Se acumulan exhortos al Estado mexicano para que se adhiera al Protocolo Facultativo del PIDESC

En los cuatro años transcurridos desde que el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF PIDESC) se abriera a firmas y ratificaciones a nivel internacional, el Estado mexicano ha acumulado una serie de llamados, exhortos y recomendaciones, provenientes de diversos sectores, acerca de la importancia de adherirse a tan esperado y necesario instrumento.  Entre ellos, destacan los reiterados llamados de más de un centenar de organizaciones civiles y sociales, redes, movimientos y defensoras y defensores de derechos humanos que, preocupadas por la situación que guardan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en nuestro país, decidimos articularnos en la Campaña mexicana por la firma y ratificación del PF PIDESC[2] instando a las autoridades a mostrar su verdadero compromiso con la integralidad de los derechos humanos. Organismos públicos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se han pronunciado también porque el Estado mexicano ratifique este Protocolo. La CDHDF, además, se sumó a la Campaña mexicana desde el 2011.[3]

La demanda social para contar con un mecanismo de defensa y protección de los DESCA también se ha hecho saber al gobierno federal a través de las más de 19 mil firmas ciudadanas recabadas y entregadas por la Campaña mexicana a la Secretaría de Relaciones Exteriores entre 2011 y 2012, con un claro exhorto al Ejecutivo Federal a firmar el PF PIDESC y a enviarlo al Senado de la República para su ratificación.  Por su parte, senadores(as) y diputados(as) desde el Poder Legislativo federal han sumado voces a favor entre 2011 y 2013, promoviendo la aprobación de Puntos de Acuerdo, como el propuesto por el Senador Carlos Navarrete Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien en diciembre de 2011 exhorta al Ejecutivo federal a firmar sin demora el PF PIDESC;[4] o bien la proposición de la Senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD), quien en septiembre de 2012 exhorta al titular del Ejecutivo Federal a enviar a esa Soberanía el PF PIDESC.[5] Este año, luego de la entrada en vigor del Protocolo el 5 de mayo, cuatro Puntos de Acuerdo más han sido promovidos: el 2 de julio, a partir de las proposiciones con Punto de Acuerdo de los Senadores del PRD: Isidro Pedraza Chávez (presentada en mayo,  por la que se exhorta al Ejecutivo federal a la suscripción del PF PIDESC), y de Ángel Benjamín Robles Montoya (presentada en junio, por la que se exhorta al Ejecutivo a  informar los motivos por los que México no ha suscrito el instrumento), el tema fue considerado de urgente resolución y la proposición aprobada en votación económica, señalando en el dictamen que ante la preocupante situación de pobreza, hambre y menos oportunidades de desarrollo en México, resulta muy importante y oportuno que “suscriba este instrumento y forme parte de esta comunidad de Estados dispuestos a erradicar de manera definitiva el hambre en sus países.[6]  El mes pasado, la Dip. Martha Lucía Mícher Camarena (PRD), promovió otro, exhortando al Ejecutivo federal a realizar las acciones conducentes a la firma del PF PIDESC;[7] veintidós días después, el 24 de octubre, el Dip. René Ricardo Fujiwara Montelongo del Partido Nueva Alianza, presentó otra proposición con Punto de Acuerdo, de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta al Ejecutivo a firmar el instrumento.[8]

También desde los mecanismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos a nivel internacional el Estado mexicano ha recibido llamados. En sus Observaciones Finales a México en 2006, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales valoró el apoyo ofrecido para la elaboración de un protocolo facultativo del PIDESC,[9] y una vez adoptado el instrumento, expertos independientes miembros de este Comité, como el Sr. Philippe Texier y la Sra. Rocío Barahona, expresaron durante su participación en Foros públicos en México la importancia y conveniencia de que México se convirtiera en Estado Parte del PF PIDESC.[10] Por otra parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que examinó en febrero de 2012 informes periódicos de México, incluyó en sus observaciones finales y recomendaciones la adhesión al Protocolo Facultativo del PIDESC, teniendo en cuenta la indivisibilidad de los derechos humanos.[11] Por último, en su segunda ronda ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal (MEPU), del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CoDH), el pasado 23 de octubre, México recibió dos claras recomendaciones sobre firmar y ratificar el PF PIDESC, formuladas por Bosnia y Herzegovina, y por Portugal.[12] En este mismo marco, la mayoría de los países reconocieron a nuestro país por haber logrado desde junio de 2011 la reforma constitucional más importante en materia de derechos humanos de su historia; por ella, entre otras cuestiones, los derechos humanos de fuente internacional tienen rango constitucional. Pero también le señalaron una serie de preocupaciones por los rezagos en materia de derechos económicos, sociales y culturales y le hicieron diversas recomendaciones sobre: combatir y erradicar  la pobreza; impulsar la política agrícola frente a la pobreza rural; promover legislación y acciones para eliminar la discriminación contra la mujer, la infancia y los pueblos indígenas; adoptar una Ley marco que asegure el derecho a la alimentación; diseñar esquemas de financiamiento de vivienda para trabajadores del sector informal; mejorar la calidad de la educación para todos y fortalecerla con presupuesto y educación multicultural; consultar previa y efectivamente a los pueblos indígenas sobre políticas económicas, de desarrollo, y proyectos que los afectan, entre otras. El Estado mexicano se encuentra actualmente en la fase de análisis de las recomendaciones derivadas del EPU y se ha comprometido a dar respuesta a las mismas antes del siguiente período de sesiones del CoDH de marzo de 2014; también se comprometió a adoptar las medidas necesarias para abordarlas en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2013-2018 que está elaborando y a darles seguimiento con los Poderes de la Unión, las instituciones autónomas y la sociedad civil. Desde la Campaña mexicana por la firma y ratificación del PF PIDESC estaremos vigilantes del cumplimiento de estos compromisos y demandando que el gobierno actual retome las conclusiones favorables al PF PIDESC que, de acuerdo a la información dada por la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Campaña, resultaron del proceso de consulta coordinado al interior de la administración pública federal el sexenio pasado, mismas que consideramos deberían simplemente haberse confirmado durante el primer año de esta nueva administración por tratarse de una política de Estado.