Promover el derecho a la vivienda en España a través de los mecanismos de la ONU

Fecha de Publicación: 
Martes, 9 Octubre 2018
Organizaciones y movimientos sociales españolas utilizan estrategias inovadoras a través de los mecanismos de la ONU para promover el derecho a la vivienda

 

  1. Organizaciones y movimientos de la sociedad civil constituyen un Grupo de Seguimiento para supervisar la implementación del Dictamen del Comité de derechos económicos, sociales y culturales (Comité DESC) de Naciones Unidas en materia de derecho a una vivienda adecuada.

Naciones Unidas se ha convertido en el último recurso para garantizar el Derecho a la Vivienda en el estado español. El Comité DESC condenó a España por el desalojo de una familia con dos niños pequeños hace un año, el caso de Mohamed Ben Djazia y Naouel Bellil, ha intercedido en otros 18 casos de desalojo hasta el momento, requiriendo al Estado que suspenda el lanzamiento o aporte una vivienda alternativa a través de medidas cautelares.

Se crea el grupo de seguimiento del cumplimiento del dictamen

Tras la entrada en vigor del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2013, se abrió la posibilidad de presentar quejas individuales y colectivas por vulneración de DESC. La primera resolución del Comité DESC fue contra España por vulneración del derecho a la vivienda en un caso de desahucio por procedimiento de ejecución hipotecaria el año 2015. Ante la ausencia de seguimiento del cumplimiento de esta resolución, España no implementó ninguna medida al respecto.

Para evitar que se repita, varias organizaciones de defensa del derecho a la vivienda y los derechos humanos en el estado español se unieron en 2017 para crear un grupo de seguimiento para el cumplimiento del dictamen: el “Grupo de Monitoreo del Dictamen DESC”. Entre las organizaciones integrantes de la Plataforma están CAES Cooperativa, Amnistía Internacional, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinos, Arquitectura Sin Fronteras, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, la Federación de Asociación de Vecinos y Vecinas de Barcelona, FEANTSA y el Observatorio DESC.

[Consultar íntegramente el veredicto del Comité DESC de la ONU]

 

  1. La Plataforma DESC de España busca monitorear y dar seguimiento a las observaciones finales del Comité DESC

La Plataforma DESC se creó durante la elaboración del informe alternativo para el proceso de examen periódico a España ante el Comité DESC del pasado marzo de 2018. Está formada por entidades de derechos humanos, del tercer sector social, colegios profesionales y sindicatos.

Las conclusiones del examen emitidas por parte del Comité a España indicaban varias dificultades para los DESC, especialmente en materia de derecho a la vivienda y desahucios pero también en salud o libertad sindical. Las Naciones Unidas recomendaron a España modificar la legislación en materia de desahucios, aumentar el parque de viviendas sociales para asegurar los realojos de las personas desahuciadas y formular un plan de vivienda con dotación económica. Una de las reclamaciones vigentes por parte de los movimientos de Derecho a la Vivienda.

Desde la Plataforma se valora que las resoluciones del Comité DESC y otros órganos de Naciones Unidas deben ser cumplidos desde el punto de vista jurídico y abren un contexto idóneo para avanzar en una dirección más garantista. En 1977, España firmó el Pacto de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales por lo tanto los dictámenes emitidos por el Comité DESC marcan una línea de interpretación de la jurisprudencia también suscrita por el estado español.

La Plataforma pretende impulsar que los fallos de Naciones Unidas puedan transformarse en respuestas prácticas por parte del estado español. En este sentido se ha impulsado la creación en el Congreso de Diputados de un intergrupo parlamentario que facilite dicha implementación. No obstante, la Plataforma reclama un verdadero órgano interministerial que permita esa tarea, órganos que sería sin duda de gran ayuda para dar cumplimiento al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los artículos 10 y 96 de la Constitución Española, tal y como se ha reiterado por parte de la ONU.

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