Qué se avanzó en las negociaciones del tratado vinculante de la ONU
Bajo la presidencia de S.E. Marcelo Vázquez Bermúdez (Ecuador), los Estados avanzaron en negociaciones artículo por artículo sobre los Artículos 12–24 del borrador del tratado y sostuvieron debates interactivos sobre las 13 reformulaciones propuestas por la Presidencia para los Artículos 4–11. La participación fue amplia —más de 70 Estados, organismos regionales, instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones y redes de la sociedad civil—, lo que refleja el compromiso continuo con el mandato de la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos.
Se presentó una Hoja de Ruta 2026 para las negociaciones del tratado, que incluye tres consultas temáticas intersesionales antes de la 12ª sesión del IGWG (octubre de 2026). La primera intersesional se centrará en los Artículos 12–24; las siguientes podrían retomar disposiciones anteriores, incluido el preámbulo y los Artículos 1–3. Las presentaciones escritas sobre las reformulaciones de la Presidencia deberán entregarse antes del 1 de febrero de 2026, lo que convierte este momento en una coyuntura clave de incidencia para Estados y sociedad civil.
Como observó Marta Ribera (Observatori DESCA y la Red-DESC), la sesión registró un nuevo compromiso por parte de varios países del Sur Global, al tiempo que reveló una oposición renovada y coordinada de algunos países del Golfo a las protecciones en materia de género y diversidad sexual, lo que subraya tanto las oportunidades como los riesgos en esta fase del proceso del tratado de la ONU.
A lo largo de la semana, la sociedad civil ancló reiteradamente las negociaciones en las realidades vividas. Como señaló Grace Tepula (Rural Women Assembly, Zambia) en la declaración conjunta de cierre de la sociedad civil:
“Las comunidades afectadas de todo el mundo presentes esta semana han sufrido las consecuencias de la impunidad corporativa, y los perpetradores siguen siendo los mismos: las empresas transnacionales.”
Dinámicas de negociación: convergencias y presión por la rendición de cuentas corporativa
Durante toda la sesión, la sociedad civil presionó de manera constante por un tratado de la ONU centrado en las personas y basado en los derechos humanos, y no diluido por la lógica de las ganancias corporativas. Entre las principales demandas reiteradas se incluyeron:
- Jurisdicción extraterritorial y forum necessitatis para garantizar el acceso a la justicia;
- Responsabilidad solidaria a lo largo de las cadenas globales de valor;
- Mecanismos robustos de responsabilidad civil, penal y administrativa;
- Salvaguardas y regulaciones fuertes contra la captura corporativa y la influencia indebida en la formulación de políticas;
- La primacía de los derechos humanos sobre el comercio, la inversión y el lucro.
La sociedad civil también rechazó los intentos de representantes empresariales de debilitar los estándares de jurisdicción del tratado. En una intervención sobre el Artículo 9, Alreem Kamal, hablando en nombre de la Red-DESC y del Syrian Legal Development Programme (SLDP), rechazó las afirmaciones del sector corporativo de que una jurisdicción ampliada socavaría el derecho internacional:
“El acceso al foro más protector no es un abuso —es justicia. El Artículo 9 actualizado basa la jurisdicción en vínculos claros y aceptados. No son ‘exorbitantes’, sino esenciales para cerrar las brechas en el acceso a la reparación.”
Subrayó además que las objeciones empresariales a la jurisdicción extraterritorial y universal buscan blindar a las empresas frente a la rendición de cuentas, enfatizando que:
“El tratado no puede ser limitado en jurisdicción o responsabilidad, ya que ello contradiría el propio propósito por el cual estamos aquí hoy.”
Alreem también advirtió que los intentos persistentes de descarrilar o reescribir disposiciones clave reflejan un problema más profundo de conflicto de intereses, reforzando el llamado de la sociedad civil a proteger el proceso del tratado frente a la captura corporativa.
Mientras varios Estados se alinearon con estos principios, los lobbies corporativos continuaron empujando en la dirección opuesta, pidiendo la reescritura o eliminación de disposiciones clave y promoviendo enfoques voluntarios basados en los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGPs). La sociedad civil rechazó estos esfuerzos, advirtiendo contra convertir el tratado en otro vehículo de lavado verde o evasión legal.
Nuestra participación junto con organizaciones aliadas en la 11ª sesión del IGWG
La presencia de la sociedad civil fue fuerte y diversa, con movimientos feministas, juveniles, laborales y de pueblos del Sur Global en el centro de las negociaciones. La Red-DESC trabajó estrechamente con Feminists for a Binding Treaty (F4BT), la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y aliadas de Treaty Alliance, presentando declaraciones conjuntas de apertura y cierre y coorganizando un evento paralelo muy concurrido sobre cómo detener la captura corporativa y la impunidad empresarial.
En su intervención de apertura, la Red-DESC subrayó que los actores corporativos continúan interfiriendo en la formulación de políticas mientras se silencia a quienes exigen rendición de cuentas, y llamó a los Estados —en particular del Sur Global— a mantenerse firmes frente a lagunas, códigos voluntarios e impunidad. Las declaraciones de cierre reforzaron prioridades urgentes: reincorporar el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; integrar enfoques con perspectiva de género e interseccionales; y anclar el tratado en la aplicación universal del derecho.
Participantes de comunidades afectadas, especialmente del Sur Global, enfatizaron que los daños corporativos no son abstractos ni aislados, sino que están profundamente incrustados en sistemas globales de violencia, extracción y represión. En la segunda declaración conjunta de cierre, Hay Sha Wiya, hablando en nombre de la amplia coalición de la sociedad civil, advirtió:
“En todo el mundo estamos siendo testigos de las consecuencias mortales del poder corporativo sin regulación.”
Señaló explícitamente a Gaza, donde el apoyo material, financiero y tecnológico de empresas al complejo militar-industrial sigue alimentando la ocupación, el apartheid y el genocidio, haciendo imposible ignorar la complicidad corporativa. Estas realidades reflejan directamente las líneas rojas identificadas por la Red-DESC y los movimientos aliados a lo largo del proceso: ningún tratado que tolere la captura corporativa, proteja a las empresas de la responsabilidad o subordine los derechos humanos y ambientales al lucro puede ofrecer justicia ni cumplir el mandato de la Resolución 26/9.
Este compromiso colectivo fue más allá de las negociaciones. El 20 de octubre de 2025, la Red-DESC coorganizó el evento paralelo “Hacer rendir cuentas a las corporaciones: iniciativas de Estados, parlamentarios y sociedad civil para detener la impunidad y la complicidad”, que reunió a Estados, parlamentarios y sociedad civil para enfrentar la impunidad corporativa en contextos de violaciones de derechos humanos, injusticia climática y genocidio.
Durante el evento, la Red destacó la complicidad corporativa en el genocidio en Gaza, conectando la militarización, el daño climático y el lucro corporativo, y subrayó estrategias concretas para involucrar a los Estados en el fin de esa complicidad, como el Embargo Energético Global por Palestina, el proceso del Tratado Vinculante y las negociaciones climáticas. Estas intervenciones reafirmaron que solo normas vinculantes —no enfoques voluntarios— pueden garantizar los derechos humanos y la justicia climática.
Lo que sigue en disputa en el proceso del tratado
A pesar de los avances, persisten debates clave:
- El alcance (empresas transnacionales frente a todas las empresas);
- La responsabilidad y la jurisdicción, incluido el levantamiento del velo corporativo;
- El equilibrio entre la soberanía estatal y las obligaciones internacionales vinculantes;
- Las protecciones explícitas contra la influencia corporativa en los procesos de la ONU y en la elaboración de leyes nacionales.
Resultados y próximos pasos
La sesión adoptó ad referendum las recomendaciones del Presidente-Relator, que incluyen:
- Publicar todas las propuestas y declaraciones en el sitio del ACNUDH;
- Invitar a presentaciones escritas de Estados y otros actores antes del 1 de febrero de 2026 sobre las reformulaciones de la Presidencia;
- Mantener el mecanismo de Amigos de la Presidencia para construir convergencia interregional;
- Implementar la Hoja de Ruta 2026 hacia negociaciones sustantivas en la 12ª sesión del IGWG (19–23 de octubre de 2026).
Por qué los próximos 18 meses son decisivos
La 11ª sesión confirmó que el tratado ha entrado en su fase final y políticamente decisiva. Las intersesionales definirán el próximo borrador y determinarán si el instrumento refleja las aspiraciones de los pueblos y comunidades afectadas o si se ve debilitado por agendas corporativas coloniales. Es el momento de redoblar esfuerzos, especialmente en alcance, definiciones y responsabilidad basadas en derechos humanos y justicia.
Después de once sesiones, el horizonte es claro: un tratado capaz de poner fin a la impunidad corporativa, frenar la captura corporativa y garantizar justicia y reparación. Lograrlo requerirá voluntad política sostenida de los Estados y presión firme de la sociedad civil para que este instrumento pertenezca verdaderamente a quienes está destinado a proteger.
