Respuesta enviada por la Secretaría de la Red-DESC al Artículo de The Economist
29 de marzo de 2007
Ref: Defienda sus derechos, 22 de marzo de 2007.
De nuestra consideración:
Amnistía Internacional ha elegido la mejor manera de defender los derechos civiles y políticos. Al ampliar su mandato, Amnistía no siguió una “moda intelectual”, sino que reconoció que las violaciones de los derechos económicos y sociales básicos suelen ser la causa de raíz de graves violaciones de los derechos civiles y políticos.
Su crítica se basa en conceptos equivocados, y no reconoce la evolución legal y política de los derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial.
Usted se pregunta: “¿Acaso el acceso al empleo, a la vivienda, a la salud y a la alimentación no son también derechos básicos?” La respuesta es sí, conforme al amplio consenso dentro de la comunidad internacional, por lo menos desde 1948, cuando los derechos económicos y sociales, junto con los derechos civiles y políticos, fueron reconocidos mundialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) ha sido ratificado por aproximadamente el 80% de los países del mundo, y todos los sistemas regionales de derechos humanos, así como varias constituciones nacionales, reconocen los derechos económicos y sociales.
Por otro lado, nosotros nos preguntamos: ¿qué es más universal que la necesidad humana de comer o beber agua potable? La distinción entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales es una falacia; ignora la complejidad de la vida humana y el hecho de que ambas categorías de derechos son esenciales para una vida digna y en libertad.
Tribunales nacionales e internacionales se ocupan con cada vez más frecuencia de reclamos relacionados con los derechos sociales y económicos, clarificando el contenido y el alcance de las obligaciones estatales. Cuando un gobierno no garantiza el acceso a la asistencia de salud primaria o priva a los niños del acceso a la educación, las víctimas, el perpetrador y el remedio quedan “muy claras”.
Finalmente, la historia ha demostrado con creces que el reconocimiento de los derechos civiles y políticos no es suficiente para garantizar los derechos económicos básicos. En los EEUU, 37 millones de personas viven bajo la línea de pobreza. Julieta Rossi Directora, Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Ref: Defienda sus derechos, 22 de marzo de 2007.
De nuestra consideración:
Amnistía Internacional ha elegido la mejor manera de defender los derechos civiles y políticos. Al ampliar su mandato, Amnistía no siguió una “moda intelectual”, sino que reconoció que las violaciones de los derechos económicos y sociales básicos suelen ser la causa de raíz de graves violaciones de los derechos civiles y políticos.
Su crítica se basa en conceptos equivocados, y no reconoce la evolución legal y política de los derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial.
Usted se pregunta: “¿Acaso el acceso al empleo, a la vivienda, a la salud y a la alimentación no son también derechos básicos?” La respuesta es sí, conforme al amplio consenso dentro de la comunidad internacional, por lo menos desde 1948, cuando los derechos económicos y sociales, junto con los derechos civiles y políticos, fueron reconocidos mundialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) ha sido ratificado por aproximadamente el 80% de los países del mundo, y todos los sistemas regionales de derechos humanos, así como varias constituciones nacionales, reconocen los derechos económicos y sociales.
Por otro lado, nosotros nos preguntamos: ¿qué es más universal que la necesidad humana de comer o beber agua potable? La distinción entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales es una falacia; ignora la complejidad de la vida humana y el hecho de que ambas categorías de derechos son esenciales para una vida digna y en libertad.
Tribunales nacionales e internacionales se ocupan con cada vez más frecuencia de reclamos relacionados con los derechos sociales y económicos, clarificando el contenido y el alcance de las obligaciones estatales. Cuando un gobierno no garantiza el acceso a la asistencia de salud primaria o priva a los niños del acceso a la educación, las víctimas, el perpetrador y el remedio quedan “muy claras”.
Finalmente, la historia ha demostrado con creces que el reconocimiento de los derechos civiles y políticos no es suficiente para garantizar los derechos económicos básicos. En los EEUU, 37 millones de personas viven bajo la línea de pobreza. Julieta Rossi Directora, Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
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