La Corte Constitucional evalúa la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo 1017 del 16 de marzo de 2020 del gobierno ecuatoriano, que declaró un estado de excepción nacional (también conocido como estado de emergencia) en respuesta a la amenaza de la pandemia mundial emergente de COVID-19.
La Corte estipuló que los funcionarios públicos deberán responder por cualquier abuso cometido en el ejercicio de sus funciones durante el estado de excepción.
Este caso es significativo porque ilustra el desafío que implica proteger a los ciudadanos de los riesgos para la salud pública y protegerlos de una suspensión/limitación de los derechos fundamentales. También es importante que la Corte afirmó el deber del Estado de proteger a las personas sin hogar y a otras poblaciones vulnerables durante el estado de emergencia pandémico. Al delinear explícitamente hasta qué punto puede y debe aplicarse el decreto, la Corte Constitucional de Ecuador reconoció la necesidad inmediata de seguridad, garantizando al mismo tiempo que haya un fin claro a cualquier restricción, aunque sea temporal, de los derechos.
Agradecemos especialmente las aportaciones del miembro de la Red-DESC: Program on Human Rights and the Global Economy (PHRGE) at Northeastern University.
