Jurado Especial Considera al caso de Eduardo Anghinoni
El dia 27 de julio se celebrará el primer juicio, a través de un tribunal del jurado, en el que podría resultar condenado por homicídio, por primera vez em la historia, el presunto pistolero de una milícia ruralista en el estado de Paraná, al sur de Brasil. El asesinato de Eduardo Anghinoni tuvo lugar em 1999 y esta relacionado con la actuación de milicias armadas, financiadas por hacendados y políticos locales, cuyo objetivo era desalojar, amenazar, torturar y asesinar a trabajadores rurales sin tierra
Eduardo Anghinoni fue asesinado cuando visitaba a su hermano, Celso, uno de los principales lideres del MST. En el proceso penal que se llevó a cabo por dicho asesinato se demostró que el crimen fue cometido por encargo y que el principal objetivo era el líder del MST, de tal modo que Eduardo habría sido asesinado por error. Asimismo un examen de balísitca pudo comprobar que del arma del acusado, Jair Firmino Borracha, salíó el tiro que mató a Eduardo. Varias argúcias utilizadas en la tramitación del proceso judicial ha retrasado 13 años la celebración del juicio.
No obstante, aunque el acusado resulte condenado por homicídio el mandante del crimen saldrá impune pues durante las investigaciones policiales no se recogieron elementos probatorios suficientes que pudieran demostrar quien encargó el asesinato.
Para las organizaciones y movimientos sociales que siguen este caso, la muerte de Eduardo Anghinoni no es um caso aislado, pues estaria relacionada con las persecuciones contra el MST en Paraná, siendo este asesinato resultado de la espiral de violencias e ilegalidades que tienen lugar en el campo brasileño. Las organizaciones brasileñas consideran que los asesinatos cometidos en los conflictos ambientales y por la tierra estan respaldados por la impunidad de los crímenes, ya que no son esclarecidos ni condenados los responsables, como es el caso de Eduardo Anghinoni.
La impunidad en el campo en Brasil
La cultura de violencia e impunidad, es una realidad crónica en todo el pais que sólo podrá terminar cuando se juzguen los hechos y se condenen a los asesinos y a sus mandantes, pasando por el compromiso por parte del Estado em la implementación de políticas públicas.
De este modo, en el estado de Paraná, entre 1995 y 2002, se produjeron 16 asesinatos de trabajadores sin tierra, 49 amenazas de muerte y 325 heridos, en 134 acciones de desalojo[1]. En esos años, el Estado no daba una respuesta contundente a los crímenes, de tal manera que hasta la propia policía militar participó en desalojos ilegales e incluso alguno de los crímenes cometidos fue perpetrado por policías.
Otro elemento clave del asesinato de Eduardo Anghinoni es la asociación de hacendados y políticos locales en asociaciones como la Unión Democrática Ruralista(UDR) que llegaría a ser demandada por pistoleros ante las autoridades judiciales laborales para reclamar derechos de trabajo,. Si bien los jueces consideraron improcedentes tales demandas ya que la formación de milícias privadas es una actividad ilegal que no puede generar relación laboral. Sin embargo, tales jueces se limitaron a desestimar el caso, en lugar de pasarlo a otras instancias judiciales para establecer la responsabildad de la UDR en la comisión del delito de formación de banda armada[2].
Además de formar milícias privadas, también era práctica habitual contratar empresas de seguridad para intimidar a los trabajadores rurales, tales empresas incurrían en otros delitos; así una de ellas esta siendo investigada por estar involucrada en trafico internacional de armas, junto a un comandante de la policia militar, el mayor Neves, quien ya fue condenado a 18 años de prisión por tráfico internacional de armas, drogas y formación de banda armada.
Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades nacionales tres casos de violência contra trabajadores sin tierra, llegaron a la Organización de Estados Americanos(OEA). De este modo, em uno de ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió uma sentencia condenatoria al Estado brasileño por no haber investigado la realización de pinchazos telefônicos a una cooperativa de trabajadores rurales. Asimismo, otra de las condenas sería por el asesinato del trabajador Sétimo Garibaldi. Por último, el caso de asesinato del trabajador Sebastião Camargo Filho, en 1998, fue admitido por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y deberá ser sometido a la Corte Internacional. En este caso el principal sospechososo del asesinato es el ex-presidente de la UDR, Marcos Prochet.