health of children and youth in the Paynemil Mapuche community exposed to consumption of water contaminated with lead and mercury.

An HIV/AIDS-positive person submitted an amparo action with Peru's Health Ministry requesting full medical care, including permanent supply of drugs and periodical testing, as well as CD4 and viral load tests. The petitioner alleged to lack enough financial resources to face the high cost of the treatment. The Court accepted the amparo action and ordered government agencies to comply with Article 8 of Law 26626, which set forth that a Plan to Fight AIDS should have top priority in the budget.

Mariela Viceconte interpuso una acción de amparo colectivo con la intención de obligar al Estado argentino a fabricar la vacuna Candid 1. Fundó el pedido en su derecho a la salud y en el derecho a la salud de las personas en riesgo de contraer la enfermedad “Fiebre Hemorrágica Argentina”, quienes suman en el país, aproximadamente, 3.500.000.

Varias organizaciones no gubernamentales presentaron una acción de protección por el deficiente tratamiento terapéutico y quirúrgico de los niños/as con cardiopatías congénitas, pacientes del Hospital de Niños J. M. de los Ríos de Caracas. Fundaron la acción en los derechos a la vida y a la salud previstos en la Constitución, en tratados de derechos humanos y en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Los niños eran sometidos a largas esperas para acceder al cupo quirúrgico.

El Ministerio de Salud del Estado de Chile dictó un decreto que obligaba a suministrar tratamiento médico y diagnóstico gratuito de todas las enfermedades de transmisión sexual, incluido el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Sin embargo, dicha normativa no se cumplía en los casos de VIH.

Entre el 27 de diciembre de 1995 y el 30 de septiembre de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió innumerables peticiones de personas jubiladas y de varias organizaciones no gubernamentales en las que se denunciaba la violación de los derechos a un recurso judicial efectivo, al debido proceso legal, a la propiedad, a la seguridad social, a la salud, al bienestar y a la igualdad ante la ley, previstos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADH) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Un grupo de personas afiliadas al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) que viven con HIV interpusieron una acción de amparo contra dicha institución para que se les garantizara tanto la entrega regular y periódica de los medicamentos de la triterapia como los medicamentos para el tratamiento de las enfermedades oportunistas y la realización y cobertura de los gastos de los exámenes médicos necesarios. Solicitaron, además, que los efectos de la sentencia se extendieran a todos las personas con HIV afiliados al IVSS.

La Defensora Oficial de Menores de la Provincia de Neuquén,  interpuso una acción de amparo a fin de garantizar la salud de los niños y jóvenes de la comunidad indígena mapuche Paynemil afectados por el consumo de agua contaminada con plomo y mercurio. En la acción solicitó que se obligue al Estado a proveer agua potable en cantidad necesaria para la supervivencia de la población afectada, a realizar el diagnóstico y tratamiento de los menores afectados, y adoptar las medidas pertinentes para impedir en lo sucesivo la contaminación del suelo y el agua.

The communication alleged that the military government of Nigeria was guilty of, amongst other things, violations of the right to health, the right to dispose of wealth and natural resources, the right to a clean environment and family rights, due to its condoning and facilitating the operations of oil corporations in Ogoniland.