Declaración de Guararema
El Grupo de Trabajo de Movimientos Sociales y de Movimientos de Base de la Red de Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Red Desc) reunidos en la Escuela Nacional Florestan Fernandes, en Guararema, São Paulo, Brasil, en un taller para aprendizaje mutuo sobre derechos humanos y la realización de la tercera vista solidaria, con representaciones de 11 países, se reunió para debatir temas relacionados a la tierra, el territorio y los recursos naturales.
Después de realizar visitas de solidaridad a Tailandia y Kenia y ante la situación de vulnerabilidad a que están sometidos los pueblos campesinos, indígenas y de afro-descendentes en el mundo, dada la falta de acceso a los derechos humanos, económicos sociales, culturales y ambientales, surgió la necesidad de realizar este taller de aprendizaje mutuo sobre derechos humanos y tercera vista solidaria. Durante seis días intercambiamos experiencias, estrategias y debatimos estos temas.
A través de talleres teóricos discutimos las posibles estrategias e instrumentos nacionales e internacionales que los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos pueden utilizar para garantizar el derecho a la ciudadanía de las personas. También verificamos cómo se torna efectivo el acceso a los derechos humanos en la realidad concreta, a través de visitas solidarias al Asentamiento del MST en el municipio de Itapeva (SP) y al "Campamento Herederos de la Lucha de Porecatu", localizado en el municipio de Porecatu (PR).
En estas visitas a campo fuimos testigos de cómo los movimientos sociales son capaces de fomentar el acceso a derechos básicos que proporcionan una vida digna a hombres y mujeres que históricamente fueron marginalizados por el actual sistema político, social y económico. Verificamos cómo el pueblo campesino pudo conquistar algunos de sus derechos en forma directa a través de movilizaciones sociales de base (campamentos de los sin tierra) o ejerciendo presión sobre organismos estatales nacionales (creación de asentamientos) y contando con la colaboración de organizaciones internacionales.
Percibimos que las acciones sociales de ocupación de tierras, como comprobado en Porecatu, además de ser legítimas y legales, pueden proporcionar una vida digna a los ocupantes, como por ejemplo en el Asentamiento de Itapeva, contribuyendo así al establecimiento del estado democrático de derecho.
Nos llevamos una impresión muy positiva de la acción popular organizada del MST que permite que las comunidades marginalizadas tengan acceso a los derechos humanos que están garantizados en la constitución del Brasil. Éste es un deber de los Estados, que frecuentemente no es efectivazo con plenitud.
Al mismo tiempo, nos llamó la atención cómo los grupos económicos y políticos, violando la constitución brasileña, establecen un sistema de exclusión social que imposibilita el acceso a derechos básicos. Este sistema garantiza la ilegal e injusta concentración de las tierras, ya que en Brasil 1% de los propietarios posee cerca del 50% de las tierras cultivables. Ejemplos de tales abusos también pudieron ser constatados en al caso del grupo Atalla, en cuyas haciendas en Porecatu se descubrió la manutención de trabajo esclavo para el corte de la caña de azúcar.
En las visitas al campamento y al asentamiento del MST verificamos una producción sostenible que respeta los recursos naturales al mismo tiempo hace viable la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Vimos como es posible producir energía de forma sostenible a través de biodigestores integrados en la cadena agroecológica de producción. Por otro lado, vimos como el agronegocio agresivamente destruye el medio ambiente y los recursos naturales, como por ejemplo a través de la deforestación abusiva llevada a cabo en Porecatu para implementar el monocultivo de la caña de azúcar.
Nos consterna la criminalización y la represión que los acampados y asentados sufren por el hecho de luchar por sus derechos básicos.
Los ejemplos vistos no son situaciones específicas o puntuales. Tal como pudimos constatar, se trata de desafíos globales que son enfrentados por los hombres y las mujeres campesinos, indígenas y afro-descendientes organizados. Estas luchas representan la esperanza real de construir un modelo de desarrollo alternativo centrado en el bienestar de todos los individuos y en la sostenibilidad del planeta para el bien de las futuras generaciones.
Estamos convencidos que la mera existencia y las acciones de los movimientos sociales son fundamentales para la promoción de la dignidad de todos y que los gobiernos deberían apoyar tanto la organización como el objetivo de sus luchas.
Sentenciamos que el actual modelo de agronegocio no puede ni debe continuar desarrollándose, ya que éste no genera otra cosa que no sea exclusión social y pobreza.
Así siendo, exigimos:
* Apremiar la realización de la reforma agraria en todo el Brasil y especialmente la creación del asentamiento "Herederos de la Lucha del Pueblo de Porecatu" (PR);
* El castigo de todos los responsables por el mantenimiento de trabajo esclavo en Brasil, así como la reparación plena de los trabajadores rescatados, especialmente los de Porecatu (PR);
* Priorizar la agricultura campesina y agroecológica como modelo de desarrollo en el campo, de forma de contraponerse y superar el agronegocio y la concentración injusta de la tierra que éste genera;
* Que el gobierno brasileño respete los derechos de los pueblos dentro y fuera del territorio nacional, especialmente en el caso de grandes proyectos como el IIRSA Centro;
* Que el Gobierno brasileño desarrolle programas efectivos para la protección de los defensores de los derechos humanos y que no lleve a cabo ni sea connivente con acciones de criminalización de los movimientos sociales;
* Que todos los gobiernos del mundo, incluyendo el brasileño, ratifiquen el Protocolo Facultativo de PIDESC;
* Garantizar el acceso democrático a la tierra como un derecho fundamental, que una vez realizado posibilitará la vida digna de todos.
* Que los gobiernos del mundo garanticen la agrobiodiversidad como derecho humano, las semillas como patrimonio del pueblo, impidiendo proyectos de privatización de la vida, como sucede en el desarrollo de las tecnologías de semillas transgénicas.