Lagunas normativas relacionadas a las industrias extractivas han expuesto a los kenianos a una masiva explotación económica por parte de las empresas mineras extranjeras. El problema se ha visto agravado por vacíos legales y de política que podrían socavar la recaudación de ingresos del petróleo y el gas, así como la rendición de cuentas, y provocar violaciones de derechos humanos. A nivel regional, la exploración de petróleo está envuelta en un gran secretismo y solo los altos funcionarios del gobierno encargados de administrar la cartera tienen conocimiento de los detalles de los contratos de producción compartida. Esto abre un amplio margen para la explotación y la corrupción tanto por parte del gobierno como de las multinacionales, y plantea serios desafíos para la supervisión.
La falta de información disponible para las comunidades afectadas se ha convertido en una tendencia preocupante. Actualmente, las comunidades no reciben ningún tipo de regalía por los minerales encontrados en sus tierras, sino que renuncian a sus derechos sobre la tierra sin una compensación adecuada o reasentamientos alternativos. En esencia, la extracción de recursos empobrece a las comunidades en lugar de elevar sus medios de vida. Hoy en día no existe un marco de responsabilidad social que supervise las actividades de las multinacionales. El único tipo de reparación disponible ahora mismo se puede obtener uniéndose a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), la cual también crea una plataforma para que la sociedad civil lleve a cabo una función de supervisión. La única manera en que es posible controlar a las multinacionales es a través del boca a boca de las comunidades sobre sus experiencias; aparte de eso no existen marcos regulatorios legales para la supervisión. Los esfuerzos de Hakijamii para conseguir convertir en ley el Proyecto de Ley de Tierras de la Comunidad para proteger los derechos de las comunidades en términos de distribución de los beneficios y los derechos a la tierra fueron recibidos con mucha resistencia por parte de las empresas extractivas; éstas escribieron un memorando de 13 páginas al gobierno amenazando con acciones legales si el proyecto de ley era aprobado. En el nivel más básico y comunitario, los comités consultivos que supuestamente deben actuar como portavoces de cara a las multinacionales se han visto comprometidos por los intereses de los líderes políticos. Esto deja a las comunidades con pocas alternativas para abordar los problemas que resultan en acciones de masas y disturbios.
La participación y el consentimiento de la comunidad también son esperanzas lejanas, ya que el gobierno de Kenia ha hecho poco para preparar a las comunidades afectadas para estos proyectos, y la legislación de contenido local sigue sin ser implementada. La legislación de contenido local será importante, ya que da un porcentaje de cuánto se beneficiarán las comunidades locales de estos proyectos en términos de oportunidades de empleo, educación e infraestructura. Por ejemplo, aproximadamente el 77% de la región de Turkana de Kenia tiene petróleo, lo que significa que la tierra que tradicionalmente era utilizada por los pueblos nómadas para el pastoreo está ahora siendo explorada en busca de crudo. Irónicamente, sus más de 85.000 habitantes aún viven en la pobreza y carecen de información sobre los ingresos generados por las actividades extractivas en sus tierras. Las comunidades todavía no se han beneficiado adecuadamente de las supuestas oportunidades de empleo y a menudo se producen disturbios en los pozos de exploración de petróleo en Turkana.
El marco jurídico actual de Kenia es confuso cuando menos. Está la Ley del Petróleo de 1986, que no incluye ninguna cláusula sobre las regalías ni la distribución de beneficios entre las comunidades. Luego está el Proyecto de Ley de Tierras de la Comunidad (proyecto de ley del Senado 2014) que propone que los recursos naturales hallados en tierras comunitarias beneficien a la comunidad de acuerdo a las inversiones derivadas del proyecto, pero no fija un porcentaje exacto para los ingresos de la comunidad. También hay una propuesta de proyecto de ley del Senado para la distribución de beneficios que propone que la comunidad reciba 40% de la participación del gobierno del condado; una fórmula que es bastante compleja y requiere de un ejercicio significativo de matemáticas. El Proyecto de Ley de Minería de 2014 concede al secretario del gabinete el mandato de determinar el importe a pagar en concepto de regalías. Por último, está el artículo 71 de la Constitución que establece que todos los acuerdos relativos a la explotación de recursos naturales requiere de la ratificación del gobierno. Con este tipo de leyes contradictorias sobre los recursos naturales es probable que Kenia sea otra víctima, al igual que sus vecinos, de la “maldición de los recursos”.
Por último, de cara a la responsabilidad de las empresas, es preocupante que los marcos jurídicos nacionales se apliquen de manera discriminatoria. El derecho internacional no es jurídicamente vinculante para las multinacionales y sólo actúa como “ley suave”. Kenia aún no es miembro de la EITI, que podría constituir un posible proceso de reparación.
A nosotros nos resultaría útil saber: ¿cuáles son sus experiencias con estas empresas multinacionales? ¿Cómo podrían las comunidades protegerse contra estas multinacionales, teniendo en cuenta que Kenia no cuenta con leyes internacionales ni nacionales para evitar las violaciones comunes que cometen estas multinacionales? ¿Cómo se han utilizado los métodos de seguimiento en los casos en que existen vacíos legales y normativos similares?