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Jueves, Abril 16, 2026

El anuncio de Nayib Bukele de reactivar la explotación minera en El Salvador marca un giro que profundiza los patrones de daño ambiental, despojo y violencia, y ha encendido alarmas entre comunidades y personas defensoras del ambiente. En este contexto, el proyecto de producción agroecológica de MUFRAS-32, en San Isidro, fue atacado e incendiado de manera deliberada, destruyendo infraestructura, cultivos y sistemas de riego que habían sostenido el trabajo comunitario durante décadas. Activistas locales señalan este ataque como parte de un escenario de creciente presión vinculado a intereses gubernamentales en reactivar operaciones mineras en la región.

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Movilizaciones masivas contra la reactivación de la minería en El Salvador tuvieron lugar en enero de 2025 (izquierda). Foto: Víctor Peña, El Faro. Destrucción del proyecto de producción agroecológica causada por ataques incendiarios en San Isidro, Cabañas, El Salvador, el 26 de febrero de 2026 (derecha). Foto: MUFRAS-32.
Movilizaciones masivas contra la reactivación de la minería en El Salvador tuvieron lugar en enero de 2025 (izquierda). Foto: Víctor Peña, El Faro. Destrucción del proyecto de producción agroecológica causada por ataques incendiarios en San Isidro, Cabañas, El Salvador, el 26 de febrero de 2026 (derecha). Foto: MUFRAS-32.

En la madrugada del 26 de febrero de 2026, el proyecto de producción agroecológica de nuestra organización miembro, el Movimiento Unificado Francisco Sánchez-1932 (MUFRAS-32), en San Isidro, Cabañas, fue atacado e incendiado de manera intencional. El incendio destruyó infraestructura productiva, cultivos y sistemas de riego que habían sostenido el trabajo de la comunidad durante décadas.

Desde la Red-DESC, expresamos nuestra profunda preocupación y plena solidaridad con MUFRAS-32 y las comunidades de San Isidro frente a este ataque violento. Según la información compartida por la organización, personas no identificadas prendieron fuego de forma intencional a una finca agroecológica gestionada por la comunidad, causando graves daños materiales y colectivos.

Durante más de 25 años, este proyecto ha representado una alternativa comunitaria frente a los modelos extractivistas, promoviendo la agroecología, la soberanía alimentaria, la protección ambiental y la organización de base. Ha generado empleo local, brindado formación técnica a mujeres rurales y jóvenes, protegido la biodiversidad y garantizado el acceso al agua para comunidades cercanas. Más allá de su función productiva, el proyecto encarna una visión política colectiva basada en el cuidado, la autonomía y la defensa del territorio.

Este ataque no puede entenderse como un hecho aislado. El departamento de Cabañas ha sido históricamente un territorio de disputa entre comunidades que defienden sus territorios e intereses extractivos, particularmente en relación con la minería metálica. Durante años, organizaciones como MUFRAS-32 han rechazado proyectos mineros debido a sus impactos nocivos sobre las fuentes de agua, los ecosistemas y los medios de vida rurales.

El ataque ocurre además en un contexto político cambiante. El anuncio realizado en agosto de 2025 por Nayib Bukele de reactivar la minería en El Salvador ha generado profundas preocupaciones entre comunidades y personas defensoras ambientales. Estos procesos han estado acompañados de un aumento en los riesgos de intimidación, violencia y desplazamiento forzado. En este contexto, integrantes de MUFRAS-32, incluyendo a las personas defensoras ambientales Zenayda Serrano y Héctor Berríos, se han visto forzados al exilio tras enfrentar persecución vinculada a su oposición a proyectos extractivos.

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Zenayda Serrano y Héctor Berríos, integrantes de MUFRAS-32, se vieron forzados al exilio en España, donde se convirtieron en las primeras personas defensoras ambientales salvadoreñas en recibir asilo en ese país, tras se perseguidos por oponerse a la reactivación de la minería metálica impulsada por el gobierno de Bukele.

Las preocupaciones sobre este ataque también han sido expresadas a nivel internacional. Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, señaló el 15 de abril haber recibido información alarmante sobre el incendio provocado e instó a las autoridades salvadoreñas a llevar a cabo una investigación exhaustiva que garantice que este crimen no quede en la impunidad.

Las preocupaciones sobre este ataque también han sido expresadas a nivel internacional. Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, señaló el 15 de abril haber recibido información alarmante sobre el incendio provocado e instó a las autoridades salvadoreñas a llevar a cabo una investigación exhaustiva que garantice que este crimen no quede en la impunidad.Este caso refleja un patrón más amplio de criminalización, hostigamiento y represión contra personas defensoras del ambiente en El Salvador. Las comunidades que se organizan para proteger sus territorios y proponer modelos alternativos de desarrollo enfrentan cada vez más violencia, vigilancia y el cierre de los espacios cívicos.

La destrucción de este proyecto agroecológico constituye un ataque directo al ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, incluidos los derechos a la alimentación, al trabajo, al agua y a un ambiente sano.

Hacemos un llamado al Estado salvadoreño a:

  • Realizar de manera inmediata una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre el ataque y garantizar que las personas responsables sean llevadas ante la justicia.
  • Garantizar que las y los integrantes de MUFRAS-32 puedan denunciar estos hechos y acceder a la justicia de forma segura y sin temor a represalias.
  • Adoptar medidas de protección efectivas para las personas defensoras del territorio y del ambiente en Cabañas y en todo el país.

Como caso emblemático, este ataque evidencia la urgencia de abordar los impactos en derechos humanos de los modelos extractivos y de garantizar la protección de quienes defienden la vida, el agua y el territorio.

Reafirmamos nuestra plena solidaridad con MUFRAS-32 y las comunidades de San Isidro, que continúan defendiendo sus territorios y construyendo futuros alternativos basados en la justicia ambiental.