Ambos líderes fueron detenidos el 23 de abril de 2025 por participar en protestas pacíficas durante el Paro Nacional Indefinido de octubre de 2023, convocado por autoridades indígenas en defensa de los resultados electorales, el orden constitucional y la autonomía de los pueblos originarios. Hoy enfrentan cargos desproporcionados como sedición, terrorismo y asociación ilícita, presentados por el Ministerio Público.
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El derecho penal no puede ser un arma de persecución política
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su alarma en un comunicado del 23 de mayo de 2025, señalando que estas detenciones forman parte de patrones documentados de instrumentalización del derecho penal con fines políticos. La CIDH recordó que Guatemala debe abstenerse de criminalizar a quienes defienden los derechos humanos, especialmente autoridades indígenas que ejercen su derecho a la protesta y la participación política.
La criminalización de estas autoridades no solo vulnera derechos individuales, sino que representa un ataque estructural contra los sistemas propios de organización y autogobierno de los pueblos indígenas.
Demandas urgentes al Estado de Guatemala
En nuestra carta, exhortamos al Estado a:
Liberar de manera inmediata e incondicional a Luis Pacheco y Héctor Chaclán.
Anular las órdenes de captura vinculadas al ejercicio pacífico de los derechos colectivos.
Cesar el uso indebido del derecho penal para intimidar a defensores y defensoras de derechos humanos.
Reconocer y garantizar el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y su participación en la vida política.
Cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros tratados.
Una oportunidad para defender la democracia y el pluralismo jurídico
Celebramos que el presidente Arévalo haya reconocido públicamente el carácter persecutorio de estas órdenes. Sin embargo, las declaraciones deben traducirse en acciones inmediatas que aseguren justicia, reparación y garantías de no repetición. Criminalizar la protesta y a los pueblos indígenas es una amenaza directa contra la democracia y la justicia intercultural.
Desde La Red-DESC exigimos el fin de la persecución contra autoridades indígenas y el respeto pleno a sus derechos colectivos.
La Red-DESC (Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales) está conformada por más de 300 movimientos sociales, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en más de 80 países.
