International Association Autism Europe v. France, Complaint No. 13/2002. [ESP]

Autism‑Europe adujo que la aplicación por parte de Francia de leyes relacionadas con la educación para personas con discapacidades era extremadamente insatisfactoria. La gran mayoría (80 a 90 por ciento) de los adultos jóvenes y niños autistas no tenía acceso a servicios educativos adecuados. En base a los índices actuales de ocupación de plazas en institutos de educación especial, Autism-Europe estimaba que se tardaría 100 años en eliminar el déficit de la lista de espera oficial, que entonces incluía a 39.514 personas (incluso más, teniendo en cuenta la definición de la OMS). También sostuvo que no se habían financiado adecuadamente los programas de integración educativa, intervención temprana y capacitación de docentes, y que la fórmula de financiación de la educación especial no tomaba suficientemente en cuenta la cantidad de niños que la necesitaban. El gobierno francés reconoció estas fallas, pero llamó la atención sobre nuevas asignaciones de fondos y programas, aunque muchos de ellos se orientaban a todas las personas con discapacidades en general. El Comité opinó que la omisión general del gobierno de avanzar en este área constituía una violación de la Carta, es decir, del derecho de las personas con discapacidades a la educación, el derecho de los niños y jóvenes a la educación, y el derecho de todas las personas a no ser discriminadas. Cuando lograr la efectividad de un derecho consagrado en la Carta resultara “excepcionalmente complejo y particularmente costoso”, se le concedía al gobierno cierta flexibilidad, pero la efectividad de los derechos sociales debía concretarse dentro de un “lapso razonable, con avances mensurables y de alcance coherente con el máximo de recursos disponibles”. Señalando que el tema había sido debatido durante 20 años en el ámbito nacional y que la Ley de Discapacitados había sido promulgada en 1975, el Comité concluyó que la falta de plazas era inaceptable y crónica. También reprendió al gobierno por su definición restrictiva del autismo. Sin embargo, el Comité no estaba preparado para censurar el método empleado por Francia para financiar la educación especial por medio del sistema del seguro de salud estatal y aclaró que se trataba de un asunto discrecional del Estado.