Diversos miembros de la Red-DESC reclaman justicia para Berta Cáceres

El 17 de septiembre marca el primer día del juicio del caso del asesinato de la defensora de derechos humanos hondureña, Berta Cáceres, y la tentativa de homicidio de Gustavo Castro.

El ataque occurió el 2 de marzo de 2016, luego de una jornada de efectiva movilización social de organizaciones y activistas, impulsados por la organización que lideraba Cáceres (el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH). Estas organizaciones y defensores se oponían a la construcción de un proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca” y los impactos que el proyecto tendrá en el territorio del pueblo indígena lenca.

El incidente ha sido ampliamente reconocido como un caso emblemático, en el cual los movimientos sociales y organizaciones de base han desafiado a un megaproyecto que amenazaba serios impactos en los derechos humanos. Como resultado, tales movimientos y organizaciones han enfrentado una serie de represalias violentas. Desde que el asesinato de Berta Cáceres sucedió, el caso ha sido estrechamente monitoreado por varios actores de la sociedad civil en América Latina, incluyendo a varios miembros de la Red-DESC.

Con Honduras en la lupa de la comunidad internacional, varios expertos legales y defensores de los derechos humanos han denunciado violaciones a los derechos de las víctimas durante el proceso así como el incumplimiento de la legislación procesal aplicable. Observadores del caso han alegado la obstaculización del proceso judicial por medio de la Fiscalía y esfuerzos por evitar la realización de peritajes, entorpecer el debido proceso, ocultar información e imposibilitar el análisis de pruebas y peritajes, incluyendo aquellos que fueron rescatados tras los allanamientos que puedan implicar a la empresa DESA, propietaria del proyecto Aguas Zarca. Alegan la negación, por parte el Ministerio Público, de presentar la información y los peritajes fundamentales para el proceso de búsqueda de la verdad. También criticaron el gobierno hondureño por haber negado a la creación de una comisión independiente que garantizara una adecuada investigación para la procuración de justicia. Alegan los observadores la negación, por parte del Tribunal de Sentencia responsable por la resolución de este primer proceso judicial, el reconocimiento del COPINH como víctima, aun cuando ha sido establecido que la defensa principal de los derechos humanos frente la amenaza de Aguas Zarca ha sido el colectivo indígena. Reportes recibidos alegan que el Tribunal tampoco han admitido la propuesta de testigos claves que den fe de la actuación de empleados de DESA frente al crimen.

Los miembros de la Red-DESC recuerdan que el Estado de Honduras tiene la obligación de brindar justicia frente a graves las violaciones de derechos humanos. Esos deberes se derivan, entre otras fuentes, de los compromisos que el Estado hondureño asumió en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos (particularmente, en sus artículos 1.1 con 8.1 y 25) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (particularmente, en su artículo 2.3). El caso emblemático Velásquez Rodríguez v. Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejo claro que los estados que permiten la impunidad por daños a los derechos humanos son responsables internacionalmente por eses abusos. En 2016, el Relator Especial sobre la situación de defensores de los derechos humanos alertó para el riesgo de impunidad en el caso del asesinato de Berta Cáceres.

Con esperas a que el caso pueda esclarecer todos los antecedentes y el contexto en el que se producía este crimen contra Berta Cáceres, los miembros de la Red-DESC demandan que el juicio se lleve a cabo con transparencia y debido respeto para los derechos de las víctimas, incluyendo el reconocimiento de COPINH como víctima. Le instan al gobierno de Honduras que tome las acciones necesarias para evitar futuros actos de represión y violencia contra los defensores de los derechos económicos, sociales, culturales e ambientales. Enfatizan los miembros de la Red-DESC que es hora para que Honduras demuestre al mundo que cuenta con un sistema legal independiente que busca a justicia, verdad y la garantía por los derechos humanos, así como la voluntad política de poner fin a la impunidad frente crímenes cometidos en contra las y los defensores de los derechos humanos en el país.