Sentencia de la Corte Interamericana sienta un precedente clave para la protección de un medio ambiente sano

La Corte concluyó que Perú es responsable de la violación de los derechos de los residentes de La Oroya, quienes han estado expuestos a niveles nocivos de contaminación tóxica durante generaciones.

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Desde 1999, el gobierno de Perú sabe que casi todos los niños y niñas que viven cerca del complejo sufren de intoxicación por plomo, pero no les ha ofrecido la atención médica ni los remedios adecuados. Foto: Liliana Ávila/AIDA.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Habitantes de La Oroya vs. Perú" sienta un precedente importante para la protección del derecho a un medio ambiente sano en las Américas y para una adecuada vigilancia estatal de las actividades empresariales. La sentencia, primera en su género, responsabiliza a Perú por no haber protegido a los habitantes de la ciudad andina de La Oroya, expuestos a la contaminación tóxica de un complejo metalúrgico que funcionó durante un siglo sin los controles adecuados.

En marzo de 2024, la Corte estableció la responsabilidad del Estado peruano por violar los derechos de los residentes de La Oroya afectados por décadas de contaminación tóxica. La Corte Interamericana sentó un precedente clave para la protección del derecho a un medio ambiente sano en la región y para la adecuada supervisión de las actividades empresariales por parte de los Estados. La sentencia responsabiliza al Estado peruano de violar los derechos de los habitantes de La Oroya, un pueblo afectado por décadas de contaminación tóxica. Ordena la adopción de reparaciones integrales que incluyan la remediación ambiental, la reducción y mitigación de las emisiones contaminantes, el monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.

Nuestro Grupo de Trabajo de Litigio Estratégico presentó un amicus curiae en 2022 para abogar por la reparación de la prolongada injusticia socioambiental sufrida por la comunidad de La Oroya, estableciendo normas clave para las violaciones derivadas de la contaminación industrial en todo el continente americano y el mundo.

"Esta sentencia es un avance muy importante y un precedente clave para la justicia ambiental en América Latina al ser el primer caso en el que la Corte reconoce la responsabilidad de un Estado por la violación del derecho al ambiente sano y las implicaciones que este tiene en la garantía de otros múltiples derechos", dijo Liliana Ávila, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA.

"Lo que esperamos ahora es que se ejecute la sentencia, que el Estado cumpla por primera vez con sus obligaciones y que garantice nuestros derechos como personas defensoras ambientales", afirmó Yolanda Zurita, vecina de La Oroya y peticionaria en el caso. "El cumplimiento de esta sentencia es lo mínimo que esperamos de un Estado comprometido con la garantía de los derechos de sus ciudadanos".

Esta nota fue preparada con información proporcionada por AIDA; lea el comunicado de prensa completo AQUÍ.

El comunicado de la Corte sobre la sentencia está disponible aquí.

El resumen oficial de la Corte sobre la sentencia está disponible aquí.

El texto completo de la sentencia está disponible aquí.

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