Empresa agrícola Syngenta fue declarada responsable de un ataque armado contra campamento de trabajadores rurales en Brasil
La semana pasada Terra de Direitos celebró una gran victoria legal cuando la Corte Civil de Cascavel sentenció que la empresa agrícola Syngenta es responsable por la muerte de un activista de tierras que fue asesinado por un grupo privado militar armado en terrenos de propiedad de la compañía. La sentencia ordenó que la compañía pague una compensación a la familia de la víctima, Valmir Mota de Oliveira (afectuosamente conocido como “Keno” dentro del movimiento por los sin tierra de Brasil), daños morales y materiales. El caso fue presentado a la corte en 2010 por Terra de Direitos en nombre del Movimento Sem Terra (MST) de Brasil.
La sentencia ha sido aplaudida por movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos de Brasil y de todo el mundo como un caso emblemático que responsabiliza a una gran empresa por violaciones contra los derechos humanos. De acuerdo con el abogado principal del caso, Frenando Prioste de Terra de Direitos, “las compañías transnacionales actualmente cuentan con una considerable libertad para operar en diversos países, pero no existen normas o mecanismos nacionales o internacionales suficientes que obliguen a las compañías a respetar los derechos humanos o les exijan rendir cuentas por violaciones a los derechos humanos. En este caso, que Syngenta haya sido declarada responsable es una excepción a la regla.”
En una medida ampliamente celebrada, el juez declaró que “no existe duda de que, en realidad, esta fue una masacre disfrazada como una reposesión de propiedad,” contraviniendo los alegatos de la compañía respecto a que el ataque que tuvo lugar en 2007 fue el resultado de una confrontación entre militares y miembros del movimiento sin tierra del país. La compañía también intentó encubrir su responsabilidad por el asesinato alegando que el ataque no fue realizado por la compañía que ellos contrataron, sino por militares actuando bajo las órdenes de los propietarios de tierras.
En su sentencia, el juez reconoció que la “mala elección en la tercerización de servicios de seguridad, así como el financiamiento indirecto de actividades ilícitas, es un factor que genera responsabilidades civiles”. Además, el juez condenó enfáticamente el ataque al señalar que “a pesar de lo reprochable e ilegítimo que pueda ser la ocupación de la propiedad, nada justifica tomar la justicia en sus propias manos, imponiendo la pena de muerte a los ocupantes, antes que utilizar los medios legales para resolver el conflicto dado que, después de todo, el sistema legal considera que el ejercicio arbitrario del juicio propio es un crimen”. Por tanto la sentencia de la corte no sólo reafirma la naturaleza ideológica de la acción de la milicia, pero también relaciona a Syngenta con tal acción.
La sentencia de la corte no es definitiva. Syngenta podría apelar a la Corte de Apelaciones del Estado de Paraná; sin embargo, Terra de Direitos confía en que la sentencia se mantendrá. “Existe fuerte evidencia contra la compañía,” señala Prioste. “Si Syngenta fuera absuelta ello podría considerarse como que el sistema judicial consiente las masacres como la que ocurrió en este caso”.
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