22 de mayo de 2009: Declaración Conjunta dirigida a los Gobiernos sobre la Crisis Alimentaría Mundial

El evento indudablemente ha sido fundamental para asegurar que el Consejo de Derechos Humanos y el Sistema de Derechos Humanos de la ONU en general den atención al debate. Es crucial que se promueva el reconocimiento de y la responsabilidad por las violaciones masivas del derecho a la alimentación adecuada que están a raíz de la crisis actual. Es fundamental integrar la relevancia de la coherencia de políticas nacionales e internacionales, y la plena observancia del derecho internacional de derechos humanos y de sus principios en la discusión internacional en preparación de la Conferencia de Alto Nivel que se realizará en Roma, del 3 al 5 de Junio sobre Seguridad Alimentaría, Bioenergía a Cambio Climático.

Movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil han alertado a los Estados y las organizaciones intergubernamentales repetidamente en relación al impacto negativo sobre la realización del derecho a la alimentación, de otros derechos humanos como también sobre la seguridad alimentaría y nutricional nacional que han tenido aquellas políticas internacionales orientadas hacia la reducción de la capacidad de los gobiernos a regular sus políticas nacionales agroalimentarias, socavando de esta manera la Soberanía Alimentaría.

A diferencia del análisis presentado por la Fuerza Tarea creada por las Naciones Unidas para responder a la crisis alimentaría mundial, reconocemos que la crisis actual se enraíza profundamente en décadas de políticas internacionales que han fallado a crear y mantener un ambiente facilitador para que los Estados respeten, protejan y garanticen el derecho humano a la alimentación de sus habitantes. Estas políticas han casi completamente ignorado la necesidad de facilitar el acceso a los recursos productivos para los pobres rurales, han llevado a una reducción de inversiones en el sector rural, en particular para la agricultura tradicional y campesina diversificada, y han deregulado el comercio internacional agrícola. Todo ello ha sido implementado bajo la orientación de las instituciones de Bretton Woods (FMI y Banco Mundial) y mas recientemente de la OMC.

Se requiere en este momento de acciones internacionales para garantizar el derecho a la alimentación de las poblaciones más vulnerables que han sido las más afectadas de la crisis. Sin embargo, no deben limitarse a la asistencia alimentaría y redes de seguridad alimentarías y programas de ingreso mínimo establecidos desde un enfoque de derechos. Las acciones urgentes también deben incluir medidas que garantices protección inmediata contra los factores que agravan la crisis, tal como megaproyectos de desarrollo que conllevan el desalojo de poblaciones tradicionales y campesinas sin compensación adecuada, la demanda creciente por la producción de agrocombustibles a partir de las cuotas establecidas  por la UE y EEUU, y la especulación en el mercado financiero.

El mundo no necesita más de la misma medicina. Alertamos la opinión pública a nivel internacional sobre el posible impacto negativo de algunas de las propuestas de la Fuerza Tarea de la ONU para el mediano y largo plazo, tal como la promoción de la agricultura  intensiva en capital en África en el marco de “nueva revolución verde“, o la mayor velocidad para el proceso de desregulación comercial con la conclusión de la Ronda de Doha. Si estas recomendaciones se pusieran en práctica, significaría que se siguiera implementando más de las mismas políticas que han sido parte significativa de las causas estructurales de la crisis presente, y del cambio climático acelerado. La Evaluación Internacional de Conocimiento, Ciencia y Tecnología Agrícola para el Desarrollo (IAASTD por sus siglas en inglés) elaborado por 400 científicos y adoptado por 60 países en abril del 2008, confirma nuestras preocupaciones y llama a parar la promoción y expansión del modelo agrocomercial.

La crisis demuestra que el mercado global dominante no garantizará ni la seguridad alimentaría ni el derecho a la alimentación. Movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil han reclamado un sistema de producción alimentaría que se base en los principios de la soberanía alimentaría y los derechos humanos, con especial atención al derecho a la alimentación adecuada, a la participación y al acceso a los recursos productivos como la tierra, agua, semillas y otros. Varios gobiernos latinoamericanos y del Caribe se adhirieron a este llamado, en la Declaración de Managua de la Cumbre Presidencial sobre Soberanía Alimentaría, celebrada en Managua el 7 de Mayo.

En preparación de los próximos eventos, urgimos a los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales a:

1. Asegurar que cualquier mecanismo que se cree para enfrentar la actual emergencia alimentaría, cuente con la participación de representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos y del Relator Especial de la ONU para el Derecho Humano a la Alimentación. Asimismo debe contar con una fuerte representación de movimientos sociales que representen la población más afectada por la violación de estos derechos, en especial el derecho a la alimentación adecuada, y de otras organizaciones de la sociedad civil que cooperen con estos sectores.
2. Asegurar que la promoción y protección del derecho humano a la alimentación será el centro de todos los esfuerzos internacionales para superar la crisis alimentaría mundial, reconociendo que las violaciones del derecho a la alimentación son la raíz de la misma, por lo que tienen que ser enfrentadas y superadas.
3. Tomar los pasos necesarios para adoptar de manera inmediata el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
4. Acordar en el seno del Consejo de Derechos Humanos como en la Conferencia de Alto Nivel de la FAO estrategias nacionales e internacionales que reconozcan e implementen explícitamente el Derecho Humano a la Alimentación, como obligación vinculante de la gran mayoría de los países miembros de la ONU.
5. Afirmar el principio del “do no harm” para toda política internacional relacionada con la situación de seguridad alimentaría de comunidades o países: cualquier política que genere hambre debe ser parada.
6. Imponer un moratorio inmediato a la expansión de la agricultura basada en el agro negocio.
7. Considerar e implementar las Directrices del Derecho a la Alimentación Adecuada aprobadas por el Consejo del la FAO en 2004, y de los Principios básicos y directrices sobre desalojos y reubicaciones causados por proyectos de desarrollo” (A/HRC/4/18) del Relator Especial sobre la Vivienda Adecuada.
8. Solicitar a la Corte Internacional de Justicia a emitir una opinión sobre cuál tipo de políticas internacionales viola el derecho a la alimentación y los derechos humanos en general y a definir una serie de criterios para asegurar que políticas internacionales, por ejemplo en los campos de comercio, finanzas, cooperación al desarrollo no violen tratados de derechos humanos, con especial atención al derecho a una alimentación adecuada.
9. Solicitar al Consejo de Derechos Humanos a tomar las medidas necesarias para investigar la responsabilidad de actores estatales y no-estatales en situaciones específicas que han conducido a agravar la crisis alimentaría, tal como la especulación, retención de alimentos etc, con el fin de adoptar las medidas necesarias para revertir cualquier irregularidad.
10. Solicitar al Consejo de Derechos Humanos a investigar el tema de los derechos campesinos que ya fue mencionado por el anterior Relator Especial del Derecho a la Alimentación. Recomendamos que se mándate al Consejo Consultivo de redactar un primer estudio para identificar mejor las necesidades para derechos específicos de campesinos como uno de los grupos más vulnerables a violaciones de derechos humanos y del derecho a la alimentación, como también para identificar los vacíos en la protección de estos derechos y para elaborar propuestas concretas para llenar estos vacíos.
11. Tomar medidas inmediatas para apoyar gobiernos nacionales en su obligación de garantizar que víctimas de hambre aguda y crónica sean asistidas y apoyadas en su esfuerzos de sobre vivencia y de recuperar su capacidad de producción o de adquirir la alimentación o los medios para alimentarse en dignidad. Esto debe ser definitivamente la prioridad número uno a los niveles internacional y nacional, con la destinación adecuada de fondos.
12. Garantizar la participación plena de movimientos sociales y de representantes de la sociedad civil en la conferencia de Junio en Roma, permitiendo sus intervenciones orales durante todo el evento a como ha sido la práctica de la FAO en los años recientes.

Como resultados concretos de estos eventos, los Estados:

1. Reafirman su compromiso a cumplir sus obligaciones asumidas con la Declaración Universal de DDHH y el derecho internacional de Derechos Humanos, tomando acciones urgentes para imponer regularizaciones al actual proceso de expansión de la liberalización agrocomercial, para respetar, proteger y garantizar los derechos de la gente, considerando especialmente la promoción del derecho a alimentarse, incluyendo el acceso a recursos productivos dentro del marco de la soberanía alimentaría.
2. Asegurar la coherencia de todas las políticas nacionales e internacionales relacionadas con la alimentación con las obligaciones derivadas del derecho a la alimentación. En especial, las políticas sobre agricultura y pesca, sobre comercio e inversiones, y sobre desarrollo y energía, deben contribuir a promover y nunca socavar la realización plena del derecho a la alimentación adecuada. Imponer un moratorio inmediato a las metas de la producción de agrocombustibles, para evitar una mayor agudización de la crisis actual de hambre. Toda política de desarrollo debe estar orientada a la promoción de los derechos humanos.
3. Definir la promoción y protección del derecho humano a la alimentación como uno de los Objetivos Estratégicos de la FAO, en el contexto del actual proceso de reforma.
4. Implementar medidas de apoyo a las campesinas y campesinos y la producción sostenible, agroecológicamente diversificada de alimentos a nivel global.
5. Garantizar que el debate sobre soluciones al cambio climático sea conducido en un proceso participativo a todos los niveles, y que las soluciones seleccionadas consideren el principio de la precaución y la necesidad de incluir de manera efectiva los sectores más excluidos y empobrecidos.
6. Asegurar que las reservas internacionales de alimentos sean garantizadas en base a las necesidades esperadas, y no dependan del precio en el mercado.