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Caselaw

El caso fue presentado por seis embarazadas o lactantes que vivían en la pobreza en un asentamiento informal de Delhi. Se les habían negado raciones de alimentos y beneficios de asistencia médica prenatal e infantil a los que tenían derecho conforme a varios programas de beneficios nacionales, lo cual se puede atribuir a que el gobierno de Delhi no había puesto a disposición tarjetas de racionamiento y no había implementado ciertos programas de salud maternal.

El caso fue presentado por niños desfavorecidos que necesitaban vivienda y tratamiento en unidades de apoyo intensivo. Los niños afirmaron que el estado tenía la obligación constitucional de proporcionarles cuidados especiales e instalaciones educativas apropiadas. El estado coincidió en que tales instalaciones eran necesarias y afirmó que había iniciado el proceso de planificación para construirlas. Sin embargo, los proyectos sufrieron numerosos retrasos administrativos y logísticos.

Los actores en este caso eran miembros de la comunidad Irish Travelling, un pueblo tradicionalmente nómada. Este grupo en particular vivió en un lugar de parada no oficial ubicado en Limerick City durante más de ocho años bajo condiciones de pobreza y privaciones extremas, sin agua corriente, baños, recolección o almacenamiento de residuos domésticos, ni superficies duras donde aparcar sus casas rodantes.

Debido al deterioro de los edificios de Schubert Park, un barrio residencial subsidiado por el estado, la ciudad cortó el suministro de agua y electricidad mientras 700 familias vivían allí. Los residentes protestaron encendiendo fuegos y arrojando objetos desde los edificios. La policía obligó a estos residentes a abandonar los edificios y no permitió que ningún residente vuelva al barrio. Se llevaron a cabo negociaciones entre los residentes y la ciudad para encontrar viviendas temporarias para los residentes desplazados, pero no se llegó a un acuerdo.

Este caso, en el que la disputa planteó dos elementos, surgió cuando el primer demandado supuestamente compró una propiedad, Angus Mansions, en Johannesburgo. En la demanda inicial, el primer demandado buscaba el desalojo de aproximadamente 300 personas que residían en la propiedad (los solicitantes). La demanda cuestionaba la validez del contrato de compraventa y, consecuentemente, la orden de desalojo.

Una coalición de vecinos envió una carta de petición a la Corte Suprema para cuestionar la construcción por parte del organismo estatal Water and Power Development Authority (WAPDA) de una estación de la red eléctrica en el barrio, concretamente en una propiedad designada como parte del “cinturón verde”.

Los demandantes, beneficiarios del programa federal “Aid to Families with Dependent Children” y del programa del estado de Nueva York “Home Relief”, adujeron que los funcionarios de Nueva York finalizaban o estaban a punto de finalizar sus beneficios bajo los programas sin preaviso o audiencia. Cuando se presentó la demanda, no existían reglas que exigieran notificar a los beneficiarios o citarlos a una audiencia antes de que pierdan sus beneficios. Antes de esta apelación, el estado y la ciudad de Nueva York adoptaron procedimientos de preaviso y audiencia.

El 17 de julio de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) concluyó que el gobierno de Rumania era responsable de violar los derechos humanos de Valentin Câmpeanu, un joven fallecido en 2004 que padecía de serias discapacidades mentales y era VIH positivo. Abandonado al nacer, Câmpeanu vivió en instituciones públicas toda su vida. Cuando cumplió dieciocho años fue transferido a un hogar de asistencia social para adultos y, posteriormente, a un hospital psiquiátrico.

En este caso se unieron dos demandas colectivas presentadas bajo la Ley de Reforma de Litigios Penitenciarios de 1995 (PLRA), la cual permite que los reclusos inicien acciones judiciales por violaciones de derechos constitucionales. Las cárceles de California fueron diseñadas para albergar a unos 80.000 presos, pero a la fecha de la presentación el sistema tenía aproximadamente 156.000 reclusos.

En 2011, los peticionantes presentaron una petición constitucional aduciendo que el gobierno había violado la Constitución de Uganda por medio de actos y omisiones respecto de servicios relacionados con la salud materna. Más específicamente, los peticionantes sostuvieron que el gobierno no había provisto servicios básicos de salud materna y no había presupuestado adecuadamente la salud materna, y que el comportamiento no ético de los trabajadores del sector de la salud conducía a la muerte prevenible de embarazadas durante el parto.