Instituciones financieras internacionales

Solapas principales

Un nuevo informe de varias ONG dice que la IFC está fallando para realizar la debida diligencia y para identificar o gestionar el riesgo en muchas de sus inversiones a sus prestamistas

Treinta y trés miembros y aliados de diecisiete países participan en el encuentro en Johannesburgo, Sudáfrica

Bretton Woods Project publica un análisis sobre aspectos clave del Banco Mundial y el FMI durante el año 2014

El Consorcio de ETOs publica una serie de nuevos recursos sobre cómo aplicar las obligaciones extraterritoriales

El Center of Concern, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Center for Economic and Social Rights aplauden la resolución adoptada por el Consejo de DDHH de la ONU sobre regulación de deuda soberana

CELS, en colaboración con CESR y COC, ha presentado una declaración sobre el conflicto entre Argentina y los fondos buitre, llamando la atención sobre cómo este problema podría tener un impacto sobre los derechos humanos

CELS, en colaboración con CESR y COC, ha hecho una declaración pública en relación al conflicto entre el gobierno de Argentina y los fondos buitre, que implica también al poder judicial de los Estados Unidos, llamando la atención sobre cómo este problema podría tener un impacto sobre los derechos humanos

La Corte Constitucional de Colombia revisó el caso relativo a una acción de tutela (acción de protección de derechos constitucionales) en la cual se analizaba si las actividades de la empresa minera Drummond afectaban los derechos a la vida, al medio ambiente, a la intimidad y a la salud del peticionario y su familia. El peticionario y su familia viven cerca de la mina a cielo abierto Pribbenow ubicada en La Loma, municipio El Paso del departamento de Cesar, en el Norte de Colombia.

Individuos y comunidades de la etnia indígena Diaguita, habitantes de la cuenca alta del río Huasco, de la Región de Atacama en Chile, presentaron una acción de protección de garantías constitucionales contra Compañía Minera Nevada SpA, (subsidiaria de la empresa Canadiense Barrick Gold) y contra la Comisión de Evaluación Ambiental en Chile.

En febrero de 1990, el Poder Ejecutivo Nacional, encargó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) el diseño y ejecución de un programa de seguridad alimentaria destinado para apoyar la producción de pequeñas huertas familiares para satisfacer las necesidades de consumo de familias pobres. El 3 de agosto de 1990, el Consejo Directivo del INTA emitió la Resolución 239 que aprueba el Programa Pro-Huerta.