La firma informó hace algunas semanas al organismo fiscalizador que el proyecto enfrenta una situación de “gravedad”, debido al agrietamiento del Botadero Nevada Norte (BNN), zona destinada al depósito del material esteril que debe retirarse para descubrir la mina. Tras esto se inició esta labor, que se denomina pre-striping, antes de habilitar el sistema de manejo de agua, con lo cual se alejó de lo fijado en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), informa el DF.
Este hecho explicaría en buena parte la sanción impuesta por la SMA en mayo pasado, además la construcción definitiva de la citada infraestructura de manejo hídrico es condición para levantar la paralización de Pascua-Lama.
En este contexto y para realizar nuevas obras que reduzcan el impacto de un eventual deslizamiento del material acumulado en la zona agrietada del botadero, a la que actualmente no es posible acceder por la acumulación de nieve, Barrick solicitó a la SMA que amplíe las actividades que la empresa puede realizar en la zona del proyecto.
Los trabajos estaban limitados sólo a la construcción de obras transitorias para captar, transportar y descargar agua, las mismas que la propia SMA decretó que “podrán operar exclusivamente durante el período necesario para implementar las obras definitivas que permitan cumplir cabalmente las condiciones establecidas en la RCA”, tal como indica la solicitud que firmada por Francisco Charlin, el nuevo director legal de Nevada Spa, que es la titular del proyecto de oro y cobre.
A mediados de diciembre la SMA autorizó los trabajos porque la ausencia de dicha infraestructura de contención (pretil o berma que aisle la cresta de la ladera que funciona como botadero) supone un riesgo para el medioambiente.
Por su parte, el vicepresidente senior de Pascua Lama, Eduardo Flores, declaró ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que investiga los imcumplimientos, que a fines de octubre la empresa completó las obras transitorias de control de agua, que apuntaban a soportar el eventual impacto de los deshielos mientras se completa el sistema de manejo definitivo.
De cara al avance de estos últimos trabajos, que la empresa estimó le tomarían del orden de 18 meses y cuyo costo ha sido estimado en más de US$ 300 millones, fuentes de la compañía dijeron que “hoy nos encontramos en proceso de evaluación y petición de permisos en línea con lo requerido por la SMA”.
No obstante, esta visión se contrapone con la de otros ejecutivos de la misma minera, quienes dicen que estas actividades y trabajos fueron suspendidos el 31 de octubre, cuando la canadiense a instancias de la nueva administración del proyecto, que asumió en abril y es encabezada por Flores, congeló el proyecto por motivos económicos y los problemas regulatorios en Chile.
Esta decisión ha generado discrepancias al interior de la firma, pues hay ejecutivos que temen que si pasa el tiempo y estas obras -cuyo incumplimiento originó la sanción de la SMA- no avanzan, podrían arriesgar la revocación de la SMA.