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Caselaw

La Corte Constitucional de Colombia revisó el caso relativo a una acción de tutela (acción de protección de derechos constitucionales) en la cual se analizaba si las actividades de la empresa minera Drummond afectaban los derechos a la vida, al medio ambiente, a la intimidad y a la salud del peticionario y su familia. El peticionario y su familia viven cerca de la mina a cielo abierto Pribbenow ubicada en La Loma, municipio El Paso del departamento de Cesar, en el Norte de Colombia.

Colombia's Constitutional Court reviewed a tutela action case (action seeking protection of constitutional rights) which looked into whether the mining operations of the company Drummond had violated the rights to life, to a healthy environment, to privacy and to health of a citizen and his family living near the Pribbenow open-pit mine, located in La Loma, municipality of El Paso, department of Cesar, in the North of Colombia.  Based in the United States, Drummond develops and processes coal in both the US and Colombia.

Individuos y comunidades de la etnia indígena Diaguita, habitantes de la cuenca alta del río Huasco, de la Región de Atacama en Chile, presentaron una acción de protección de garantías constitucionales contra Compañía Minera Nevada SpA, (subsidiaria de la empresa Canadiense Barrick Gold) y contra la Comisión de Evaluación Ambiental en Chile.

Diaguita communities and individuals living in the Huasco river's high basin, in the Atacama region of Chile, filed an action to protect constitutional rights against Compañía Minera Nevada SpA (a subsidiary of Canada-based Barrick Gold) and the Comisión de Evaluación Ambiental (Chile's government agency dealing with environmental issues).

Durante la construcción de un oleoducto en Myanmar por parte de Unocal, empresa estadounidense productora de petróleo y gas, ésta contrató al ejército de dicho país para que lleve a cabo tareas de seguridad en la obra. Los pobladores locales de la zona en la que se estaba construyendo el oleoducto denunciaron que el ejército los sometió a desalojos forzosos, los obligó a trabajar en el proyecto, y cometió violaciones, asesinatos y torturas.

During Unocal's construction of an oil pipeline in Myanmar, it hired Myanmar's military for security while the pipeline was built. The villagers in the area where the pipeline was being constructed alleged the military forcefully evicted them, forced them to work on the project and raped, murdered and tortured them.

Neuquén Province's Official Defender of Minors filed an amparo action to protect the health of children and youth in the indigenous Mapuche community of Paynemil, because they had been exposed to water contaminated with lead and mercury. The applicant requested that the State be ordered to provide enough drinking water to ensure the survival of the affected community, to conduct the diagnosis and treatment of affected minors, and to adopt adequate measures to prevent future soil and water contamination.

Several organizations of users and consumers, and human rights organizations submitted to International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) a “Petition for Transparency and Public Participation as Amicus Curiae,” within the framework of proceedings started by Aguas Argentinas, Suez and Vivendi. These companies demanded from the State of Argentina an indemnification for damages caused upon their investments as a result of the public utility rates freeze following Argentina's abandonment in 2001 of the system that pegged its currency to the dollar.

Varias organizaciones de usuarios, consumidores y de derechos humanos presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) una “Petición de Transparencia y Participación en calidad de Amicus Curiae”, en el marco de una demanda presentada por las empresas Aguas Argentinas, Suez y Vivendi. Estas empresas reclaman al Estado argentino una indemnización por los daños causados a las inversiones a raíz del congelamiento de las tarifas de los servicios públicos luego de que Argentina abandonara la paridad cambiaria con el dólar en 2001.

La Defensora Oficial de Menores de la Provincia de Neuquén,  interpuso una acción de amparo a fin de garantizar la salud de los niños y jóvenes de la comunidad indígena mapuche Paynemil afectados por el consumo de agua contaminada con plomo y mercurio. En la acción solicitó que se obligue al Estado a proveer agua potable en cantidad necesaria para la supervivencia de la población afectada, a realizar el diagnóstico y tratamiento de los menores afectados, y adoptar las medidas pertinentes para impedir en lo sucesivo la contaminación del suelo y el agua.