9 marzo 2010: Piden declarar Derecho a la Alimentación prioridad nacional en Guatemala

Fecha de Publicación: 
Jueves, 12 Abril 2012

Ginebra/Guatemala, 9 de marzo de 2010: Varias organizaciones y redes internacionales, al presentar un informe sobre el Derecho a la Alimentación en Guatemala, han llamado la atención nacional e internacional sobre la situación de hambre y desnutrición existente en Guatemala. Demandan declarar el Derecho a la Alimentación como prioridad nacional. Además, advierten que deben detenerse la violencia y las amenazas en contra de líderes sociales, comunitarios, indígenas, campesinos  y sindicales, y reforzar la protección efectiva de las defensoras y los defensores de derechos humanos.

El informe de la misión fue entregado el día 8 de marzo en Ginebra al Relator Especial del derecho a la alimentación de Naciones Unidas, Olivier De Schutter, y será presentado en Guatemala el día 9 de marzo, en un foro co-convocado con la Comisión Presidencial de Derechos Humanos de Guatemala (COPREDEH). Entre las principales recomendaciones del informe al Estado de Guatemala, se destacan:

  • Declarar la promoción y protección del derecho a la alimentación una prioridad nacional, garantizando su consecuente y coherente aplicación en todas las políticas y actuaciones del Estado que tengan un impacto sobre la situación alimentaria a nivel del hogar, la comunidad, el municipio, el departamento o la nación. 
  • Declarar una moratoria a los desalojos forzosos, mientras que no exista una legislación y procedimientos administrativos coherentes con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en materia del derecho a la alimentación y vivienda, y elaborar, en coordinación con organismos internacionales de derechos humanos y la sociedad civil, directrices legales y administrativas para la aplicación y protección de los derechos humanos en el marco de conflictos agrarios.
  • Detener la expansión de la producción de agrocombustibles, dando prioridad a la producción sostenible de alimentos y a la superación de la crisis alimentaria mediante el fomento de la agricultura y de la economía campesina e indígena.
  • Revisar la Ley de Minería a partir del pleno reconocimiento del Convenio 169 de la OIT y de los resultados de las consultas comunitarias, considerando la prohibición del uso de cianuro en la minería, garantizando el derecho a la alimentación y al agua, previniendo procesos de desertificación y de deterioro ambiental, y asegurando una justa distribución de las ganancias.
  • Considerando que hay una deuda histórica con las mujeres, es necesario que todas las políticas públicas y programas incorporen efectivamente la dimensión de género y los derechos igualitarios de las mujeres, con énfasis en las mujeres campesinas, indígenas y las madres en situación de vulnerabilidad social.
  • Que las políticas y programas sociales que impulsa el gobierno sean más equitativos y democráticos, y que se conformen a los principios de derechos humanos de la participación, transparencia, no discriminación y rendición de cuentas, evitando su instrumentalización con fines políticos.
  • Tomar medidas para asegurar la efectiva protección de los defensores y las defensoras de derechos humanos e institucionalizar la Instancia de Análisis de Ataques contra Defensores de Derechos Humanos.
  • Detener y prevenir cualquier actuación conducente a la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos y activistas del movimiento campesino, indígena y sindical.
  • Que las denuncias relativas a violaciones de los derechos humanos sean eficaz y rápidamente investigadas y asumidas con responsabilidad con el fin de poner término a la impunidad, aun en situaciones en que exista interferencia de intereses económicos y políticos.

El informe fue elaborado por una amplia coalición de organizaciones internacionales: la Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación (FIAN), el movimiento internacional La Vía Campesina, la red europea Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (CIFCA), la Coalición de Agencias Católicas para el Desarrollo (CIDSE), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), incluido el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT), y la Asociación de las Agencias de Desarrollo ligadas al Concejo Mundial de Iglesias (APRODEV).

La misión internacional compuesta por estas redes visitó Guatemala por invitación de varias redes y organizaciones guatemaltecas: el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Coordinadora Nacional Indígena Campesina (CONIC), la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), la Pastoral de la Tierra Interdiocesana, la Plataforma Agraria, el Centro Internacional de Investigaciones de Derechos Humanos (CIIDH), la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP), la Red de Soberanía Alimentaria (REDSAG), la Campaña "Guatemala sin Hambre", ActionAid Guatemala, la Mesa Nacional Alimentaria, la Fundación Guillermo Toriello, el Centro de Acción Legal y Derechos Humanos (CALDH), el Comité de Derechos Humanos de Guatemala y la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA).

El informe completo es accesible en: 

Para ver el informe sobre Guatemala presentado por el Relator Especial del derecho a alimentación de Naciones Unidas al Consejo de Derechos Humanos por favor consultar: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A.HRC.13.33.Add.4_sp.pdf

Además, la compilación de los casos tratados por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) en 2008 y 2009, que incluye informaciones de seguimiento obtenidas hasta finales de 2009 / principios de 2010, se encuentra disponible en los enlaces siguientes: http://www.omct.org/pdf/Observatory/2009/OBS_casos_08-09_Guatemala.pdf y http://www.fidh.org/IMG/pdf/OBS-Casos-Guatemala.pdf.

 

Grupo(s) de Trabajo: 
Enfoque temático: 
País: